:format(jpeg)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elespectador/c7b77b52-2ac1-4191-bf27-8f685c93f58c.png){kind=small}
Tiene razón Sergio Jaramillo, el ex alto comisionado de Paz, cuando en reciente entrevista afirma que era impensable que en un gobierno del Centro Democrático —como el del subpresidente Duque, así hoy se proclame de “extremo centro”— pudieran presentarse tantas falencias en seguridad que amenazan hasta el proceso de paz con las Farc.
Va quedando claro que los gestores de la Seguridad Democrática, los mismos que se ufanan de haber vencido a la insurgencia, no se las saben todas. No solo por el desastre de la seguridad en la implementación del proceso de paz, sino además por las peligrosas señales de anarquía que asoman en la Fuerza Pública, de las cuales no tuvimos noticia ni siquiera cuando se sublevaron los generales en épocas de Andrés Pastrana y del ministerio del reyezuelo Rodrigo Lloreda.
Todo empezó desde el mismo instante en que Duque incurrió en el indigno yerro de entregarle las Fuerzas Militares y la Policía al presidente eterno, para que desde la sombra gobernara en las guarniciones militares y dispusiera un destino azaroso para la inteligencia. El primer ministro de Defensa, Guillermo Botero, sembró el caos en el mundo castrense y por eso tuvo que irse por la puerta de atrás, luego del inmenso daño que aún hoy sigue causando estragos.
Y ya en tiempos de Carlos Holmes Trujillo la situación se ha agravado, tanto en la Policía como en las Fuerzas Militares.
En primer término, no habíamos asistido al espectáculo de que en la cúpula de la Policía hubiese un enfrentamiento público entre sus generales. Un gobierno que controle la Policía, como tiene que suceder en una democracia, no puede darse el lujo de que el director de la institución quede en entredicho por una investigación adelantada en la Inspección General. Aun admitiendo que el general Atehortúa resulte inocente de los cargos en su contra por la construcción de unas casas en el Tolima, el solo hecho de que un subalterno lo cuestione es perturbador.
Pero si en la Policía llueve, en las Fuerzas Militares no escampa, pues el último suceso protagonizado por el retiro voluntario de Pedro Javier Rojas Guevara, coronel del Ejército, es más alarmante.
En efecto, el coronel Rojas decidió pedir su baja alegando que perdió confianza en el alto mando, porque “hay división y crisis de liderazgo”. No se trató de una simple pataleta de un oficial menor, sino de quien como coronel tenía bajo su responsabilidad la dirección del Centro de Doctrina del Ejército Nacional.
La molestia del coronel Rojas no es injustificada. En el Ejército se adoptó como doctrina para el posconflicto el plan denominado Damasco, que supuestamente es la carta de navegación de su modernización. El renunciado coronel no lanzó un globo al aire, sino que con nombre propio y de manera directa sindicó al comandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro, de liderar el marchitamiento de Damasco. En plata blanca, lo que ha quedado al descubierto es que el agresivo general Zapateiro, quien se posesionó con gritos y actitudes destempladas, está ejecutando una directriz política que haga fracasar la modernización del Ejército diseñada para los tiempos de paz. Eso interpreta el más recalcitrante uribismo.
Si un coronel pone en duda el liderazgo de su general, eso puede terminar en lo más parecido a una revuelta. ¿Quién pone orden en el Ejército? El asunto no es una discrepancia menor entre oficiales, sino el deterioro de los elementos para que no se descarrile la democracia.
El país no puede darse el lujo de que en la Policía y en el Ejército la autoridad de sus generales no la acaten ni sus soldados. Además de Atehortúa, Zapateiro y Carlos Holmes Trujillo, hay otro que sobra y debe irse, cuanto antes mejor, no vaya a ser que un día de estos sea imparable un alzamiento colectivo.
Adenda No 1. Se avizoran días inciertos con el anuncio estadounidense de que fracasó la lucha contra las drogas ilícitas del Plan Colombia. A ver si Duque esta vez entiende pronto el mensaje y deja las boberías que ha salido a decir para cuando oficie como presentador de su aburrido y abusivo programa diario de televisión.
Adenda No 2. Que el Consejo de Estado haya declarado responsable al Estado del montaje judicial de la Fiscalía contra un almirante confirma que la justicia perseguidora y militante política siempre cae.