¿Reforma a la justicia?

Desde hace más de 50 años se está hablando en nuestro país de la reforma a la justicia. Durante su cuatrienio, el presidente López Michelsen propuso una pequeña constituyente para hacer las enmiendas necesarias, ya que en el Congreso era imposible. La propuesta fracasó en el primer intento porque la tumbó la Corte Suprema de Justicia. Llegó el gobierno de Turbay, en donde se aprobó la tan esperada reforma, pero, por vicios de trámite, la Corte Suprema de Justicia también la tumbó.

Pero, ¿qué establecía esa enmienda que no alcanzó a regir? Creó organismos que luego nacieron en la Constitución de 1991: la Fiscalía General y el Consejo Superior de la Judicatura. Esa nueva Carta también diseñó otros nuevos, como la Corte Constitucional, para la guarda de la integridad de la Constitución, y el defensor del Pueblo, que tiene a su cargo, entre otras funciones, la defensa de los derechos humanos. Y estableció una figura que acercó al ciudadano a la justicia, que siempre le ha sido esquiva: la tutela. Pero lo grave y nefasto de la Constitución de 1991 fue haberles entregado facultades nominadoras a las altas cortes, lo cual trasladó el clientelismo, propio de los políticos, a esas corporaciones otrora impolutas.

En el gobierno de Betancur, el tema de la reforma no se tocó, pero ocurrió lo peor: hubo el holocausto del Palacio de Justicia, en donde no sólo destruyeron la sede de las máximas cortes, sino les dieron muerte a los más destacados juristas del país.

Ni el constituyente, ni el legislador colombiano han encontrado la fórmula que ponga fin a la crisis de nuestra justicia. Se ha ensayado toda clase de estrategias y el problema sigue vigente. Ahora se vuelve a hablar de constituyente como el camino indicado. La verdad es que la fiebre no está en la sábana sino en las personas. Nada de normas, sino jueces profesionales y probos. Fin a los del seno de Abraham que acogió a los Bustos.