Con infundadas razones ambientalistas, un magistrado del Huila, apoyado en un informe de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), paralizó la operación de la represa de El Quimbo, contando con el auxilio de políticos locales, y hasta de la Corte Constitucional.
Mientras la CAM afirma que la propietaria del proyecto hidroeléctrico de El Quimbo incumplió sus cargas ambientales, las autoridades nacionales opinan lo contrario, todo porque el sector ambiental está desarticulado.
Hay que hablar claro. Las Corporaciones Autónomas Regionales son ruedas sueltas, representan politiquería y corrupción, pues sus directores son fichas de los políticos regionales, porque así lo impone su sistema de elección. Las CAR adelantan sus desprestigiadas gestiones alejadas de los criterios técnicos que deberían orientarlas, alimentando en cambio mezquinas agendas políticas locales. Todos los candidatos presidenciales han prometido eliminar o reformar las Corporaciones Autónomas Regionales, pero ya en el poder han sido inferiores al compromiso, porque ninguno gira contra su chequera en el Congreso.
En el caso de El Quimbo, la dirigencia opita se ha empeñado en enviar un mensaje nefasto a los inversionistas: no hay seguridad jurídica para la inversión, o se atiende a los gamonales, o se paralizan los proyectos, frente a lo cual no valen los ruegos y gestiones, bastante tardías e incompetentes por cierto, de los ministros de Minas y Energía y de Ambiente, y ni siquiera ha pesado el presidente, porque como allá nadie hace caso, el proyecto de El Quimbo se paralizó, pues el interés nacional es irrelevante, y mucho más el interés público que representa una obra tan urgente y necesaria para el sistema eléctrico nacional.
Si el Estado colombiano recibe demandas internacionales de protección a la inversión o de indemnización por los perjuicios sufridos, a algunos dirigentes opitas eso no les interesa; están obsesionados con hacer sentir su poder regional, cueste lo que cueste, aunque eso signifique la paralización de El Quimbo, el cual representa el 5% de la demanda energética nacional y donde se han invertido US$1.200 millones. Por supuesto que el Gobierno nacional ha sido incapaz e ineficiente en esta situación, pues de otra manera esto no hubiera sucedido; aquí se requieren ministros con capacidad de convocatoria nacional, que puedan articular eficientemente las entidades del Estado y los intereses en juego, evitando la destrucción de la industria por precarios intereses disfrazados de protección ambiental. El desastre ambiental no está en mantener la operación en El Quimbo, como lo sostienen en el Huila, sino en suspenderla, porque con ello se reduce el oxígeno en el agua, lo que impactaría la actividad piscícola aguas abajo del embalse, especialmente en Betania. Y esto tan claro no les inquieta a los mandamases huilenses.
Incomprensible también que la Corte Constitucional, que en otras ocasiones ha tomado decisiones en función de solucionar crisis, esta vez haya decretado la inexequibilidad del decreto de emergencia económica que ordenó llenar la represa del Quimbo, para enmendar el yerro del Tribunal Administrativo del Huila, adoptado con base en informes infundados de la CAM. Por cuenta de esa decisión, estamos abocados a no contar con esta importante represa, lo cual pone en riesgo de apagón parte del país. Unas veces la Corte a su antojo legisla, usurpa funciones del Congreso y del Ejecutivo, pero cuando se necesita su intervención para remediar una situación que puede resultar catastrófica, entonces opta por privilegiar las formas antes que la sustancia.
Este enredo hay que apuntarlo a la cuenta inagotable de los ambientalistas extremos, que están ad portas de dejar en las tinieblas a quienes tienen derecho a vivir como ellos y el resto de los mortales. Y notifico a la canalla ambientalista que ni mi familia ni el suscrito tenemos intereses profesionales o personales en El Quimbo.
Adenda. Con la vara que mides serás medido. Seguramente el senador Uribe sentirá rabia, indignación e impotencia al sentirse “chuzado” y seguido, como nos ocurrió a muchos durante su gobierno.
notasdebuhardilla@hotmail.com
Con infundadas razones ambientalistas, un magistrado del Huila, apoyado en un informe de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), paralizó la operación de la represa de El Quimbo, contando con el auxilio de políticos locales, y hasta de la Corte Constitucional.
