Los gobiernos no se pueden dar el lujo de enviar mensajes contradictorios: por un lado, el presidente Duque (El Tiempo, 01/03/21) afirma: “Buscamos no solo un país más moderno, sino un país más limpio y armónico con el medioambiente”. Pero, por el otro lado, Planeación Nacional, con su insensata insistencia en construir la Regasificadora del Pacífico, lo contradice. Reiteramos lo dicho en una pasada columna: “Uno de los grandes mitos urbanos es que el gas natural es ‘limpio’ o ‘amigable’. Lo de ‘limpio’ es mentira y lo de ‘amigable’ no sé qué quiere decir. El gas natural es un combustible sucio y no renovable, si bien sus emisiones son un 40-50 % menores que las del carbón y un 25-30 % menores que las del fuel oil”. Manifestar, como lo hacen Planeación y otros, que el gas es amigable con el medioambiente es una afirmación tan peregrina como que una población ribereña diga que es amigable con el río porque solo bota entre el 40 y 50 % de la basura que botan las poblaciones vecinas.
En su entrevista el presidente Duque afirma que la movilidad sostenible y la transición a un parque automotor eléctrico son propósitos del país, explícitamente aceptando que el combustible del futuro es la electricidad. La decisión de Planeación de construir la Regasificadora contradice dos estudios que no han sido desmentidos (uno de la UPME —entidad de planeación para el sector energético— y otro de la ANH) y que han demostrado que el país tiene y va a tener producción de gas suficiente para no tener que importarlo. Es natural que en un proyecto como la Regasificadora, que puede llegar a costar más de 1.000 millones de dólares, haya un número importante de poderosísimos interesados, que incluyen a los países que exportan gas, a quienes construirían la infraestructura física (la planta, los gasoductos, etc.), a los que lo importan, transportan y distribuyen, a los “dueños” de las licencias ambientales, etc. Todos los riesgos económicos asociados con este faraónico proyecto, que implica un importante incremento en los precios del gas doméstico, incluyendo la variabilidad de precios del gas en los mercados internacionales, se le transfieren al único paganini, que son los consumidores de gas del país, hecho que Planeación, con enorme habilidad, disimula.
El presidente Duque acepta que es necesario no solo incentivar la transición a electricidad, sino que se requiere hacer enormes esfuerzos para adecuar la infraestructura eléctrica a esa nueva realidad. El país va a tener que invertir en contar por lo menos con 21.000 puntos de recarga, si asumimos que existirán 600.000 vehículos eléctricos en 2030 (creo que habrá muchos más). Será necesario subsidiar la instalación de paneles solares para los 2,5 millones de colombianos que no tienen acceso a electricidad o que requieren cambiar sus obsoletos equipos eléctricos y de gas. Toda nueva edificación debe contar con autosuficiencia de energía renovable. Cuando es indispensable construir centenares de nuevas subestaciones, instalar miles de transformadores y colocar muchas más líneas de transmisión para ajustarnos a la mayor demanda de electricidad en los años venideros, el dilapidar 1.000 millones de dólares en una planta para poder importar un combustible sucio y no renovable, más que una estupidez ecológica, es un monumental error político y económico.