El domingo pasado, la policía de Canadá despejó a la fuerza el puente que conecta la provincia canadiense de Ontario con el estado de Michigan. Dicho puente transporta a diario el 25 % del valor de todo el comercio de bienes entre EE. UU. y Canadá, alrededor de US$360 millones en carga. Tras el despeje, la policía canadiense explicó que seguirá actuando en la zona de la protesta y que no tolerará la más mínima “actividad ilegal”. Es de resaltar que el 60 % de los canadienses, en una encuesta Ipsos, está en contra de los bloqueos y un 63 % a favor de la actuación decidida de la policía. “Los bloqueos están lastimando nuestra economía y poniendo en peligro la seguridad pública”, dijo el primer ministro Trudeau en una conferencia de prensa.
¿Cuál fue el detonante del “corte de ruta” entre Ontario y Michigan? Se originó en la oposición original a los mandatos de vacunación para los camioneros que crucen de suelo canadiense a Estados Unidos, para luego transformarse en una protesta más amplia contra todas las restricciones relacionadas con el covid-19, el impuesto al carbono y el gobierno socialista de Trudeau en Canadá.
Durante 2021, Colombia fue víctima de “cortes de ruta” indiscriminados. El Centro de Investigación Fedesarrollo estima que el costo de los bloqueos superó los $6 billones. El Gobierno Nacional afirmó que entre el 28 de abril y 9 de junio se registraron 6.663 concentraciones, 2.391 marchas, 3.340 bloqueos y 663 asonadas. El bloquear una vía —donde no existe alternativa alguna de movilización dada la precariedad de la infraestructura vial (y que es el oxígeno del que devengan el sustento centenares de miles de personas)— es un delito, punto. En la encuesta de Yanhaas de enero de 2022, ante la pregunta: “¿Su situación económica y la de su familia se ha visto afectada, en algún momento, por los hechos de violencia en el paro nacional?”, el 55 % de los encuestados respondieron que sí.
Tratar de suavizar el impacto de los bloqueos, como lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es peregrino. Dicho organismo afirma que si bien sí hubo bloqueos que generaron malestar en la ciudadanía, en algunos se registraron “múltiples expresiones pacíficas y culturales protegidas bajo amparo del derecho a la protesta”. Para la CIDH “la calificación oficial genérica de los bloqueos como conductas al margen de la ley puede perder de vista las especificidades de cada corte de vía en particular, así como afectar la posibilidad de alcanzar soluciones negociadas por la vía del diálogo y la mediación”. Los “cortes de ruta” en Colombia los lleva a cabo una minúscula parte de la población (violentos que cuando no portaban armas de fuego, llevaban armas blancas, principalmente machetes), con el apoyo de los cabecillas de los sindicatos de empleados oficiales, autodenominados “Comité Nacional del Paro”, sindicalistas que llevan décadas evitando ser irrelevantes. Lejos de ser “múltiples expresiones pacíficas y culturales protegidas bajo el amparo del derecho a la protesta”, como ladinamente los califica la CIDH, estos “cortes de ruta” con antelación estaban fríamente programados.
Es evidente que tanto en Canadá como en Colombia los “cortes de ruta” tienen mínimo apoyo de la población. Los derechos de las mayorías, sin embargo, ni preocupan ni jamás van a preocupar a la CIDH. Los burócratas judiciales de la CIDH, no obstante, no empacarán maletas para desplazarse a Ottawa porque Canadá, un país serio, no reconoce la jurisdicción de esta comisión.
El domingo pasado, la policía de Canadá despejó a la fuerza el puente que conecta la provincia canadiense de Ontario con el estado de Michigan. Dicho puente transporta a diario el 25 % del valor de todo el comercio de bienes entre EE. UU. y Canadá, alrededor de US$360 millones en carga. Tras el despeje, la policía canadiense explicó que seguirá actuando en la zona de la protesta y que no tolerará la más mínima “actividad ilegal”. Es de resaltar que el 60 % de los canadienses, en una encuesta Ipsos, está en contra de los bloqueos y un 63 % a favor de la actuación decidida de la policía. “Los bloqueos están lastimando nuestra economía y poniendo en peligro la seguridad pública”, dijo el primer ministro Trudeau en una conferencia de prensa.
¿Cuál fue el detonante del “corte de ruta” entre Ontario y Michigan? Se originó en la oposición original a los mandatos de vacunación para los camioneros que crucen de suelo canadiense a Estados Unidos, para luego transformarse en una protesta más amplia contra todas las restricciones relacionadas con el covid-19, el impuesto al carbono y el gobierno socialista de Trudeau en Canadá.
Durante 2021, Colombia fue víctima de “cortes de ruta” indiscriminados. El Centro de Investigación Fedesarrollo estima que el costo de los bloqueos superó los $6 billones. El Gobierno Nacional afirmó que entre el 28 de abril y 9 de junio se registraron 6.663 concentraciones, 2.391 marchas, 3.340 bloqueos y 663 asonadas. El bloquear una vía —donde no existe alternativa alguna de movilización dada la precariedad de la infraestructura vial (y que es el oxígeno del que devengan el sustento centenares de miles de personas)— es un delito, punto. En la encuesta de Yanhaas de enero de 2022, ante la pregunta: “¿Su situación económica y la de su familia se ha visto afectada, en algún momento, por los hechos de violencia en el paro nacional?”, el 55 % de los encuestados respondieron que sí.
Tratar de suavizar el impacto de los bloqueos, como lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es peregrino. Dicho organismo afirma que si bien sí hubo bloqueos que generaron malestar en la ciudadanía, en algunos se registraron “múltiples expresiones pacíficas y culturales protegidas bajo amparo del derecho a la protesta”. Para la CIDH “la calificación oficial genérica de los bloqueos como conductas al margen de la ley puede perder de vista las especificidades de cada corte de vía en particular, así como afectar la posibilidad de alcanzar soluciones negociadas por la vía del diálogo y la mediación”. Los “cortes de ruta” en Colombia los lleva a cabo una minúscula parte de la población (violentos que cuando no portaban armas de fuego, llevaban armas blancas, principalmente machetes), con el apoyo de los cabecillas de los sindicatos de empleados oficiales, autodenominados “Comité Nacional del Paro”, sindicalistas que llevan décadas evitando ser irrelevantes. Lejos de ser “múltiples expresiones pacíficas y culturales protegidas bajo el amparo del derecho a la protesta”, como ladinamente los califica la CIDH, estos “cortes de ruta” con antelación estaban fríamente programados.
Es evidente que tanto en Canadá como en Colombia los “cortes de ruta” tienen mínimo apoyo de la población. Los derechos de las mayorías, sin embargo, ni preocupan ni jamás van a preocupar a la CIDH. Los burócratas judiciales de la CIDH, no obstante, no empacarán maletas para desplazarse a Ottawa porque Canadá, un país serio, no reconoce la jurisdicción de esta comisión.