Bienvenido a Colombia. Convencido de que una carta de este servidor al Fiscal colombiano terminaría en la basura o en el olvido, le escribo a usted, Señor Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), para compartirle algunas preocupaciones.
Empiezo por señalarle que veo con sorpresa que la CPI no tenga un funcionario permanente en Colombia, como lo permite el Estatuto de Roma, cuando por razón de todo lo grave que aquí está ocurriendo en materias de su competencia, muchos temas deberían ser abordados personalmente, no a través de la ampulosa correspondencia oficial.
¿Sabe usted, Señor Fiscal, que con ocasión de su comunicación del 18 de junio a nuestro embajador en La Haya, en la que formuló requerimiento al gobierno colombiano para que le informara cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, la Cancillería colombiana trasladó su solicitud a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en términos que suscitaron inquietud grande?
Sí, doctor Moreno, es probable que a estas alturas esté enterado de que el Gobierno colombiano inicialmente no le entregó su carta a la CSJ, ni tampoco los informes y documentos remitidos por usted, sino que el 10 de julio de 2008 la Cancillería le envió un resumen de su nota, obviamente editado. En otras palabras, de su carta le llegó a la CSJ lo que buenamente interpretaron en la Cancillería. Fue necesario que la CSJ reclamara para que le hicieran llegar su carta y anexos.
Hay más datos del interés de la CPI, frente a los cuales los ciudadanos estamos viendo impotentes lo que ocurre a nuestro alrededor.
Se habrá enterado, Señor Fiscal, que el Gobierno lidera una feroz campaña de desprestigio contra la CSJ, precisamente cuando ésta adelanta los procesos por la denominada parapolítica contra congresistas, en su mayoría miembros de los partidos oficialistas. Nunca antes en la historia se había visto a un mandatario enfrentado con tan alta corporación judicial, ni se le habían escuchado adjetivos tan severos respecto de la justicia, como la de calificarla de “golpista”, o acusarla de obrar con “sesgo político”, o la de sindicar a los magistrados de simpatizar con las Farc, entre otras graves y mentirosas sindicaciones.
A eso se suman episodios tan confusos, como la acusación que el presidente Uribe lanzó contra el magistrado auxiliar de la CSJ que adelanta las investigaciones por la parapolítica, fundado en el dicho de un delincuente, alias Tasmania, que después se retractó. O la insólita grabación de una conversación con un técnico judicial que a sus espaldas realizó la presidenta del Congreso, también militante uribista.
Si alguien de la CPI habitara en estas tierras, usted percibiría el ambiente hostil en el que la CSJ tramita los procesos por la parapolítica, y le podría informar que ahora varios de los congresistas que habían prometido no hacerlo, están renunciando a sus fueros como parlamentarios para que sus litigios sean trasladados a la Fiscalía, donde esperan contar con la buena estrella que ya alumbró a varios de sus colegas.
De tener un subalterno en Bogotá, él lo enteraría también de cómo el Gobierno ejerce su inmenso poder para que sus amigos y aliados sean nombrados en las Altas Cortes, todo dentro de una calculada estrategia para apoderarse de la Rama Judicial, mientras el Presidente asegura su propia reelección.
En fin, Señor Fiscal, comprendo que sus múltiples ocupaciones le impidan responderme esta respetuosa nota. Lo que sí le pido, en nombre de muchos compatriotas que estamos expuestos a la furia oficial, es que al menos estas reflexiones no le resulten indiferentes.
~~~
Adenda.- Increíble que Uribe pretenda encarcelar ahora al periodista Daniel Coronell, porque destapó la yidispolítica. Su secretario jurídico haría bien en explicarle que de acuerdo con el artículo 441 del Código Penal, un particular no está obligado a denunciar el cohecho, menos si es periodista, porque lo protege el secreto profesional previsto en el artículo 74 de la Constitución y en la Ley de Prensa. Soplan vientos de dictadura.
