Hemos visto que no siempre los mejores aspirantes llegan al Congreso, salvando a los pequeños grupos de gente buena que debe hacer grandes esfuerzos para ocupar una curul. ¿Cómo puede ser así objetiva una corporación mayoritariamente definida por intereses turbios, no siempre congruentes con el espíritu de la separación de las ramas del poder?
En el caso del procurador, por ejemplo, se establece una terna enviada por el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y finalmente el Senado elige. ¿Por qué deben intervenir allí el Ejecutivo y el Legislativo? Porque la Carta Política del país lo establece así. Pero, mirando las cosas críticamente, ¿esto no resulta pernicioso en esencia? ¿No pudiera ocurrir que el primer mandatario piense más en una especie de “ficha” que en un hombre probo, ajeno al tejemaneje de componendas y presiones?
En la designación del fiscal general de la Nación, la Corte Suprema de Justicia decide sobre la base de una terna enviada por el presidente. ¿Por qué ha de ser así? Justo en la elección del actual fiscal no podemos ser tan ingenuos como para pensar que no fue concluyente el cargo de Néstor Humberto Martínez Neira como ministro de la Presidencia, plaza creada por Santos, además de pesar en su favor la presencia y la actuación suyas en grandes litigios atendidos por su firma de abogados. Sin cuestionar su nombre ni su idoneidad, ¿no había acaso tres personas ternables entre miles de ciudadanos calificados para el cargo, sin crear suspicacias?
Por doquier aparecen entuertos como para preocupar a don Quijote y su escudero Sancho Panza. Recordemos, por ejemplo, la condena de “15 años de prisión” (El País, 11 de marzo de 2011) que cayó sobre un exdirector seccional de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, hermano de Fabio, ministro del Interior y de Justicia de entonces. Se le acusó de graves delitos relativos a la protección que el funcionario otorgó a personajes vinculados con el mundo delincuencial. Pero su hermano nada que se retiraba del Ministerio, lo cual mide, fuera de las dimensiones de la corrupción, el cuero duro que acompaña a muchos personajillos que desconocen tranquilamente la necesidad de renunciar cuando toca, en vez de atornillarse en el cargo, con obvia aquiescencia del presidente.
Expresamos estas consideraciones porque a ello dan lugar varios hechos recientes, entre los cuales se destaca el caso del fiscal Anticorrupción: ¡el ratón cuidando el queso! Y en el mismo sentido nos topamos con denuncias como la de Daniel Coronell acerca de la danza burocrática en Ecopetrol. Según el destacado periodista, hay en los dominios de Juan Carlos Echeverry una generosa nómina que no se explica únicamente por las condiciones intelectuales de los agraciados.
Corolario. ¿Por qué no extender la carrera judicial a las altas cortes? ¿Por qué frenar este mandato constitucional en los tribunales? Es posible que estemos desaprovechando como magistrados a muchos juristas impolutos que no han podido llegar a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Constitucional o al Consejo de Estado. Tengo algunos en la punta de la lengua.
*Sociólogo de la Universidad Nacional.
Hemos visto que no siempre los mejores aspirantes llegan al Congreso, salvando a los pequeños grupos de gente buena que debe hacer grandes esfuerzos para ocupar una curul. ¿Cómo puede ser así objetiva una corporación mayoritariamente definida por intereses turbios, no siempre congruentes con el espíritu de la separación de las ramas del poder?
En el caso del procurador, por ejemplo, se establece una terna enviada por el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y finalmente el Senado elige. ¿Por qué deben intervenir allí el Ejecutivo y el Legislativo? Porque la Carta Política del país lo establece así. Pero, mirando las cosas críticamente, ¿esto no resulta pernicioso en esencia? ¿No pudiera ocurrir que el primer mandatario piense más en una especie de “ficha” que en un hombre probo, ajeno al tejemaneje de componendas y presiones?
En la designación del fiscal general de la Nación, la Corte Suprema de Justicia decide sobre la base de una terna enviada por el presidente. ¿Por qué ha de ser así? Justo en la elección del actual fiscal no podemos ser tan ingenuos como para pensar que no fue concluyente el cargo de Néstor Humberto Martínez Neira como ministro de la Presidencia, plaza creada por Santos, además de pesar en su favor la presencia y la actuación suyas en grandes litigios atendidos por su firma de abogados. Sin cuestionar su nombre ni su idoneidad, ¿no había acaso tres personas ternables entre miles de ciudadanos calificados para el cargo, sin crear suspicacias?
Por doquier aparecen entuertos como para preocupar a don Quijote y su escudero Sancho Panza. Recordemos, por ejemplo, la condena de “15 años de prisión” (El País, 11 de marzo de 2011) que cayó sobre un exdirector seccional de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, hermano de Fabio, ministro del Interior y de Justicia de entonces. Se le acusó de graves delitos relativos a la protección que el funcionario otorgó a personajes vinculados con el mundo delincuencial. Pero su hermano nada que se retiraba del Ministerio, lo cual mide, fuera de las dimensiones de la corrupción, el cuero duro que acompaña a muchos personajillos que desconocen tranquilamente la necesidad de renunciar cuando toca, en vez de atornillarse en el cargo, con obvia aquiescencia del presidente.
Expresamos estas consideraciones porque a ello dan lugar varios hechos recientes, entre los cuales se destaca el caso del fiscal Anticorrupción: ¡el ratón cuidando el queso! Y en el mismo sentido nos topamos con denuncias como la de Daniel Coronell acerca de la danza burocrática en Ecopetrol. Según el destacado periodista, hay en los dominios de Juan Carlos Echeverry una generosa nómina que no se explica únicamente por las condiciones intelectuales de los agraciados.
Corolario. ¿Por qué no extender la carrera judicial a las altas cortes? ¿Por qué frenar este mandato constitucional en los tribunales? Es posible que estemos desaprovechando como magistrados a muchos juristas impolutos que no han podido llegar a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Constitucional o al Consejo de Estado. Tengo algunos en la punta de la lengua.
*Sociólogo de la Universidad Nacional.