Cómo transformar la política antidrogas

Tiene razón Gustavo Petro cuando llama a la comunidad internacional a transformar la política contra las drogas en el mundo. En efecto, “es hora de una nueva Convención Internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente, que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría colombianos, durante estos años, y que deja 700.000 norteamericanos muertos… cada año”.

Dicha convención deberá reemplazar la aprobada por las Naciones Unidas en 1961, cuyo preámbulo reza en el original inglés: “Addiction to narcotic drugs is a serious evil for the individual”. En dicha fraseología llama la atención el papel central otorgado a un elemento propio del imaginario religioso: “evil”, “el mal”. Pues suele presentarse al derecho internacional como uno de los más claros ejemplos de la transferencia de dichos motivos al ámbito secular, y de la llamada Ilustración que habría dado lugar a la razón moderna. En ello consistiría pensar bien, usar la imaginación estética y matemática para visualizar lo que esperamos en el futuro, y actuar mejor. De manera que la acción política se conforme a la moral. No solo en teoría sino en la práctica. Para transformar relaciones reales en búsqueda de un vivir mejor para todas y todos, en pro de una república en la cual quepamos todos. En ello consiste el progreso como criterio ético, cuyo opuesto irreconciliable es la corrupción, permanecer en la inmadurez, la ignorancia, y la desesperanza. O reducir a sectores de la población a tales estados, que no son naturales sino producto de relaciones desiguales.

“Tras haber aclarado la voluntad de cualquier motivo que la induzca a actuar por mera obediencia a una ley particular, solo queda la acción conforme a la ley universal que puede servir a la voluntad como principio. Es decir, nunca debo actuar de otra manera que la que me permite desear también que la máxima de mi voluntad en el actuar sea universalizable”, como dice Immanuel Kant. El mal es un motivo particular, pues se lo imagina, siente y entiende de manera singular en credos que se suponen manifiestos. Y en todos los casos se trata de manifestaciones que imaginan el mal como si fuese algo natural. Una fuerza trascendente que se nos impone sin que podamos hacer algo al respecto.

Su inclusión en la Convención Sobre Drogas Narcóticas del 61 es singular y problemática, más aún cuando se tiene en cuenta la dificultad de dar cuenta del problema del mal desde el interior de las tradiciones teológicas que sostienen el imaginario de una divinidad bondadosa y omnipotente. Su inclusión obedece, antes bien, a razones geopolíticas explicables en el contexto de la emergencia de nuevas potencias mundiales a comienzos del siglo veinte y de una teodicea de la modernidad, en el hemisferio occidental.

Esa modernidad a medias se ha expresado en la institucionalización de nuevas jerarquías y categorías que, como la racialización, rigen las vidas de la humanidad y la naturaleza. Y que resultan en el encubrimiento de las prácticas bioculturales indígenas cuando leyes particulares dibujan nuevas líneas de demarcación entre lo legal y lo ilegal, lo saludable y el veneno, lo productivo y lo contaminante. En las Américas, tales demarcaciones motivadas geopolíticamente han implicado la declaratoria de guerras sin fin contra la naturaleza y sus producciones. De allí el error en el que incurre la convención del 61. Consiste en identificar ciertas producciones de la naturaleza con el mal. De tal manera se naturaliza el mal, se lo vuelve incomprensible y por lo mismo inevitable, indiferente a la acción humana. Pero para llegar a una nueva y menos problemática convención internacional se requieren pasos previos.

La Cancillería colombiana tendrá suficiente en sus manos al ocuparse de la implementación de los acuerdos de paz en cuanto que mandato internacional. Sería demasiado pedir que se ocupase por si sola de una acción tan ambiciosa y sostenida en el tiempo como la que ha propuesto el presidente Petro. Por ello podría servirse bien de una comisión de alto nivel que incluya expertos en el tema y agentes con experiencia, reconocimiento, y aceptación internacional. Por ejemplo, los expresidentes de Colombia Juan Manuel Santos y del Uruguay Pepe Mujica, lo que permitiría beneficiarnos de la experiencia que dicho país hermano ha adquirido ya tras apostar por un esquema diverso de regulación del consumo y circulación de ciertas sustancias. Pero también autoridades indígenas como el representante Yanomamo Davi Kopenawa y sus equivalentes colombianos, expertos en la historia desde abajo del arte de las relaciones diplomáticas entre humanos y no humanos. Pues la llamada guerra contra las drogas ha exacerbado el colapso de los ambientes humanos y no humanos a través de políticas que implican el destripamiento de la naturaleza en las regiones más biodiversas del mundo. Especialmente el Sur Global, como hemos demostrado mi colega Kojo Koram y yo en sendos escritos para The Guardian y otros medios internacionales periodísticos y académicos. Dicha comisión puede establecer en menos de un año los pasos a seguir para conseguir, de manera incremental, e implementarlos. Comenzando con los países de la cuenca amazónica y las instituciones que los acompañan, y luego los latinoamericanos para escalar a las Américas, y entonces si el concierto internacional como un todo.

Se trata de considerar los modelos que ya navegan con éxito cursos diversos a la mera criminalización y la permisividad simplista en países como Portugal, Alemania, Canadá, Bolivia, Uruguay y varios estados de los Estados Unidos. Modelos para armar uno propio, que aprenda de los logros y las limitaciones cuya evidencia ya está disponible. Con el fin de transformar el destripamiento improductivo de la naturaleza en producción y progreso ético, político, y económicos no solamente extractivos. Y se trata de ciertas sustancias, no de permisividad sin distinciones. Es necesario distinguir entre psicodélicos y otras sustancias, por ejemplo. Existe evidencia científica suficiente hoy para distinguir. Cabe regular con base en dicha evidencia acerca de cómo deban continuar siendo objeto de investigación o práctica terapéutica y social sustancias con capacidad para curar o cambiar la mente. Especialmente en el campo de las enfermedades mentales, hoy en alza tras la epidemia, los traumas de la guerra y las demandas crecientes impuestas a los más jóvenes por un ambiente humano depredador. Y distinguirlas de otras sustancias cuyo uso y abuso empeora la salud mental. Y en todos los casos, existe evidencia y experiencia suficiente acerca de la necesidad de que tales investigaciones y prácticas no se sustraigan a, aprendan de, y respeten los contextos creados por comunidades activamente presentes en la larga historia de las Américas, en prácticas y técnicas bioculturales que anteceden y atraviesan la modernidad. Es de esta manera como puede transformarse la política internacional contra las drogas.