Semana tras semana, cada escándalo de corrupción supera al anterior. En eso parece que consiste el cacareado “cambio” propuesto y puesto en marcha por el gobierno del presidente Petro. Ya no se advierte solo un mal gobierno, sino que se vive todo un concierto para delinquir, toda una manada de hampones de la “nueva clase política” en contubernio con la “vieja clase política” en donde no se sabe cuál bando es más bandido.
Al paso que vamos, no solo seremos catalogados de país corrupto, sino fuera de concurso en esta modalidad. Realmente es aterrador y ensordecedor todo lo que ocurre y no se ve luz al final del túnel.
En los últimos días, el país ha quedado estupefacto con el giro que ha tomado el escándalo de corrupción de los carrotanques para la Guajira. Los cambios en el rumbo de las investigaciones y sus motivos, que si bien al inicio revestían de la mayor gravedad, mutaron para insinuarse como lo que podría ser uno de los mayores escándalos de corrupción de las últimas décadas.
Al principio, los colombianos creíamos que se trataba de un caso más de sobrecostos en la adquisición de bienes por parte del Estado, en esta ocasión a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, en la que funcionarios y contratistas se robarían una tajada importante de recursos públicos. Sin embargo, no fue tan solo eso, pues los recursos liberados por cuenta de sobrecostos supuestamente habrían llegado a los bolsillos de otros funcionarios, en este caso, de Iván Name, presidente del Senado, y de Andrés Calle, presidente de la Cámara, con el fin de sacar adelante la agenda legislativa de Petro o gran parte de ella.
Según el escalofriante relato de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, él habría recibido órdenes de Olmedo López, y este a su vez del ministro del Interior Luis Fernando Velasco y otros altos funcionarios de la Casa de Nariño, de entregar y repartir 4 mil millones de pesos a los presidentes del Senado y Cámara, los que Pinilla se consiguió, a título de préstamo, con un contratista -delincuente- habitual de la UNGRD, a quien prometió restituírselos mediante una adición contractual, un contrato nuevo inflado u otra manera. Según Pinilla, conseguida la plata, esta fue entregada por él y Sandra Ortiz, una alta consejera presidencial cercana a Petro, a Name y al Partido Verde, el mismo que otrora fuera adalid contra la corrupción. Repartida la plata y con la necesidad de pagar el préstamo hecho por el contratista habitual, la UNGRD se inventó el “megacontrato” de los carrotanques con otros contratistas, arreglándoselas para “sobrecostear” el contrato y poder así regresar los 4 mil millones pedidos en préstamo que se usaron para sobornar a la plana mayor del Congreso.
La plata se repartió en efectivo y en maletas, lo que denota ya una constante en los escándalos que rodean a Petro: bolsas de dinero, las platas de su hijo Nicolás, el escándalo de la niñera de Laura Sarabia y estas coimas a congresistas.
Todo lo anterior da ganas de vomitar. Es algo realmente asqueroso y delincuencial, y todos los involucrados, sin excepción, merecen ser condenados y a muchos años de prisión en caso de encontrarse ciertos estos hechos y condenados los que resulten procesados. Sin embargo, lo que es realmente desquiciado es que las órdenes a los directores de la UNGRD se hayan motivado en que conseguir y tramitar esos dineros y entregar esas coimas para sacar adelante las reformas de Petro en el Congreso sea “política de Estado”, como lo confesó Sneyder Pinilla, sin ponerse ni colorado.
En este escándalo de los carrotanques al menos nos ha quedado claro que en el “Gobierno del Cambio” la corrupción es una “política de Estado”. Cosas que hay que ver. Increíble.
PD. Además de los altos funcionarios y congresistas involucrados, la Fiscalía debe poner el ojo en los contratistas empresarios que actuaron como delincuentes en este entramado de corrupción, que ciertamente es y será uno de los más grotescos de la historia reciente de la política colombiana.
