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Recientemente me referí a dos temas que han tenido desarrollos importantes. Uno es la conveniencia de que se prorrogue el período de la Comisión de la Verdad, que vence en noviembre, pues la pandemia generó una interrupción de casi un año en muchas de sus labores, lo que significó que no disponga del tiempo suficiente para completar su trabajo con el detalle que había planeado.
El otro es la necesidad de que la Fiscalía y la justicia se pronuncien pronto sobre los señalamientos que exparamilitares han hecho de manera general ante el Tribunal de Justicia y Paz sobre las Fuerzas Armadas, a propósito de que estas les habrían suministrado a las Auc listas de personas que debían ser asesinadas, sin que hayan revelado los nombres de los acusados, lo cual hace daño a la credibilidad y al prestigio de las Fuerzas Armadas como institución.
Pues bien, en ambos temas ha habido progresos:
Por una parte, la Corte Constitucional asumió el estudio de una demanda que busca extender la duración de la Comisión de la Verdad y plantea, justamente, que no debe contabilizarse en su mandato el periodo de vigencia del estado de emergencia sanitaria. El caso está en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien admitió la demanda y solicitó conceptos al respecto tanto a expertos como a entidades gubernamentales y no gubernamentales.
Por la trayectoria de la Corte y por lo crucial del tema, esperamos que el fallo sea a favor de la prórroga de la vigencia de la Comisión de la Verdad.
Por otra parte, la justicia profirió esta semana dos sentencias importantes. De un lado, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostró en juicio que el coronel retirado del Ejército Juan Carlos Castañeda, quien se desempeñó como comandante del Batallón 44 Ramón Nonato Pérez, y el exalcalde de Casanare Flaminio Cocinero Costo “participaron en un plan criminal ejecutado por las autodefensas” de Martín Llanos contra los pobladores de Chámeza y Recetor (Casanare), y les entregaron “listados con los nombres de supuestos auxiliadores de grupos guerrilleros (…) En total, 54 habitantes fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos”. El Juzgado Único Especializado de Yopal avaló los argumentos del fiscal e impuso las penas respectivas.
De otro lado, la JEP profirió el Auto 125/21 en el que se identificó que, entre 2002 y 2005, algunos miembros del Batallón La Popa (a quienes cita con nombres y apellidos) tenían dos patrones de acciones criminales: el de relacionarse con los grupos paramilitares, en lo que se incluye el suministro de listados de personas para que fueran ejecutadas, y el de la atroz práctica de los llamados falsos positivos producidos como respuesta a las presiones por la obtención de resultados en la lucha contra la guerrilla. “Estos dos patrones permitieron a la Sala establecer la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad”, declaró el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.
Ambas sentencias son una buena noticia para las Fuerzas Armadas, pues en ellas se señalan con nombres y apellidos a los exmilitares responsables de esos crímenes y se evita, así, la generalización de la acusación que mancha a la institución como un todo.
De modo que vamos avanzando.
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Paz en la tumba de Germán Castro Caycedo, maestro del gran reportaje escrito y televisivo. Mi abrazo de condolencia muy estrecho para su esposa, Gloria Moreno, y para los demás miembros de su familia.