“Ese man es muy parao”, me dijo hace unos meses un pillo en retiro cuando vio por televisión al alcalde Federico Gutiérrez dando declaraciones por unas recientes capturas. El hombre veía al alcalde como el más claro representante de su contraparte y entendía su mensaje muy claramente, sus palabras corrientes, sus dichos sabidos: “Con nosotros sí se jodieron”, ha sido una de las frases de combate de Gutiérrez. Al alcalde le gusta lucir su placa de sheriff. Con operativos y declaraciones se ha ganado “el respeto” de muchos bandidos: “Ese pirobo se nos metió hasta por allá arriba”, me dijo otro maloso cuando le pregunté por las calenturas de su barrio. El riesgo de ese despliegue de valor, gestos y palabras es que el Estado termine convertido en un combo más, en otro bando a los ojos de los calientes y de los ciudadanos ajenos a la criminalidad. Las formas son una obligación del Estado para que las actuaciones sean efectivas, para que los derechos sean respetados, para que no se impongan los aspavientos personales sobre las obligaciones institucionales.
El alcalde de Medellín no solo se encarga de liderar algunos operativos, también hace las acusaciones vía Twitter o ruedas de prensa y termina frustrado y desencajado cuando los jueces no toman las determinaciones según su rasero de justicia. Un alcalde no puede ser policía, fiscal y magistrado, por muy parao que sea. Han sido múltiples sus llamados de atención a los jueces por no seguir sus enérgicas condenas. Hace unos meses les dijo con el tono del superior que guía a su equipo: “O remamos todos para el mismo lado o nos jodemos”. Un juez acababa de dejar en libertad a un joven acusado de un triple homicidio y capturado con gran despliegue. Muy pronto las cosas quedaron claras en los expedientes. El capturado en principio era inocente, había sido confundido y el señalamiento le costó su empleo y lo obligó a salir de la ciudad. Razón tenía el presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín cuando le respondió: “Los jueces no pueden remar para el mismo lado del Gobierno, salvo que las pruebas así lo indiquen”. Las palabras del alcalde pueden alentar los abusos policiales y los linchamientos en las calles. Esas son consecuencias naturales del goteo de declaraciones contra la justicia y sus formas.
Otro de los riesgos de la política que cuelga un cartel de los más buscados y celebra las filas de detenidos es convertir las capturas en el fin último y los operativos en espectáculos. El alcalde lideró hace unos meses un operativo contra plazas en el barrio Antioquia. Fue tal el éxito publicitario que unas semanas después invitó al presidente Duque para que repitieran la pantomima. A finales del año pasado la administración dijo haber capturado a 117 “cabecillas” y más de 2.600 integrantes de las 98 “estructuras criminales” que operan en la ciudad. Es muy seguro que ni el 20 % de esas capturas han terminado en condenas. La semana pasada Gutiérrez mostró con orgullo las 322 capturas en Medellín. Las 21 estaciones de policía de la ciudad tienen a más de 1.700 detenidos en calabozos que recuerdan el transporte de esclavos. En un mes se presentaron dos homicidios en la principal estación de policía. Muchas capturas y mucho escarnio no son sinónimo de justicia. Cerca del 80 % de los homicidios en la ciudad quedan impunes. El asunto es más complejo que condenar capturados en la fila de reconocimiento y señalar a los jueces.
“Ese man es muy parao”, me dijo hace unos meses un pillo en retiro cuando vio por televisión al alcalde Federico Gutiérrez dando declaraciones por unas recientes capturas. El hombre veía al alcalde como el más claro representante de su contraparte y entendía su mensaje muy claramente, sus palabras corrientes, sus dichos sabidos: “Con nosotros sí se jodieron”, ha sido una de las frases de combate de Gutiérrez. Al alcalde le gusta lucir su placa de sheriff. Con operativos y declaraciones se ha ganado “el respeto” de muchos bandidos: “Ese pirobo se nos metió hasta por allá arriba”, me dijo otro maloso cuando le pregunté por las calenturas de su barrio. El riesgo de ese despliegue de valor, gestos y palabras es que el Estado termine convertido en un combo más, en otro bando a los ojos de los calientes y de los ciudadanos ajenos a la criminalidad. Las formas son una obligación del Estado para que las actuaciones sean efectivas, para que los derechos sean respetados, para que no se impongan los aspavientos personales sobre las obligaciones institucionales.
El alcalde de Medellín no solo se encarga de liderar algunos operativos, también hace las acusaciones vía Twitter o ruedas de prensa y termina frustrado y desencajado cuando los jueces no toman las determinaciones según su rasero de justicia. Un alcalde no puede ser policía, fiscal y magistrado, por muy parao que sea. Han sido múltiples sus llamados de atención a los jueces por no seguir sus enérgicas condenas. Hace unos meses les dijo con el tono del superior que guía a su equipo: “O remamos todos para el mismo lado o nos jodemos”. Un juez acababa de dejar en libertad a un joven acusado de un triple homicidio y capturado con gran despliegue. Muy pronto las cosas quedaron claras en los expedientes. El capturado en principio era inocente, había sido confundido y el señalamiento le costó su empleo y lo obligó a salir de la ciudad. Razón tenía el presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín cuando le respondió: “Los jueces no pueden remar para el mismo lado del Gobierno, salvo que las pruebas así lo indiquen”. Las palabras del alcalde pueden alentar los abusos policiales y los linchamientos en las calles. Esas son consecuencias naturales del goteo de declaraciones contra la justicia y sus formas.
Otro de los riesgos de la política que cuelga un cartel de los más buscados y celebra las filas de detenidos es convertir las capturas en el fin último y los operativos en espectáculos. El alcalde lideró hace unos meses un operativo contra plazas en el barrio Antioquia. Fue tal el éxito publicitario que unas semanas después invitó al presidente Duque para que repitieran la pantomima. A finales del año pasado la administración dijo haber capturado a 117 “cabecillas” y más de 2.600 integrantes de las 98 “estructuras criminales” que operan en la ciudad. Es muy seguro que ni el 20 % de esas capturas han terminado en condenas. La semana pasada Gutiérrez mostró con orgullo las 322 capturas en Medellín. Las 21 estaciones de policía de la ciudad tienen a más de 1.700 detenidos en calabozos que recuerdan el transporte de esclavos. En un mes se presentaron dos homicidios en la principal estación de policía. Muchas capturas y mucho escarnio no son sinónimo de justicia. Cerca del 80 % de los homicidios en la ciudad quedan impunes. El asunto es más complejo que condenar capturados en la fila de reconocimiento y señalar a los jueces.