Vender Isagen: un mal negocio

Nuestra empoderada tecnocracia ni aprende ni cede.

A pesar de toda el agua que ha pasado en los últimos treinta años bajo los puentes de las economías, la colombiana y la mundial, a pesar de los hechos tozudos y definitivos ocurridos en el mundo real, siguen considerando que la acción estatal en ese ámbito es siempre nociva. Que solo la iniciativa, los proyectos y los capitales privados sirven y generan desarrollo y prosperidad. Que los bienes públicos se deben vender a los particulares, crecientemente extranjeros, para que asuman la tarea patriótica de administrarlos. Ahora ,la historia pretende repetirse con Isagen. Una venta innecesaria e inconveniente a un inversionista internacional (¿chileno?) o nacional (¿Sarmiento Angulo?).

Isagen es una empresa eficiente y rentable en términos económicos y estratégicos para el Estado, el sector productivo nacional y las regiones del país. Ni está mal administrada ni le drena recursos a las finanza pública. Argumento con el que casi fenece en 1999, cuando el gobierno Pastrana pretendió venderla junto con Isa. Como Senador realicé un debate en la Comisión Quinta para demostrar la inconveniencia de semejante decisión. Presenté simultáneamente una acción de coadyuvancia a la Acción Popular presentada por el sindicato de Isagén para solicitarle a la Corte Constitucional medida cautelar de suspensión del proceso de venta. Se logró detener la venta.

Ahora el gobierno Santos plantea venderla toda, dizque para invertir los recursos en infraestructura vial. Una inversión por lo demás necesaria, pero que no debe hacerse a costa de Isagen.

Isagén no es solo una empresa pública bien administrada y económicamente rentable sino que en términos de las obligaciones propias de un Estado social y democrático como el colombiano, cumple la tarea fundamental e indelegable de ser la reguladora en última instancia del precio para la venta en bloque de energía a sus distribuidores. El Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la ejecución de los proyectos establecidos en el Plan de Expansión Eléctrico, que no adelanten inversionistas privados.

En Colombia el Estado tiene la doble responsabilidad de ser, en última instancia, regulador de la tarifa y generador de la generación eléctrica, para asegurar la prestación ininterrumpida del servicio y protegerlo tanto de los riesgos de un mercado no regulado como de los fenómenos climáticos. El gobierno ha asumido con éxito esas tareas indelegables a través de Isagén.

La propuesta de financiar con la venta de Isagén el histórico retraso del país en infraestructura vial, poniendo en riesgo la estabilidad y equidad en la prestación del servicio público de la energía, sería una mala e injustificada decisión basada en los prejuicios ideológicos de una tecnocracia que no aprende de la realidad. Tecnocracia que en vez de plantearle a la inversión privada el reto de ejecutar nuevos proyectos, le entrega cómodamente una empresa buena y eficiente que es de todos los colombianos. La Corte Constitucional debe estar atenta. En el pasado fue clara en que con esa venta, al igual que ahora, se ponía en riesgo el interés general.