No vamos a dejar de repetir en esta columna que, de ser eminentemente rural a mediados del siglo pasado —fechas en que no había internet, ni celulares, ni computación en la nube—, Colombia es y va a seguir siendo urbana. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 75 % de los colombianos vive en áreas urbanas y para el 2020 se proyecta que sea el 85 %. Antes del 2025, sólo el 5 % de los colombianos va habitar en las zonas rurales. Para Moisés Naim, en su excelente ensayo El fin del poder (Debate, 2013), la revolución de la movilidad que más ha transformado el poder es la urbanización: “Las migraciones internas, y especialmente la urbanización, alteran la distribución del poder dentro del país tanto o más de lo que hacen las migraciones entre países”.
El Estado, miope ante la dinámica poblacional, ha diseñado y negociado en La Habana políticas públicas agrarias para un país que es muy diferente a lo que fue hace 60 años. Haciendo abstracción de las partes positivas de la recientemente aprobada Ley Zidres, aquí se legisla y se gobierna mirando al pasado por el espejo retrovisor, y no mirando el presente y el futuro por el parabrisas. Las políticas agrarias asumen que el crear zonas de reserva campesina (ZRC) y mantener las unidades agrícolas familiares (UAF) automáticamente resuelven el problema del agro. El Acuerdo de La Habana puede terminar fomentando el tejemaneje y la marrullería electoral, no el diseño de incentivos a la producción; la creación de puestos públicos y burocracia, no la formación de empresarios del campo. La única entidad del Estado encargada de prestarle al campo, el Banco Agrario, financia de hecho es a Navelena (Odebrecht) y a las compañías de libranzas.
En Colombia, buena parte de las autoridades y los mal llamados “formadores de opinión” se resisten a entender que la paz y la prosperidad van atadas al bienestar de los campesinos, bienestar que a su vez está atado a la productividad, a la tecnología y el crédito oportuno, no a un “nuevo modelo político”. Como mencionábamos en reciente artículo, en dicho Acuerdo al campesinado en vez de distritos de riego, se les va a dar es ZRC; en vez de seguridad jurídica, se les va a dar “apoyo constitucional”; en vez de vías y carreteras, se les va a dar circunscripciones electorales; en vez de “cadenas de frío”, se les va a dar “consejos comunitarios”; en vez de electricidad, se les va a dar “organizaciones sociales”; en vez de semillas e investigación, se les va a dar programas de desarrollo con enfoque territorial; en vez de crédito, se les dan instituciones politizadas, como el Banco Agrario.
La inmensa mayoría del contenido agrario del Acuerdo de Paz es irrelevante en un país en el que el 95 % de los habitantes va a estar en las urbes. Las ZRV y las UAF no tienen ningún sentido en una nación en donde, lejos de haber campesinos sin tierra, lo que va a haber es tierra sin campesinos. En Colombia es necesario construir la seguridad alimentaria y afianzar los derechos de propiedad de la tierra. Pocos entienden que igual de importante a la seguridad física es la seguridad jurídica. No obstante, la enorme necesidad de modernizar el agro, los grandes retos del país están en las ciudades. Quien afirme lo contrario, o no sabe dónde está parado o pretende pasarle gato por liebre.
No vamos a dejar de repetir en esta columna que, de ser eminentemente rural a mediados del siglo pasado —fechas en que no había internet, ni celulares, ni computación en la nube—, Colombia es y va a seguir siendo urbana. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 75 % de los colombianos vive en áreas urbanas y para el 2020 se proyecta que sea el 85 %. Antes del 2025, sólo el 5 % de los colombianos va habitar en las zonas rurales. Para Moisés Naim, en su excelente ensayo El fin del poder (Debate, 2013), la revolución de la movilidad que más ha transformado el poder es la urbanización: “Las migraciones internas, y especialmente la urbanización, alteran la distribución del poder dentro del país tanto o más de lo que hacen las migraciones entre países”.
El Estado, miope ante la dinámica poblacional, ha diseñado y negociado en La Habana políticas públicas agrarias para un país que es muy diferente a lo que fue hace 60 años. Haciendo abstracción de las partes positivas de la recientemente aprobada Ley Zidres, aquí se legisla y se gobierna mirando al pasado por el espejo retrovisor, y no mirando el presente y el futuro por el parabrisas. Las políticas agrarias asumen que el crear zonas de reserva campesina (ZRC) y mantener las unidades agrícolas familiares (UAF) automáticamente resuelven el problema del agro. El Acuerdo de La Habana puede terminar fomentando el tejemaneje y la marrullería electoral, no el diseño de incentivos a la producción; la creación de puestos públicos y burocracia, no la formación de empresarios del campo. La única entidad del Estado encargada de prestarle al campo, el Banco Agrario, financia de hecho es a Navelena (Odebrecht) y a las compañías de libranzas.
En Colombia, buena parte de las autoridades y los mal llamados “formadores de opinión” se resisten a entender que la paz y la prosperidad van atadas al bienestar de los campesinos, bienestar que a su vez está atado a la productividad, a la tecnología y el crédito oportuno, no a un “nuevo modelo político”. Como mencionábamos en reciente artículo, en dicho Acuerdo al campesinado en vez de distritos de riego, se les va a dar es ZRC; en vez de seguridad jurídica, se les va a dar “apoyo constitucional”; en vez de vías y carreteras, se les va a dar circunscripciones electorales; en vez de “cadenas de frío”, se les va a dar “consejos comunitarios”; en vez de electricidad, se les va a dar “organizaciones sociales”; en vez de semillas e investigación, se les va a dar programas de desarrollo con enfoque territorial; en vez de crédito, se les dan instituciones politizadas, como el Banco Agrario.
La inmensa mayoría del contenido agrario del Acuerdo de Paz es irrelevante en un país en el que el 95 % de los habitantes va a estar en las urbes. Las ZRV y las UAF no tienen ningún sentido en una nación en donde, lejos de haber campesinos sin tierra, lo que va a haber es tierra sin campesinos. En Colombia es necesario construir la seguridad alimentaria y afianzar los derechos de propiedad de la tierra. Pocos entienden que igual de importante a la seguridad física es la seguridad jurídica. No obstante, la enorme necesidad de modernizar el agro, los grandes retos del país están en las ciudades. Quien afirme lo contrario, o no sabe dónde está parado o pretende pasarle gato por liebre.