El 7 de febrero de 2007, la Corte Constitucional terminó con el apartheid legal contra las parejas del mismo sexo al reconocerles la protección constitucional de las parejas del mismo sexo y extender la protección patrimonial bajo las mismas condiciones que las parejas heterosexuales.
Una amiga me escribió un mensaje pasadas las 6 de la tarde de aquel día: “Sólo puedo decirte que puedes alegrarte”. La sala plena de la Corte había terminado y parecía confirmarse el rumor de una decisión favorable. De hecho, El Espectador había tenido acceso a la ponencia que había sido la portada del domingo anterior. Esa noche, se puso fin a una de las peores injusticias contra gays y lesbianas de las que tengamos noticias.
Antes de aquel miércoles de febrero, las parejas del mismo sexo no tenían ningún reconocimiento legal ni derecho alguno. Si alguno de los dos moría o se separaban, quien no tenía los bienes a su nombre sufría toda clase de abusos de la familia de su compañero o de su propio compañero. Tampoco podía afiliar a su compañero al sistema de salud como beneficiario porque no se les consideraba como parte del núcleo familiar. No podía heredar la pensión de sobreviviente de su compañero a pesar de que había cotizado toda la vida. Ningún derecho ni ninguna obligación. Era un régimen jurídico cruel que negaba cualquier reconocimiento de la realidad y de la dignidad.
Los argumentos con los cuales se negaban los derechos son más o menos los mismos que se usan ahora. Los más conservadores clamaban por la defensa de la “familia heterosexual” y, en el fondo, lo que más les preocupaba era que se abriera la posibilidad de la adopción. Los conservadores vergonzantes decían que debía ser el Congreso quien decidiera un asunto sensible en materia moral. Tanto los unos como los otros fueron derrotados por la fuerza de la evidencia. En aquel entonces, como ahora, el Congreso no había aprobado una legislación que protegiera a las parejas del mismo sexo. De hecho, un proyecto de ley de protección mínima para las parejas del mismo sexo, que fue tramitado por el Congreso, fue hundido en una trampa durante la conciliación de los textos, el 19 de junio de 2007. El Congreso nunca ha reconocido los derechos de las parejas del mismo sexo y ha tenido casi veinte oportunidades para hacerlo. Por el contrario, el Congreso es un escenario de homofobia y persecución, como vimos con el vergonzoso trámite del referendo contra la adopción de parejas del mismo sexo en el Senado.
En aquel entonces, la situación de las parejas del mismo sexo era aún más grave porque la Corte tenía un precedente conservador en esta materia. El camino estaba judicialmente cerrado y políticamente bloqueado. La clave para encontrar la solución a este laberinto de interpretaciones fue el trabajo creativo y serio de la organización Colombia Diversa y el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes. Los activistas y académicos encontraron un piso común en el cual reabrir la cuestión: la dignidad humana.
Si todos somos dignos, todos debemos ser igualmente dignos y merecemos la misma protección del Estado. Esta premisa común fue la base de una demanda de inconstitucionalidad, con la cual magistrados liberales y conservadores construyeron un consenso para avanzar en la protección de las parejas del mismo sexo. Como sabemos, la igualdad no se logró instantáneamente porque las decisiones judiciales fueron paso a paso. En todo caso, fue un camino lento pero seguro a la igualdad plena que hoy tenemos.
Diez años después, no ocurrió ningún apocalipsis. El país no se “homosexualizó”, como gritan algunos. De hecho, la familia y los niños siguen teniendo los mismos problemas de pobreza y violencia que antes. Ninguna de las tragedias anunciadas por los homofóbicos - de antes y de siempre - se cumplieron. Lo que tenemos después de una década es un país más democrático y feliz, donde ninguno sufre una injusticia originada en la ley por elegir vivir con la persona que ama. A pesar de los problemas de implementación y la resistencia conservadora, son diez años de dignidad frente a décadas de exclusión y humillación. Por eso, debemos seguir adelante para proteger nuestros jóvenes derechos de las amenazas populistas que se ven en el horizonte.
