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Puesto en la situación de llevar a cabo una reforma fiscal o afrontar un incumplimiento de pagos, pocos esperarían que un gobierno como el de Colombia, históricamente cumplido en sus obligaciones, pensara en reestructurar su deuda, una posibilidad que luego de escuchar al ministro de Hacienda no se puede descartar. Sin superar la pandemia, muchos países, y no solo el nuestro, ante la ausencia de solidaridad internacional, se han visto frente a ese dilema.
Es tal la situación a nivel mundial que el gobierno de Estados Unidos, además de plantear una subida de impuestos a las sociedades, por primera vez propone cobrar un impuesto mínimo global a las multinacionales que no tributan, dejando la carga a las empresas, ciudadanos y, finalmente, a los gobiernos nacionales. Una propuesta que está siendo observada por el G20 de quien se espera pronto asumirá una decisión. Esta propuesta, desde el punto de vista de la redistribución, es una forma de solidaridad.
A los gobiernos les ha llegado la hora de pasar de la contención de la pandemia, etapa en que aún nos encontramos en Colombia, a promover la recuperación, para lo que necesitan recursos. Como he reiterado desde esta columna, la globalización, que ha traído de la mano el periodo de crecimiento de la economía más notable de la historia, al llevar los beneficios de la especialización a niveles antes no pensados, también ha propiciado desigualdad y un periodo de vacas flacas para Estados y gobiernos nacionales que vieron disminuir sus ingresos mientras sus compromisos y obligaciones se mantuvieron o, las más de las veces, crecieron.
En nuestro país, como en otros de similar o inferior nivel de desarrollo, las cosas han empeorado. El ministro de Hacienda, con abrumadora y tajante claridad, ha dado una inusual señal de alarma al afirmar: “Estamos muy cercanos a tener la situación muy latinoamericana de convertirnos en un país que tiene dificultades en el servicio de su deuda pública”, añadiendo que “el país tiene caja “para unas seis o siete semanas, aproximadamente”, dejando ver, la necesidad inminente de una reforma fiscal que tranquilice a prestamistas y acreedores.
Las circunstancias se refieren al nivel actual de ingresos y gastos, hasta un déficit de casi 80 billones de pesos, y al cumplimiento de las obligaciones contraídas y por contraer. Prestamistas, inversionistas y calificadoras de riesgo esperan una señal, en ausencia de una respuesta global que considere la situación de los países de ingreso medio para suspender o dejar de cobrarles intereses, por al menos un periodo considerable de tiempo, para el pago de sus acreencias, como lo ha propuesto el mismo FMI.
Independientemente de consideraciones políticas debemos reconocer que el gobierno colombiano ha respondido a los efectos económicos de la crisis usando casi todas las herramientas a su alcance. Programas de ayuda a los más pobres y financiación de empleos formales, así como el inicio de múltiples obras de infraestructura. Lo que convenía, a un inmenso costo.
Digo casi, porque no se ha considerado a fondo un préstamo excepcional del Banco de la República- para no abandonar la ortodoxia-, y, por otra parte, los trabajadores informales, casi un 50% y un piñón fundamental de nuestra economía, han debido sobrevivir a la situación y a los necesarios cierres por su exclusiva cuenta. Pero el Estado, que ya venía endeudado y duplicó su deuda en gobiernos anteriores, debió seguirlo haciendo. Ahora debemos mostrar que podremos pagar y de ello se trata la reforma fiscal.
Aun en esas circunstancias el FMI ha ajustado al alza, nuevamente, las perspectivas de crecimiento de la economía mundial en 2021 hasta un 6.0 y también las de Colombia, hasta un 5.1%, advirtiendo que recuperación y posibilidad de acceso a las vacunas van de la mano. La otra variable importante considerada se refiere a los planes de estímulo desde los diferentes gobiernos, en los que Estados Unidos lidera la intervención al programar uno muy ambicioso, poco más del doble del proyectado en la Unión Europea. Al orden del día invertir, gastar, dinamizar, para sustituir la reducción de la demanda ocasionada por la pandemia, como lo ha hecho Colombia.
Con unas perspectivas, digamos, optimistas para la economía, parece irracional que Colombia, y muchos países como el nuestro, se encuentren, literalmente, contra la pared. Mientras se madura una indispensable reestructuración de la deuda pública global, inversionistas y calificadoras de riesgo deben considerar que una moratoria desvalorizará sus inversiones produciendo un daño generalizado.
No sé si el ministro se refería, con su advertencia, a la eventual declaración de una moratoria por parte del actual gobierno o a la reacción que generará una subida de impuestos en un año electoral al favorecer un discurso de corte populista y lo que este, una vez en el poder, haría para “garantizar” la deuda. Las dos perspectivas son, para todos, incluidos los inversionistas, complicadas.