Mientras la CAM afirma que la propietaria del proyecto hidroeléctrico de El Quimbo incumplió sus cargas ambientales, las autoridades nacionales opinan lo contrario, todo porque el sector ambiental está desarticulado.
Hay que hablar claro. Las Corporaciones Autónomas Regionales son ruedas sueltas, representan politiquería y corrupción, pues sus directores son fichas de los políticos regionales, porque así lo impone su sistema de elección. Las CAR adelantan sus desprestigiadas gestiones alejadas de los criterios técnicos que deberían orientarlas, alimentando en cambio mezquinas agendas políticas locales. Todos los candidatos presidenciales han prometido eliminar o reformar las Corporaciones Autónomas Regionales, pero ya en el poder han sido inferiores al compromiso, porque ninguno gira contra su chequera en el Congreso.
En el caso de El Quimbo, la dirigencia opita se ha empeñado en enviar un mensaje nefasto a los inversionistas: no hay seguridad jurídica para la inversión, o se atiende a los gamonales, o se paralizan los proyectos, frente a lo cual no valen los ruegos y gestiones, bastante tardías e incompetentes por cierto, de los ministros de Minas y Energía y de Ambiente, y ni siquiera ha pesado el presidente, porque como allá nadie hace caso, el proyecto de El Quimbo se paralizó, pues el interés nacional es irrelevante, y mucho más el interés público que representa una obra tan urgente y necesaria para el sistema eléctrico nacional.
Si el Estado colombiano recibe demandas internacionales de protección a la inversión o de indemnización por los perjuicios sufridos, a algunos dirigentes opitas eso no les interesa; están obsesionados con hacer sentir su poder regional, cueste lo que cueste, aunque eso signifique la paralización de El Quimbo, el cual representa el 5% de la demanda energética nacional y donde se han invertido US$1.200 millones. Por supuesto que el Gobierno nacional ha sido incapaz e ineficiente en esta situación, pues de otra manera esto no hubiera sucedido; aquí se requieren ministros con capacidad de convocatoria nacional, que puedan articular eficientemente las entidades del Estado y los intereses en juego, evitando la destrucción de la industria por precarios intereses disfrazados de protección ambiental. El desastre ambiental no está en mantener la operación en El Quimbo, como lo sostienen en el Huila, sino en suspenderla, porque con ello se reduce el oxígeno en el agua, lo que impactaría la actividad piscícola aguas abajo del embalse, especialmente en Betania. Y esto tan claro no les inquieta a los mandamases huilenses.
Incomprensible también que la Corte Constitucional, que en otras ocasiones ha tomado decisiones en función de solucionar crisis, esta vez haya decretado la inexequibilidad del decreto de emergencia económica que ordenó llenar la represa del Quimbo, para enmendar el yerro del Tribunal Administrativo del Huila, adoptado con base en informes infundados de la CAM. Por cuenta de esa decisión, estamos abocados a no contar con esta importante represa, lo cual pone en riesgo de apagón parte del país. Unas veces la Corte a su antojo legisla, usurpa funciones del Congreso y del Ejecutivo, pero cuando se necesita su intervención para remediar una situación que puede resultar catastrófica, entonces opta por privilegiar las formas antes que la sustancia.
Este enredo hay que apuntarlo a la cuenta inagotable de los ambientalistas extremos, que están ad portas de dejar en las tinieblas a quienes tienen derecho a vivir como ellos y el resto de los mortales. Y notifico a la canalla ambientalista que ni mi familia ni el suscrito tenemos intereses profesionales o personales en El Quimbo.
Adenda. Con la vara que mides serás medido. Seguramente el senador Uribe sentirá rabia, indignación e impotencia al sentirse “chuzado” y seguido, como nos ocurrió a muchos durante su gobierno.
notasdebuhardilla@hotmail.com