* Investigador del Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia). malbarracin@dejusticia.org @malbarracin
El 7 de febrero de 2007, la Corte Constitucional terminó con el apartheid legal contra las parejas del mismo sexo al reconocerles la protección constitucional de las parejas del mismo sexo y extender la protección patrimonial bajo las mismas condiciones que las parejas heterosexuales.
Una amiga me escribió un mensaje pasadas las 6 de la tarde de aquel día: “Sólo puedo decirte que puedes alegrarte”. La sala plena de la Corte había terminado y parecía confirmarse el rumor de una decisión favorable. De hecho, El Espectador había tenido acceso a la ponencia que había sido la portada del domingo anterior. Esa noche, se puso fin a una de las peores injusticias contra gays y lesbianas de las que tengamos noticias.
Antes de aquel miércoles de febrero, las parejas del mismo sexo no tenían ningún reconocimiento legal ni derecho alguno. Si alguno de los dos moría o se separaban, quien no tenía los bienes a su nombre sufría toda clase de abusos de la familia de su compañero o de su propio compañero. Tampoco podía afiliar a su compañero al sistema de salud como beneficiario porque no se les consideraba como parte del núcleo familiar. No podía heredar la pensión de sobreviviente de su compañero a pesar de que había cotizado toda la vida. Ningún derecho ni ninguna obligación. Era un régimen jurídico cruel que negaba cualquier reconocimiento de la realidad y de la dignidad.
Los argumentos con los cuales se negaban los derechos son más o menos los mismos que se usan ahora. Los más conservadores clamaban por la defensa de la “familia heterosexual” y, en el fondo, lo que más les preocupaba era que se abriera la posibilidad de la adopción. Los conservadores vergonzantes decían que debía ser el Congreso quien decidiera un asunto sensible en materia moral. Tanto los unos como los otros fueron derrotados por la fuerza de la evidencia. En aquel entonces, como ahora, el Congreso no había aprobado una legislación que protegiera a las parejas del mismo sexo. De hecho, un proyecto de ley de protección mínima para las parejas del mismo sexo, que fue tramitado por el Congreso, fue hundido en una trampa durante la conciliación de los textos, el 19 de junio de 2007. El Congreso nunca ha reconocido los derechos de las parejas del mismo sexo y ha tenido casi veinte oportunidades para hacerlo. Por el contrario, el Congreso es un escenario de homofobia y persecución, como vimos con el vergonzoso trámite del referendo contra la adopción de parejas del mismo sexo en el Senado.
En aquel entonces, la situación de las parejas del mismo sexo era aún más grave porque la Corte tenía un precedente conservador en esta materia. El camino estaba judicialmente cerrado y políticamente bloqueado. La clave para encontrar la solución a este laberinto de interpretaciones fue el trabajo creativo y serio de la organización Colombia Diversa y el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes. Los activistas y académicos encontraron un piso común en el cual reabrir la cuestión: la dignidad humana.
Si todos somos dignos, todos debemos ser igualmente dignos y merecemos la misma protección del Estado. Esta premisa común fue la base de una demanda de inconstitucionalidad, con la cual magistrados liberales y conservadores construyeron un consenso para avanzar en la protección de las parejas del mismo sexo. Como sabemos, la igualdad no se logró instantáneamente porque las decisiones judiciales fueron paso a paso. En todo caso, fue un camino lento pero seguro a la igualdad plena que hoy tenemos.
Diez años después, no ocurrió ningún apocalipsis. El país no se “homosexualizó”, como gritan algunos. De hecho, la familia y los niños siguen teniendo los mismos problemas de pobreza y violencia que antes. Ninguna de las tragedias anunciadas por los homofóbicos - de antes y de siempre - se cumplieron. Lo que tenemos después de una década es un país más democrático y feliz, donde ninguno sufre una injusticia originada en la ley por elegir vivir con la persona que ama. A pesar de los problemas de implementación y la resistencia conservadora, son diez años de dignidad frente a décadas de exclusión y humillación. Por eso, debemos seguir adelante para proteger nuestros jóvenes derechos de las amenazas populistas que se ven en el horizonte.
* Investigador del Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia). malbarracin@dejusticia.org @malbarracin