Parece que el color del gato SÍ les importa
Antes de entrar en materia, no sobra una aclaración: en reciente entrevista, Jairo Miguel Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal de Colombia (SUE), afirmaba que las universidades públicas se resisten al hecho de que los recursos públicos, que tanto necesitan, caigan en manos de las universidades privadas. Es pertinente recordarle al doctor Torres que dichos recursos en realidad son aportes que hacemos nosotros los contribuyentes; y no es que “caigan en manos de universidades privadas”, sino que son recursos que se destinan a educar colombianos, ciudadanos que deben tener derecho a escoger en qué universidad se educan.
Pero el punto de fondo es que, contrario a lo que afirmó Deng Xiao Ping (cuando introdujo en el sistema comunista de su país las reformas que transformaron a la China en una de las potencias económicas más importantes del planeta), parece que al doctor Torres y a un número importante de estudiantes no les importa que el gato cace ratones, sino el color del gato. Lo que pretenden los rectores de las 32 universidades públicas y los millares de estudiantes que marchan es limitar de manera drástica la educación privada, aquella que denominan —de manera equivocada— “con ánimo de lucro”. Lo único que les importa a don Jairo y a los manifestantes es la educación pública. No parecen entender que lo verdaderamente importante en educación —indistintamente sea pública o privada— es la calidad; y la calidad —por excelencia— radica en la excelencia de los profesores. Vale mucho más un profesor superior que, debajo de un árbol, cobra a los estudiantes por la sabiduría que imparte (como ocurría con Sócrates en la antigua Grecia), que una enseñanza gratuita impartida por un mal profesor, indistintamente que sea en una universidad pública. Lo que pretende la SUE es imponer un sistema centralizado en donde las necesidades en educación superior las determinan unos burócratas que supuestamente conocen mejor que nadie las materias que satisfacen de mejor manera a los estudiantes y a la sociedad, no, como afirma el chileno José Manuel Silva, “un sistema descentralizado en donde cientos de alternativas pedagógicas compitan en un mercado de educación enriquecido por la experiencia de maestros y padres”.
El programa Ser Pilo Paga, en donde el estudiante escoge la institución de estudios superiores que mejor se ajuste a sus deseos, no rima con los anhelos del progresismo, ni con las normas de lo “políticamente correcto”, mucho menos con lo que exige Fecode y la izquierda carnívora. La izquierda pretende monopolizar la educación en manos de un puñado de instituciones públicas, con el argumento hueco que los mal catalogados “recursos públicos” (recursos que de hecho son de nosotros los contribuyentes) deben ser canalizados única y exclusivamente a las universidades públicas.
Reiteramos, como lo dijimos en una columna hace varios años, que la forma de maximizar el gasto en educación superior sería la opción de otorgar un “bono educacional” a cada estudiante con valor determinado, que sea redimible en la escuela de su elección, ya sea pública o privada. Se respetaría la libertad de elegir entre un universo de instituciones universitarias. Así se desarrollaría un robusto mercado secundario que permitiría a los estudiantes discriminar entre proveedores buenos y proveedores malos. En otras palabras, el consumidor, no el legislador, ni mucho menos la burocracia del SUE, tendría la última palabra.
Antes de entrar en materia, no sobra una aclaración: en reciente entrevista, Jairo Miguel Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal de Colombia (SUE), afirmaba que las universidades públicas se resisten al hecho de que los recursos públicos, que tanto necesitan, caigan en manos de las universidades privadas. Es pertinente recordarle al doctor Torres que dichos recursos en realidad son aportes que hacemos nosotros los contribuyentes; y no es que “caigan en manos de universidades privadas”, sino que son recursos que se destinan a educar colombianos, ciudadanos que deben tener derecho a escoger en qué universidad se educan.
Pero el punto de fondo es que, contrario a lo que afirmó Deng Xiao Ping (cuando introdujo en el sistema comunista de su país las reformas que transformaron a la China en una de las potencias económicas más importantes del planeta), parece que al doctor Torres y a un número importante de estudiantes no les importa que el gato cace ratones, sino el color del gato. Lo que pretenden los rectores de las 32 universidades públicas y los millares de estudiantes que marchan es limitar de manera drástica la educación privada, aquella que denominan —de manera equivocada— “con ánimo de lucro”. Lo único que les importa a don Jairo y a los manifestantes es la educación pública. No parecen entender que lo verdaderamente importante en educación —indistintamente sea pública o privada— es la calidad; y la calidad —por excelencia— radica en la excelencia de los profesores. Vale mucho más un profesor superior que, debajo de un árbol, cobra a los estudiantes por la sabiduría que imparte (como ocurría con Sócrates en la antigua Grecia), que una enseñanza gratuita impartida por un mal profesor, indistintamente que sea en una universidad pública. Lo que pretende la SUE es imponer un sistema centralizado en donde las necesidades en educación superior las determinan unos burócratas que supuestamente conocen mejor que nadie las materias que satisfacen de mejor manera a los estudiantes y a la sociedad, no, como afirma el chileno José Manuel Silva, “un sistema descentralizado en donde cientos de alternativas pedagógicas compitan en un mercado de educación enriquecido por la experiencia de maestros y padres”.
El programa Ser Pilo Paga, en donde el estudiante escoge la institución de estudios superiores que mejor se ajuste a sus deseos, no rima con los anhelos del progresismo, ni con las normas de lo “políticamente correcto”, mucho menos con lo que exige Fecode y la izquierda carnívora. La izquierda pretende monopolizar la educación en manos de un puñado de instituciones públicas, con el argumento hueco que los mal catalogados “recursos públicos” (recursos que de hecho son de nosotros los contribuyentes) deben ser canalizados única y exclusivamente a las universidades públicas.
Reiteramos, como lo dijimos en una columna hace varios años, que la forma de maximizar el gasto en educación superior sería la opción de otorgar un “bono educacional” a cada estudiante con valor determinado, que sea redimible en la escuela de su elección, ya sea pública o privada. Se respetaría la libertad de elegir entre un universo de instituciones universitarias. Así se desarrollaría un robusto mercado secundario que permitiría a los estudiantes discriminar entre proveedores buenos y proveedores malos. En otras palabras, el consumidor, no el legislador, ni mucho menos la burocracia del SUE, tendría la última palabra.