Deforestación: ¿cuál es la alternativa?

En entrevista con este diario, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, señaló que la deforestación y la ganadería son los principales responsables en Colombia de la emisión de los gases efecto invernadero y que si queremos cumplir los compromisos de reducción de emisiones estos son los dos sectores claves. Enfrentar estos fenómenos no es sencillo y tener el diagnóstico acertado no significa tener la solución.

Modificar una dinámica tan compleja como la deforestación, que como bien lo señala la ministra es un problema de Estado, implica múltiples aristas y los gobiernos con sus políticas, inversión de recursos, legislación y prácticas institucionales históricamente han favorecido la consolidación de una cultura nacional que ve en la deforestación y la ganadería extensiva una herramienta para apropiar riqueza y concentrar poder.

Múltiples factores explican los fracasos en los intentos de frenar la deforestación y la ganadería extensiva. Hay especulación predial y gobiernos locales que entran en el negocio, campesinos sin tierra, legislación que favorece la apropiación de espacios deforestados y narcotráfico con incentivos para internar en las selvas los cultivos declarados como ilícitos. Para complejizar aún más el tema, el Acuerdo de Paz (2016) aseguró invertir en las zonas PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) y hasta la fecha, aun cuando se ha avanzado de manera insuficiente, las principales demandas de las comunidades son inversiones similares a las que tradicionalmente se han hecho para titular y regularizar la propiedad, convirtiendo las selvas en praderas para ganadería extensiva; como consecuencia, la deforestación avanza en zonas PDET.

La ministra presentó una estrategia que tiene cinco frentes. Primero, inclusión de la población que está en esas regiones dentro del Estado social de derecho y generar una economía compatible con la vocación forestal basada en biodiversidad, impulsando ecoturismo, sistemas agroforestales y restauración ecológica. Segundo, la paz total para que los actores armados ilegales disminuyan su presión deforestadora. Tercero, justicia y profundización en investigaciones criminales asociadas a la deforestación para generar procesos ejemplarizantes. Cuarto, control territorial usando la fuerza pública. Y quinto, fortalecimiento institucional con capacidad de apoyar la gestión sostenible en los territorios. La estrategia es articulada y sólida, falta ver cómo se implementa y qué resultados arroja.

Propongo, sin pretender poseer la “bola de cristal” para solucionar tan complejo problema, realizar declaraciones y acciones que como señales de política pública pueden contribuir a modificar la cultura de la deforestación y apoyar la implementación de la estrategia planteada por la ministra. Lo primero sería anunciar públicamente que el Gobierno no hará nuevas sustracciones de zonas de reserva forestal para conceder títulos de propiedad individuales. Que en las zonas PDET se adelantarán procesos de titulación y concesión de derechos de uso, condicionados a la conservación de parte del área en bosque natural. Que se acordará el pago a los campesinos por servicios ambientales para asegurar la gestión de conservación adelantada por ellos. Por el contrario, que quien no conserve será expropiado. Es necesario utilizar el seguimiento a la tala y quema que hoy adelanta el IDEAM para frenar la deforestación antes de la época de quemas y buscar a los inversionistas para que sean ellos y no el campesino quienes paguen por el delito de financiar la deforestación. Pero no basta con declaraciones. Lo anunciado, en términos de recompensas y sanciones, tiene que ser cumplido para que cambien el comportamiento y la cultura de los actores. Estas acciones pueden contribuir a orientar el proceso en la dirección propuesta, pero la tarea no es fácil.