Bienvenido a Colombia. Convencido de que una carta de este servidor al Fiscal colombiano terminaría en la basura o en el olvido, le escribo a usted, Señor Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), para compartirle algunas preocupaciones.
Empiezo por señalarle que veo con sorpresa que la CPI no tenga un funcionario permanente en Colombia, como lo permite el Estatuto de Roma, cuando por razón de todo lo grave que aquí está ocurriendo en materias de su competencia, muchos temas deberían ser abordados personalmente, no a través de la ampulosa correspondencia oficial.
¿Sabe usted, Señor Fiscal, que con ocasión de su comunicación del 18 de junio a nuestro embajador en La Haya, en la que formuló requerimiento al gobierno colombiano para que le informara cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, la Cancillería colombiana trasladó su solicitud a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en términos que suscitaron inquietud grande?
Sí, doctor Moreno, es probable que a estas alturas esté enterado de que el Gobierno colombiano inicialmente no le entregó su carta a la CSJ, ni tampoco los informes y documentos remitidos por usted, sino que el 10 de julio de 2008 la Cancillería le envió un resumen de su nota, obviamente editado. En otras palabras, de su carta le llegó a la CSJ lo que buenamente interpretaron en la Cancillería. Fue necesario que la CSJ reclamara para que le hicieran llegar su carta y anexos.
Hay más datos del interés de la CPI, frente a los cuales los ciudadanos estamos viendo impotentes lo que ocurre a nuestro alrededor.
Se habrá enterado, Señor Fiscal, que el Gobierno lidera una feroz campaña de desprestigio contra la CSJ, precisamente cuando ésta adelanta los procesos por la denominada parapolítica contra congresistas, en su mayoría miembros de los partidos oficialistas. Nunca antes en la historia se había visto a un mandatario enfrentado con tan alta corporación judicial, ni se le habían escuchado adjetivos tan severos respecto de la justicia, como la de calificarla de “golpista”, o acusarla de obrar con “sesgo político”, o la de sindicar a los magistrados de simpatizar con las Farc, entre otras graves y mentirosas sindicaciones.
A eso se suman episodios tan confusos, como la acusación que el presidente Uribe lanzó contra el magistrado auxiliar de la CSJ que adelanta las investigaciones por la parapolítica, fundado en el dicho de un delincuente, alias Tasmania, que después se retractó. O la insólita grabación de una conversación con un técnico judicial que a sus espaldas realizó la presidenta del Congreso, también militante uribista.
Si alguien de la CPI habitara en estas tierras, usted percibiría el ambiente hostil en el que la CSJ tramita los procesos por la parapolítica, y le podría informar que ahora varios de los congresistas que habían prometido no hacerlo, están renunciando a sus fueros como parlamentarios para que sus litigios sean trasladados a la Fiscalía, donde esperan contar con la buena estrella que ya alumbró a varios de sus colegas.
De tener un subalterno en Bogotá, él lo enteraría también de cómo el Gobierno ejerce su inmenso poder para que sus amigos y aliados sean nombrados en las Altas Cortes, todo dentro de una calculada estrategia para apoderarse de la Rama Judicial, mientras el Presidente asegura su propia reelección.
En fin, Señor Fiscal, comprendo que sus múltiples ocupaciones le impidan responderme esta respetuosa nota. Lo que sí le pido, en nombre de muchos compatriotas que estamos expuestos a la furia oficial, es que al menos estas reflexiones no le resulten indiferentes.
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Adenda.- Increíble que Uribe pretenda encarcelar ahora al periodista Daniel Coronell, porque destapó la yidispolítica. Su secretario jurídico haría bien en explicarle que de acuerdo con el artículo 441 del Código Penal, un particular no está obligado a denunciar el cohecho, menos si es periodista, porque lo protege el secreto profesional previsto en el artículo 74 de la Constitución y en la Ley de Prensa. Soplan vientos de dictadura.