Luego de cuatro años largos negociando la llegada de las Farc a la legalidad, armando ese espinoso cerco de retórica y letra menuda, de intenciones y perdón, de mutuos desacuerdos y puntos a medias, luego de esa larga pelea de linderos se dio paso a lo que algunos llaman la pedagogía y otros el proselitismo.
Entonces aparecieron los manuales sobre la paz, las advertencias sobre la guerra, los llamados al odio, la apelación a la venganza que no necesita mentiras y el martilleo de la pesadilla venezolana. La inesperada negativa de las mayorías logró que el pomposo armazón quedara tambaleante. Los tiempos de los campamentos se alargaron y el tedio de la paz hizo renunciar a los primeros guerreros, ideólogos de sus libres empresas, trabajadores por cuenta propia, según sus códigos.
Mientras tanto volvió la fábula del acuerdo nacional y cundieron los llamados a la mesura y a la negociación. Más tinta, más páginas, más retórica y menos certezas. Ahora no se negociaba con vistas a lo que merecían las Farc (castigos y oportunidades) a cambio de su reconocimiento del Estado y sus reglas, sino con la mira puesta en los votos, con los resultados del plebiscito en la mano y la idea de cultivar electores con un discurso ya probado. Oslo y El Vaticano hacían sus análisis lejos de las intenciones de voto en Neiva, Cúcuta, Villavicencio, Medellín y Montería.
Se firmó el acuerdo por quinta vez y aparecieron las altas cortes a oscurecerlo todo. Era el mejor acuerdo sometido al peor de los mundos. Primero la Corte Constitucional con una sentencia hecha de retazos de aclaraciones y salvamentos de voto. Una especie de trabajo en grupo con un grupo que nunca logró ponerse de acuerdo. En medio de una disputa política de más de cuatro años la Corte amparó toda su decisión bajo el principio de la “buena fe”. Dijo que el gobierno tiene que respetar la decisión del pueblo pero igual puede cambiarla mediante un proceso abierto y deliberativo, bajo el principio de buena fe, que más tarde refrende el Congreso. Ya sé que no se entiende pero no es mi culpa. La presidenta de la Corte leyó su comunicado y los profesores de derecho constitucional quedaron consternados. Los legos solo logramos entender que era la hora del Congreso. Y el Congreso titubeante, todavía tembloroso en medio de las votaciones, llenando de constancias cada decisión, avanza como el galgo tras la carnada. La Corte logró la gran hazaña de desvirtuar el filtro y la poción que pasó por el cedazo en una misma operación.
Pero faltaba el Consejo de Estado para confirmar que la decisión del 2 de octubre le hizo mal a los vencedores y los vencidos, a los simples observadores, a los abstencionistas y a los oportunistas, y que cuando un proceso esencialmente político termina en manos de los jueces, no quedan más que unas constancias dudosas y unas confusiones ejecutoriadas.
Según la magistrada del Consejo de Estado se probó la “violencia psicológica” que impidió la libertad de los electores por las falsedades de campaña de los partidarios del No. Falsedades confesas por un tal Juan Carlos Vélez que salió a hablar “berraco” porque no le reconocieron su gesta. Castigar las mentiras de los políticos en campaña haría imposibles las elecciones en cualquier parte del mundo. Tampoco resulta fácil saber cuántos votaron impulsados por las mentiras y cuántos por sus propias verdades. El Consejo de Estado contradice a la Corte y al mismo tiempo la apoya. Tal vez con la idea de que dos contradicciones sumadas pueden conducir a una certeza. Solo esperamos que no se pronuncie el Consejo Electoral ni la Corte Suprema.
Luego de cuatro años largos negociando la llegada de las Farc a la legalidad, armando ese espinoso cerco de retórica y letra menuda, de intenciones y perdón, de mutuos desacuerdos y puntos a medias, luego de esa larga pelea de linderos se dio paso a lo que algunos llaman la pedagogía y otros el proselitismo.
Entonces aparecieron los manuales sobre la paz, las advertencias sobre la guerra, los llamados al odio, la apelación a la venganza que no necesita mentiras y el martilleo de la pesadilla venezolana. La inesperada negativa de las mayorías logró que el pomposo armazón quedara tambaleante. Los tiempos de los campamentos se alargaron y el tedio de la paz hizo renunciar a los primeros guerreros, ideólogos de sus libres empresas, trabajadores por cuenta propia, según sus códigos.
Mientras tanto volvió la fábula del acuerdo nacional y cundieron los llamados a la mesura y a la negociación. Más tinta, más páginas, más retórica y menos certezas. Ahora no se negociaba con vistas a lo que merecían las Farc (castigos y oportunidades) a cambio de su reconocimiento del Estado y sus reglas, sino con la mira puesta en los votos, con los resultados del plebiscito en la mano y la idea de cultivar electores con un discurso ya probado. Oslo y El Vaticano hacían sus análisis lejos de las intenciones de voto en Neiva, Cúcuta, Villavicencio, Medellín y Montería.
Se firmó el acuerdo por quinta vez y aparecieron las altas cortes a oscurecerlo todo. Era el mejor acuerdo sometido al peor de los mundos. Primero la Corte Constitucional con una sentencia hecha de retazos de aclaraciones y salvamentos de voto. Una especie de trabajo en grupo con un grupo que nunca logró ponerse de acuerdo. En medio de una disputa política de más de cuatro años la Corte amparó toda su decisión bajo el principio de la “buena fe”. Dijo que el gobierno tiene que respetar la decisión del pueblo pero igual puede cambiarla mediante un proceso abierto y deliberativo, bajo el principio de buena fe, que más tarde refrende el Congreso. Ya sé que no se entiende pero no es mi culpa. La presidenta de la Corte leyó su comunicado y los profesores de derecho constitucional quedaron consternados. Los legos solo logramos entender que era la hora del Congreso. Y el Congreso titubeante, todavía tembloroso en medio de las votaciones, llenando de constancias cada decisión, avanza como el galgo tras la carnada. La Corte logró la gran hazaña de desvirtuar el filtro y la poción que pasó por el cedazo en una misma operación.
Pero faltaba el Consejo de Estado para confirmar que la decisión del 2 de octubre le hizo mal a los vencedores y los vencidos, a los simples observadores, a los abstencionistas y a los oportunistas, y que cuando un proceso esencialmente político termina en manos de los jueces, no quedan más que unas constancias dudosas y unas confusiones ejecutoriadas.
Según la magistrada del Consejo de Estado se probó la “violencia psicológica” que impidió la libertad de los electores por las falsedades de campaña de los partidarios del No. Falsedades confesas por un tal Juan Carlos Vélez que salió a hablar “berraco” porque no le reconocieron su gesta. Castigar las mentiras de los políticos en campaña haría imposibles las elecciones en cualquier parte del mundo. Tampoco resulta fácil saber cuántos votaron impulsados por las mentiras y cuántos por sus propias verdades. El Consejo de Estado contradice a la Corte y al mismo tiempo la apoya. Tal vez con la idea de que dos contradicciones sumadas pueden conducir a una certeza. Solo esperamos que no se pronuncie el Consejo Electoral ni la Corte Suprema.