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Así es: uno acaba pareciéndose a quien más ha combatido. Eso es lo que le está sucediendo al presidente Iván Duque con su homólogo Nicolás Maduro: tanto criticarlo, tanto armar conspiraciones de camiones en fila (parece un chiste, pero es verdad) para tumbarlo, tanto criticar a los organismos de control de Venezuela porque están cooptados por el gobierno y no son confiables, tanto rasgarse las vestiduras porque en enero del 2020 Maduro le negó la autorización a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para ir a Venezuela a investigar la situación de los derechos humanos, ¿y Duque, por intermedio de su canciller, Marta Lucía Ramírez, acaba haciendo lo mismo? ¡No hay derecho!
Pero hay algo que hace más vergonzosa la posición de Colombia: el argumento que utilizó Maduro para rechazar la solicitud de ingreso a su país de la CIDH fue que Venezuela no pertenece a la OEA desde abril de 2019 y, por lo tanto, no tiene por qué someterse a los lineamientos de esa organización. En cambio Colombia, que no solo pertenece a la OEA, sino que la considera hoy el organismo multilateral más afín a su política, le respondió al presidente de esa entidad, Luis Almagro —quien además era uno de los más obsecuentes seguidores de la política de Trump y de Duque para América Latina (de esos, supongo yo, que le hacían eco al cuento del castrochavismo)—, que por ahora no autoriza el ingreso al país de la CIDH. “Hemos dicho que todas las visitas (son) bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar que los propios organismos de control (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría) terminen de hacer su tarea e investigar cada uno de los casos”, contestó la canciller.
Mejor dicho, en este país en el que 73 años después aún no se sabe quién ordenó asesinar a Jorge Eliécer Gaitán, donde las investigaciones por los homicidios de José Antequera, Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara, Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal y muchos más llevan enredadas más de tres décadas, y sobre el asesinato del estudiante Dilan Cruz, ocurrido en las manifestaciones de noviembre de 2019, la Fiscalía acaba de decir que a él no lo mataron sino que Dilan se le atravesó al proyectil, la canciller le responde a la OEA que la CIDH será muy bien recibida en Colombia cuando los organismos de control concluyan sus pesquisas: es decir, nunca.
Mientras tanto, el paro sigue y las manifestaciones continúan, ocurren abusos y crímenes de un lado y otro, los bloqueos desesperan a la población, los víveres escasean y se encarecen, los productores de alimentos quiebran, se mueren dos bebés que no son atendidos a tiempo porque sus ambulancias quedan detenidas por la obstrucción de las vías, la violencia aumenta, incendian el Palacio de Justicia de Tuluá... ¿y qué más? Cualquier cosa puede pasar.
No obstante, todo podría empezar a mejorar si el presidente mostrara alguna empatía con las víctimas, si les pidiera perdón, si diera el primer paso, como le sugirió Alejandro Gaviria; si en vez de disfrazarse de policía descalificara de inmediato el más mínimo abuso policial; si permitiera y además estimulara el ingreso al país de la CIDH para hacer esas investigaciones a fondo que la gente reclama en las calles y que los organismos de control, por estar cooptados por el Gobierno, no realizan. Así se podría empezar a solucionar la crisis, pero para ello sería necesario que el presidente empezara a conectarse con la realidad.
Nota. Esta columna se escribió antes de que el Gobierno, por fin, autorizara el ingreso de la CIDH.
