El robo de celulares, un asunto de todos

Vamos a suponer que un ciudadano en Bogotá en una noche cualquiera es víctima de tres ladrones que, con arma de fuego uno y otro con arma cortopunzante, le roban el celular, el maletín y la billetera, y para dejarlo inmóvil, el que no estaba armado procede a golpearlo en el estómago.

Vamos a suponer, además, que el teléfono móvil robado estaba en plan prepago y para comprarlo un familiar lo arropó en la factura de su celular que está en plan pospago, estableciendo el compromiso comercial de pagarlo en seis cuotas, aprovechando que la empresa que ofrece el servicio permite que un usuario pueda adquirir hasta seis equipos en una misma factura, con pago financiado.

Claramente la empresa en la que estaba inscrito el móvil no tendría por qué correr con alguna responsabilidad en el caso, a fin de cuentas, el crecimiento desbordado del robo de celulares en el país, especialmente en Bogotá, es asunto de las autoridades del Distrito, la policía y la justicia. Sin embargo, si tiene algo de consideración con el usuario que sufre el daño causado a manos de criminales que deambulan por las calles y avenidas en busca de una víctima, debería por lo menos pensar en la posibilidad de congelar la deuda al menos por dos meses, mientras la persona encuentra el modo no solo de terminar de cancelar el equipo que le hurtaron, sino además de adquirir otro que lo reemplace.

Los teléfonos celulares se han convertido en elementos de primera necesidad, por esta razón, cuando a un ciudadano le roban su equipo móvil, inmediatamente debe pensar o hacer lo posible para conseguir otro. Por lo anterior, resulta bastante indolente que, encima de que debe terminar de pagar el primero, tenga que acudir a la compra de un segundo, adquiriendo una doble deuda que puede terminar por convertirse en un impagable.

Pensar en el usuario no está de más y es por esto que creo que el pago del seguro que hoy en día ofrecen de manera opcional, para que en el caso de robo no deba pagar por otro equipo que reemplace el que le hurtaron, debe ser de carácter obligatorio tanto para planes pospagos como para prepagos.

El robo de celulares en Colombia se presenta de manera indiscriminada sin importar el tipo de plan suscrito, y en el hecho delictivo la víctima puede resultar herida por arma de fuego, cortopunzante o, en el peor de los casos, asesinada. No puede ser que la única respuesta que se ofrezca como solución al caso sea la compra de otro equipo móvil. Quienes se dedican a esta actividad comercial no pueden seguir dejando la impresión en la ciudadanía de que han asumido una actitud pasiva e indolente con el usuario frente a este delito.

El comercio de equipos celulares, hoy por hoy, ya no se hace únicamente a través de las empresas que ofrecen el servicio de telefonía móvil (Claro, Movistar, Tigo, Avantel, etc.). Actualmente esta actividad está también en manos de los grandes almacenes. Es por esto que quienes integran esta cadena económica en Colombia, a través del gremio que representa a los operadores (Asomóvil), deben pensar en proponerle al Legislativo una ley que obligue al usuario a adquirir con la compra del equipo un seguro contra robos, sin importar el tipo de plan que suscriba (prepago o pospago).

Este seguro obligatorio le evitaría al usuario incurrir en un doble gasto al tener que adquirir un nuevo equipo que reemplace el anterior. Es necesario tener en cuenta que la persona no siempre se encuentra en capacidad económica de comprar un nuevo celular de manera inmediata, mucho menos si en medio del hecho delictivo esta sufre un daño físico a manos del ladrón.

Insisto, pensar en el usuario no está de más, tener un poco de consideración con quien sufre el daño tampoco, y aunque en medio del hurto no se sufra daño físico alguno, el trauma psicológico sí puede ser bastante fuerte.

En el primer semestre de este año se reportaron 29.401 denuncias de hurto de celulares en Bogotá, según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad. En algunos casos se han cometido asesinatos y se han lesionado a las víctimas. No siempre se sale ileso. Esto ha generado una especie de pánico colectivo en el ciudadano en la capital del país, que al salir de su casa no piensa en que lo pueden matar, sino en que le van a robar su teléfono móvil, bien sea al transitar en la calle o al interior de un bus de transporte público.

Esta misma situación se repite día a día en todas las ciudades del país, porque el problema es de orden nacional, y en esto la justicia debe colaborar en gran medida, no permitiendo que quienes se dedican a este delito salgan a las pocas horas de ser capturados para continuar su actividad criminal.

Como vemos, entonces, el robo de celulares es una situación que no tiene una única solución. Pasa por manos de las autoridades locales y nacionales, la policía, la justicia, las empresas que prestan el servicio de operación de telefonía móvil y quienes importan los equipos.

Es equivocado pensar que este problema es un asunto exclusivo de policías, jueces y fiscales.