Colombia necesita un acuerdo nacional urgente por la justicia
Lo que ha sucedido con el caso de Jesús Santrich nos recuerda que el caos que vive nuestra justicia exige reformas inmediatas, no a través de aventuras constituyentes, sino mediante un gran acuerdo nacional en el cual todos los sectores (Gobierno, partidos políticos, cortes y sociedad civil) seamos conscientes de que los problemas que afronta nos afectan a todos los ciudadanos por igual y nos someten a situaciones insostenibles:
En primer lugar, es evidente la falta de coordinación entre las jurisdicciones superpuestas que existen en Colombia. En este caso, frente al mismo tema y en solo dos días actuaron la JEP, el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía, un juez de control de garantías y a éstos se sumarán en los próximos días otros jueces nacionales e internacionales en virtud de recursos, tutelas y habeas corpus.
En segundo lugar, la falta de respeto por las jerarquías judiciales. La decisión de la JEP y el Tribunal Superior de Bogotá de ordenar la libertad de Santrich fue reversada para cumplir una orden de un juez de control de garantías, que en Colombia tiene el menor rango en la Rama Judicial y está muy por debajo del Tribunal.
En tercer lugar, la inseguridad jurídica de las decisiones judiciales. La decisión de la JEP sobre Santrich va a ser revisada como mínimo en otras cuatro ocasiones: falta el trámite de un recurso de apelación, luego una tutela interpuesta por cualquiera de las partes que tendrá dos instancias y terminará en la Corte Constitucional, donde además se puede interponer una nulidad frente al fallo. En conclusión, a este tema le falta por lo menos un año más de trámite mientras el país se revienta por la polarización.
El cuarto punto es el caos en la elección de los máximos funcionarios de la justicia. La renuncia del fiscal ocasionada por la decisión de Santrich generará meses de interinidad en la Fiscalía que revivirán lo sucedido en el 2009, cuando la elección del nuevo fiscal duró casi dos años. Ese año la demora en los nombramientos de nuevos magistrados y la devolución de las primeras ternas prolongaron la situación por meses. Actualmente sucede algo peor. Para elegir fiscal se necesitan al menos 16 votos y en la Corte hay solo 17 magistrados nombrados, por lo cual la elección tendría que ser practicamente unánime, lo que es imposible.
Lo cierto es que se está dando un caos institucional lamentable. Si se encuentra que Santrich participó en una operación de narcotráfico, éste debe ser extraditado inmediatamente, pero no es lógico que la justicia de un mismo país genere tantos bandazos. Esta telaraña deja a Colombia ante la comunidad internacional como una república bananera. Lamentablemente este no es un caso aislado. En Colombia las víctimas deben esperar décadas para ser indemnizadas, los presos deambulan de un lado al otro ante la falta de seguridad jurídica, la imagen de la justicia es mala y los partidos políticos sufren de una crisis de legitimidad, lo cual al final está haciendo crecer un populismo viral que está carcomiendo nuestra sociedad. Es el momento de que todos los sectores busquen un acuerdo nacional por la justicia, orientado a solucionar sus problemas pensando en los ciudadanos y no en coyunturas políticas.
También le puede interesar: ¿De fiscal a candidato?: Néstor Humberto Martínez y su activismo por un pacto nacional
Lo que ha sucedido con el caso de Jesús Santrich nos recuerda que el caos que vive nuestra justicia exige reformas inmediatas, no a través de aventuras constituyentes, sino mediante un gran acuerdo nacional en el cual todos los sectores (Gobierno, partidos políticos, cortes y sociedad civil) seamos conscientes de que los problemas que afronta nos afectan a todos los ciudadanos por igual y nos someten a situaciones insostenibles:
En primer lugar, es evidente la falta de coordinación entre las jurisdicciones superpuestas que existen en Colombia. En este caso, frente al mismo tema y en solo dos días actuaron la JEP, el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía, un juez de control de garantías y a éstos se sumarán en los próximos días otros jueces nacionales e internacionales en virtud de recursos, tutelas y habeas corpus.
En segundo lugar, la falta de respeto por las jerarquías judiciales. La decisión de la JEP y el Tribunal Superior de Bogotá de ordenar la libertad de Santrich fue reversada para cumplir una orden de un juez de control de garantías, que en Colombia tiene el menor rango en la Rama Judicial y está muy por debajo del Tribunal.
En tercer lugar, la inseguridad jurídica de las decisiones judiciales. La decisión de la JEP sobre Santrich va a ser revisada como mínimo en otras cuatro ocasiones: falta el trámite de un recurso de apelación, luego una tutela interpuesta por cualquiera de las partes que tendrá dos instancias y terminará en la Corte Constitucional, donde además se puede interponer una nulidad frente al fallo. En conclusión, a este tema le falta por lo menos un año más de trámite mientras el país se revienta por la polarización.
El cuarto punto es el caos en la elección de los máximos funcionarios de la justicia. La renuncia del fiscal ocasionada por la decisión de Santrich generará meses de interinidad en la Fiscalía que revivirán lo sucedido en el 2009, cuando la elección del nuevo fiscal duró casi dos años. Ese año la demora en los nombramientos de nuevos magistrados y la devolución de las primeras ternas prolongaron la situación por meses. Actualmente sucede algo peor. Para elegir fiscal se necesitan al menos 16 votos y en la Corte hay solo 17 magistrados nombrados, por lo cual la elección tendría que ser practicamente unánime, lo que es imposible.
Lo cierto es que se está dando un caos institucional lamentable. Si se encuentra que Santrich participó en una operación de narcotráfico, éste debe ser extraditado inmediatamente, pero no es lógico que la justicia de un mismo país genere tantos bandazos. Esta telaraña deja a Colombia ante la comunidad internacional como una república bananera. Lamentablemente este no es un caso aislado. En Colombia las víctimas deben esperar décadas para ser indemnizadas, los presos deambulan de un lado al otro ante la falta de seguridad jurídica, la imagen de la justicia es mala y los partidos políticos sufren de una crisis de legitimidad, lo cual al final está haciendo crecer un populismo viral que está carcomiendo nuestra sociedad. Es el momento de que todos los sectores busquen un acuerdo nacional por la justicia, orientado a solucionar sus problemas pensando en los ciudadanos y no en coyunturas políticas.
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