Durante estos casi dos años de pandemia hemos tenido que sortear, entre otras pestes, el autoritarismo policivo, la sobreinformación, las fake news y la irresponsabilidad de los antivacunas. Y aunque mucho hemos aprendido del virus y del autocuidado, todavía hoy vemos en las directrices de las autoridades contradicciones que confunden a la ciudadanía.
Si examinamos con rigor lógico algunas de ellas veremos que no se sostienen. Para entrar al país por vía aérea, por ejemplo, se exige que el pasajero tenga su dosis completa de vacunas o una prueba PCR negativa reciente. Todo parecería lógico. Pero resulta que los vacunados, aún con la dosis de refuerzo, podemos contagiar y ser contagiados. Y sé de personas vacunadas y contagiadas, asintomáticas o con síntomas leves, que con tal de no aislarse en otro país pagando siete días de hotel y una penalidad por cambio de pasaje, se embarcan enfermos en sus vuelos sin consideración con los demás. Mientras en EE. UU. y muchos otros lugares se exige a todos una prueba para entrar, aquí no pareciera importar la protección de fronteras, que fue la razón esgrimida, con toda razón, por el alto funcionario que justificó la detención y deportación de Djokovic en Australia. Pero en cambio, y de manera contradictoria, según resolución 2383 del 28 de diciembre, todos los viajeros internacionales que lleguen por vía marítima deben tener resultado negativo de la prueba RT-PCR expedido no más allá “de 72 horas antes de la fecha y hora de embarque inicialmente programada en el punto de partida”, por lo que muchos turistas no pueden bajarse de los cruceros. ¿Dónde está la coherencia?
Sabemos que los contagios con ómicron son más leves, pero, escudados en eso –“da sólo una gripa”- se han tomado medidas que parecieran obedecer únicamente a razones políticas. Por ejemplo: que los vacunados que hayan estado en contacto cercano con un contagiado no deben aislarse, que persistan los aforos completos y que las personas menores de 60 años con síntomas no tengan que hacerse pruebas (porque escasean). Sin embargo, cuando le preguntan al secretario de Gobierno, Alejandro Gómez, si la vacuna genera protección, él contesta: “Depende de los grupos de edad. Las personas mayores de 60 años y con comorbilidades, como hipertensión, diabetes y problemas cardiovasculares, etc., son las que más llegan a unidades de cuidados intensivos y nos siguen predisponiendo a tener complicaciones e incluso muertes”. (El Tiempo, viernes 14 de enero de 2022). ¿Significa eso que los viejos y las personas con comorbilidades seguimos en riesgo importante y por tanto en las mismas de antes? Con razón el doctor Luis Jorge Hernández, experto en salud pública de la Universidad de los Andes, pidió recientemente “que el gobierno sea claro con los antecedentes de vacunación de las personas que están ingresando a UCI” (El Espectador, 13 de enero).
Contradictorio es también el pico y placa que se está aplicando en Bogotá. Cuando parecía afirmarse la reactivación, a cientos de personas que dependen del carro para trabajar se les limita la movilización. Y se repleta el transporte público para que ómicron haga de las suyas. ¿Y los viejos? Que monten en bicicleta o que sigan poniendo su cuota de muertos. ¿Acaso a alguien le importa?