Semana tras semana, cada escándalo de corrupción supera al anterior. En eso parece que consiste el cacareado “cambio” propuesto y puesto en marcha por el gobierno del presidente Petro. Ya no se advierte solo un mal gobierno, sino que se vive todo un concierto para delinquir, toda una manada de hampones de la “nueva clase política” en contubernio con la “vieja clase política” en donde no se sabe cuál bando es más bandido.
Al paso que vamos, no solo seremos catalogados de país corrupto, sino fuera de concurso en esta modalidad. Realmente es aterrador y ensordecedor todo lo que ocurre y no se ve luz al final del túnel.
En los últimos días, el país ha quedado estupefacto con el giro que ha tomado el escándalo de corrupción de los carrotanques para la Guajira. Los cambios en el rumbo de las investigaciones y sus motivos, que si bien al inicio revestían de la mayor gravedad, mutaron para insinuarse como lo que podría ser uno de los mayores escándalos de corrupción de las últimas décadas.
Al principio, los colombianos creíamos que se trataba de un caso más de sobrecostos en la adquisición de bienes por parte del Estado, en esta ocasión a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, en la que funcionarios y contratistas se robarían una tajada importante de recursos públicos. Sin embargo, no fue tan solo eso, pues los recursos liberados por cuenta de sobrecostos supuestamente habrían llegado a los bolsillos de otros funcionarios, en este caso, de Iván Name, presidente del Senado, y de Andrés Calle, presidente de la Cámara, con el fin de sacar adelante la agenda legislativa de Petro o gran parte de ella.
Según el escalofriante relato de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, él habría recibido órdenes de Olmedo López, y este a su vez del ministro del Interior Luis Fernando Velasco y otros altos funcionarios de la Casa de Nariño, de entregar y repartir 4 mil millones de pesos a los presidentes del Senado y Cámara, los que Pinilla se consiguió, a título de préstamo, con un contratista -delincuente- habitual de la UNGRD, a quien prometió restituírselos mediante una adición contractual, un contrato nuevo inflado u otra manera. Según Pinilla, conseguida la plata, esta fue entregada por él y Sandra Ortiz, una alta consejera presidencial cercana a Petro, a Name y al Partido Verde, el mismo que otrora fuera adalid contra la corrupción. Repartida la plata y con la necesidad de pagar el préstamo hecho por el contratista habitual, la UNGRD se inventó el “megacontrato” de los carrotanques con otros contratistas, arreglándoselas para “sobrecostear” el contrato y poder así regresar los 4 mil millones pedidos en préstamo que se usaron para sobornar a la plana mayor del Congreso.
La plata se repartió en efectivo y en maletas, lo que denota ya una constante en los escándalos que rodean a Petro: bolsas de dinero, las platas de su hijo Nicolás, el escándalo de la niñera de Laura Sarabia y estas coimas a congresistas.
Todo lo anterior da ganas de vomitar. Es algo realmente asqueroso y delincuencial, y todos los involucrados, sin excepción, merecen ser condenados y a muchos años de prisión en caso de encontrarse ciertos estos hechos y condenados los que resulten procesados. Sin embargo, lo que es realmente desquiciado es que las órdenes a los directores de la UNGRD se hayan motivado en que conseguir y tramitar esos dineros y entregar esas coimas para sacar adelante las reformas de Petro en el Congreso sea “política de Estado”, como lo confesó Sneyder Pinilla, sin ponerse ni colorado.
En este escándalo de los carrotanques al menos nos ha quedado claro que en el “Gobierno del Cambio” la corrupción es una “política de Estado”. Cosas que hay que ver. Increíble.
PD. Además de los altos funcionarios y congresistas involucrados, la Fiscalía debe poner el ojo en los contratistas empresarios que actuaron como delincuentes en este entramado de corrupción, que ciertamente es y será uno de los más grotescos de la historia reciente de la política colombiana.