Prioridades para pasar del discurso a la práctica

Mi columna anterior, “Ambiente y fractura política”, generó reacciones extremas. Mientras para algunos es un análisis complejo y oportuno, para otros es un escrito irresponsable e irrespetuoso. Estas últimas reacciones surgen asociadas a mis referencias al fracking, tema que distrae de otros asuntos de gestión ambiental de mayor relevancia, pues el país debe tomar medidas urgentes de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Estas involucran a jóvenes, empresarios, gobiernos y ciudadanos en general.

La diversidad de opiniones explícitas es imprescindible para encontrar las rutas a seguir en temas urgentes. Uno de ellos es la deforestación y la pérdida de biodiversidad en la Amazonia, el Pacífico y remanentes de ecosistemas naturales en los Andes. Los dos primeros son de gran importancia, pues contribuyen a la regulación del clima global y a la hidrología regional y local. Ejemplo, el agua de Chingaza, que abastece a Bogotá y todos los municipios cercanos (cerca del 25 % de la población del país), depende del ciclo hidrológico de la Amazonia, y este depende de su cobertura boscosa, que está siendo transformada en potreros para ganadería extensiva a una tasa acelerada. Tanto el agua para consumo humano e industrial como los precios de la finca raíz en Bogotá y sus alrededores dependen de la conservación del bosque amazónico, que hoy es la zona donde se concentra la deforestación en Colombia.

Otro importante regulador para la producción de alimentos son los bosques protectores de las cuencas andinas, donde los procesos de ordenamiento territorial se han mostrado ineficientes. Hoy, ni campesinos, ni terratenientes, ni usuarios de acueductos hemos apropiado esta gestión, que es de gran urgencia. La protección de las riberas de ríos, quebradas y nacimientos de agua sigue siendo parte de esa legislación no aplicada, que usamos como referente ético y no como ley de obligatorio cumplimiento. Esto genera insostenibilidad en los territorios y aumenta la vulnerabilidad del productor campesino, induciéndolo a pasar de cultivador a pequeño ganadero, afectando sus ingresos y la seguridad alimentaria del país.

Otro tema grueso es la transición energética, donde el fracking es solo un elemento. Para hacer la transición se requiere un pacto de Estado por la sostenibilidad, que incluya la participación activa de todos los actores sociales. La prioridad es la gestión de territorios sostenibles y el desarrollo sostenible del país: se requiere la articulación de los actores sociales en torno a una nueva forma de gestionar la producción y el consumo, donde —entre otras cosas— se ajuste la matriz de generación y consumo de energía.

Dado que los gobiernos anteriores no lo hicieron, el Gobierno actual tiene la gran responsabilidad de liderar la gestión de una nueva matriz energética. Simultáneamente, debe poner en marcha una estrategia para generar ingresos para el fisco nacional, que aseguren la sustitución gradual de los recursos hoy captados por la extracción de petróleo y carbón. Esto exige impulsar la diversificación de la economía en el marco del cumplimiento de compromisos internacionales y la nueva dinámica internacional que su cumplimiento genera.

Volviendo al tema de la columna anterior: ¡que viva la diversidad dentro del ambientalismo, no la división, a la hora de hacer un solo frente ante lo urgente!