En buena hora, el Gobierno Nacional le dio cristiana sepultura al desarrollo de otro puerto sobre el Pacífico, embeleco que iba a atentar contra el medioambiente chocoano, y todo por hacerles competencia a Buenaventura y Tumaco con un tinte regionalista que no medía las nefastas consecuencias para esta zona de nuestra geografía.
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En buena hora, el Gobierno Nacional le dio cristiana sepultura al desarrollo de otro puerto sobre el Pacífico, embeleco que iba a atentar contra el medioambiente chocoano, y todo por hacerles competencia a Buenaventura y Tumaco con un tinte regionalista que no medía las nefastas consecuencias para esta zona de nuestra geografía.
El frustrado puerto de Tribugá, en el municipio del mismo nombre, quiso ser una alternativa, sobre todo, al “bello puerto del mar”, con un criterio muy colombiano: en lugar de arreglar lo que no está funcionando bien, hagamos algo nuevo así sea donde no se pueda ni se deba.
Y eso exactamente era lo que podría haber sucedido, con un daño medioambiental imperdonable, una billonaria inversión y, lo más seguro, una quiebra total en un momento en el que el Estado no tiene recursos. Sin duda habría sido otro de los tantos elefantes blancos que nunca se terminan.
Pero, además, ¿qué hubiera pasado con el ecosistema en ese lugar? La mano depredadora del hombre habría causado un daño irreparable en este santuario casi que único en el mundo, en donde ni la generación de empleo, ni el mejoramiento de la calidad de vida de los lugareños, ni el mal llamado “progreso” habrían compensado la innecesaria debacle que finalmente se suspendió.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se puso los pantalones y, a pesar de las presiones políticas y los infaltables intereses económicos que siempre merodean proyectos como este, dijo no sin que exista la posibilidad del pataleo y demás artimañas para hacer devolver las decisiones.
En efecto, “Por no cumplir con el requisito relacionado con la garantía de seriedad del ofrecimiento”, la ANI, máxima autoridad nacional en la materia, declaró el “desistimiento tácito de la solicitud de concesión portuaria”.
Los ambientalistas, académicos y artistas están de plácemes con esta decisión, comentó Catalina Ortiz, representante vallecaucana del Partido Verde, una de las principales oponentes a semejante estropicio.