La edición dominical de El Espectador, de un golpe de vista, nos enfrentó a la cruel realidad de los asesinatos de 442 colombianos que, por encima de diferencias, se jugaron el pellejo por sus comunidades para lograr mejores vidas para todos. Como respuesta solo recibieron un balazo cobarde.
Uno de cada tres de esta lista era miembro de la Junta de Acción Comunal (JAC) de su vereda, escenario de vida de su comunidad. Otra cuarta parte pertenecía a asociaciones y organizaciones de comunidades indígenas y afrocolombianas. Es decir, el pecado de dos de cada tres víctimas fue haber defendido los intereses de los suyos, de personas humildes y dignas que no han contado con un Estado que los apoye, dejándolos en manos de poderes inmisericordes que los encadenaron a la causa principal de nuestra violencia, no solo la rural, el negocio de las drogas y, en los últimos años, de la minería criminal del oro. El nombre de la tragedia nacional es corrupción y narcotráfico, esparcidos en el cuerpo de la sociedad.
El Acuerdo de Paz de La Habana, con su indudable significado e importancia, adoleció sin embargo de dos vacíos fundamentales. El primero, no haber sido concebido, promovido y trabajado como un gran acuerdo nacional sobre lo fundamental; muchos lo reclamaron. Por ello, la clara voluntad de paz de la mayoría de los colombianos, expresada en reiteradas encuestas, nunca se articuló con la negociación, no se la apropió.
El segundo vacío fue generado por el afán de firmarlo con tiempo de alcanzar el Premio Nobel presidencial; para ello se minimizó el papel crucial del narcotráfico en el conflicto colombiano y el grado en que este había infiltrado a sus actores —obvio en el caso de los paramilitares; disimulado o simplemente minimizado o negado en el caso de las Farc (“solo cobrábamos el gramaje”); confuso en agentes del Estado, con su complicidad o negligencia—. Muchos rabos de paja juntos que imponían como principio negociador: “hagámonos pasito”.
El resultado es lo que el país y esas comunidades en especial están viviendo: la disparada de los narcocultivos, gracias a que el Estado no se preparó para ocupar los espacios territoriales y sociales que evacuaban unas Farc que allí habían actuado como un para-Estado, vacío de inmediato llenado por una criminalidad de todo pelaje unida en torno a un común interés, los negocios de la droga y de la minería criminal. Y en medio del torbellino y las balas, unas comunidades que resisten los embates del ciclón y ponen los muertos, esperando que el Estado finalmente llegue no con el propósito de la simple “erradicación de cultivos” lleno de promesas y fracasos, en medio de la frustración y el sufrimiento campesino.
Fracasos producto del inmediatismo y la falta de realismo de las políticas; con calma no se ha empezado la tarea de analizar con técnicos y comunidades a qué pueden estas dedicarse, qué pueden hacer en medio de la lejanía y el abandono en que han vivido, para transformar verdaderamente su realidad y posibilidades, dejando de lado el sempiterno maquillaje de las soluciones prefabricadas que se cae con la primera cosecha fallida o no vendida, quedando en pie no vagas promesas, solo las realidades concretas del narcocultivo, refrendadas por amenazas de muerte.
La frustración y la desconfianza campesinas ante la improvisada política estatal son contestadas con otra amenaza, esta vez oficial, la de las fumigaciones y la represión, una acción estatal, esta sí, concreta y de aplicación inmediata. El Estado lo único que ha logrado es servirle a la criminalidad, en bandeja de plata, la continuidad de su negocio, con rentabilidad y seguridad garantizadas, pues para eso están los campesinos en el triste papel de trompo de poner en una guerra sin sentido, rebosante de sangre y de injusticia, que ya se ha llevado por delante a estos 422 líderes de sus comunidades.
La edición dominical de El Espectador, de un golpe de vista, nos enfrentó a la cruel realidad de los asesinatos de 442 colombianos que, por encima de diferencias, se jugaron el pellejo por sus comunidades para lograr mejores vidas para todos. Como respuesta solo recibieron un balazo cobarde.
Uno de cada tres de esta lista era miembro de la Junta de Acción Comunal (JAC) de su vereda, escenario de vida de su comunidad. Otra cuarta parte pertenecía a asociaciones y organizaciones de comunidades indígenas y afrocolombianas. Es decir, el pecado de dos de cada tres víctimas fue haber defendido los intereses de los suyos, de personas humildes y dignas que no han contado con un Estado que los apoye, dejándolos en manos de poderes inmisericordes que los encadenaron a la causa principal de nuestra violencia, no solo la rural, el negocio de las drogas y, en los últimos años, de la minería criminal del oro. El nombre de la tragedia nacional es corrupción y narcotráfico, esparcidos en el cuerpo de la sociedad.
El Acuerdo de Paz de La Habana, con su indudable significado e importancia, adoleció sin embargo de dos vacíos fundamentales. El primero, no haber sido concebido, promovido y trabajado como un gran acuerdo nacional sobre lo fundamental; muchos lo reclamaron. Por ello, la clara voluntad de paz de la mayoría de los colombianos, expresada en reiteradas encuestas, nunca se articuló con la negociación, no se la apropió.
El segundo vacío fue generado por el afán de firmarlo con tiempo de alcanzar el Premio Nobel presidencial; para ello se minimizó el papel crucial del narcotráfico en el conflicto colombiano y el grado en que este había infiltrado a sus actores —obvio en el caso de los paramilitares; disimulado o simplemente minimizado o negado en el caso de las Farc (“solo cobrábamos el gramaje”); confuso en agentes del Estado, con su complicidad o negligencia—. Muchos rabos de paja juntos que imponían como principio negociador: “hagámonos pasito”.
El resultado es lo que el país y esas comunidades en especial están viviendo: la disparada de los narcocultivos, gracias a que el Estado no se preparó para ocupar los espacios territoriales y sociales que evacuaban unas Farc que allí habían actuado como un para-Estado, vacío de inmediato llenado por una criminalidad de todo pelaje unida en torno a un común interés, los negocios de la droga y de la minería criminal. Y en medio del torbellino y las balas, unas comunidades que resisten los embates del ciclón y ponen los muertos, esperando que el Estado finalmente llegue no con el propósito de la simple “erradicación de cultivos” lleno de promesas y fracasos, en medio de la frustración y el sufrimiento campesino.
Fracasos producto del inmediatismo y la falta de realismo de las políticas; con calma no se ha empezado la tarea de analizar con técnicos y comunidades a qué pueden estas dedicarse, qué pueden hacer en medio de la lejanía y el abandono en que han vivido, para transformar verdaderamente su realidad y posibilidades, dejando de lado el sempiterno maquillaje de las soluciones prefabricadas que se cae con la primera cosecha fallida o no vendida, quedando en pie no vagas promesas, solo las realidades concretas del narcocultivo, refrendadas por amenazas de muerte.
La frustración y la desconfianza campesinas ante la improvisada política estatal son contestadas con otra amenaza, esta vez oficial, la de las fumigaciones y la represión, una acción estatal, esta sí, concreta y de aplicación inmediata. El Estado lo único que ha logrado es servirle a la criminalidad, en bandeja de plata, la continuidad de su negocio, con rentabilidad y seguridad garantizadas, pues para eso están los campesinos en el triste papel de trompo de poner en una guerra sin sentido, rebosante de sangre y de injusticia, que ya se ha llevado por delante a estos 422 líderes de sus comunidades.