El problema de Alejandro Ordóñez no es solamente que con artimañas propias de un rábula y no de un procurador haya obstaculizado el proceso de nulidad de su reelección, lo cual ya le mereció una reprimenda de sus jueces.
Ordóñez no es el único que ha dilatado ese accidentado proceso, sino algunos de sus amigos del Consejo de Estado, a través del mecanismo de pedir el expediente para examinar las pruebas, al que ya acudieron dos de sus cercanos y lo harán otros más en los próximos días. Increíble que después de tres años y medio de duración del proceso, todavía algunos togados no conozcan el expediente. En su empeño de evitar un fallo, a Ordóñez sólo le ha importado su personal situación, y no el buen nombre del Consejo de Estado.
Mientras se dilata ese trámite judicial, con recusaciones, recursos, nulidades y argucias de dudosa estirpe ética, silenciosamente Ordóñez viene ejecutando un plan siniestro que le permitirá recomponer sus fuerzas en el Consejo de Estado.
La maniobra desnuda de cuerpo entero la corruptela en la administración de justicia, que se hace posible gracias a las sórdidas jugadas que se tejen en la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura para la elaboración de las listas de candidatos a magistrados del Consejo de Estado. En efecto, da la casualidad que en las listas de aspirantes a esta corporación elaboradas recientemente, vienen incluidos nombres de abogados procedentes de la Procuraduría, reconocidos amigos del procurador o aliados en sus peligrosas aventuras religiosas. Ya varios exprocuradores tienen asiento en el Consejo de Estado y, si todo sale “bien”, en unos días Ordóñez podría convertir en consejeros a personas de su entorno familiar, ideológico y político como los procuradores María Eugenia Carreño, María Patricia Ariza Velasco, Francisco Manuel Escobar, Luz Patricia Trujillo Marín, para solo mencionar unos pocos nombres.
De concretarse esta emboscada, en los próximos días Ordóñez tendría mayoría plena en el Consejo de Estado, asegurada su continuidad en el cargo hasta el fin de su período, y lo que es aún más grave, podría inclusive incidir para que esta corporación designara como candidato a sucederlo a otro de los suyos. Es el carrusel del “yo te elijo, tú me eliges y entre todos nos elegimos”.
Pero allí no paran las desgracias. Después de muchas vicisitudes, la Procuraduría viene tratando de cumplir la decisión de la Corte Constitucional que le impuso la obligación de proveer determinados cargos por concurso y no a dedo. Aquí la gran protagonista es la Universidad de Pamplona en Norte de Santander, encargada de preparar los exámenes de los concursos para procuradores y funcionarios judiciales.
Lo primero que hay para preguntarse es: ¿cómo la Universidad de Pamplona asume semejante responsabilidad de examinar a futuros jueces y procuradores, si a duras penas tiene una incipiente facultad de Derecho con muy pocos egresados? ¿Por qué no se contrató a la Universidad Nacional? Lo cierto es que hoy la transparencia de esos exámenes está en duda, porque se habrían filtrado varios de esos cuestionarios, no propiamente por descuido. Es increíble que jueces, magistrados y procuradores estén siendo seleccionados por una Universidad inexperta, solo porque en el gobierno de Uribe gozó de las mieles de la contratación pública, sin que se sepa la razón de esa preferencia, aunque en todo caso se sospecha.
Nadie cree en el proceso de selección de los procuradores, no sólo por la filtración previa de los cuestionarios, sino porque la Procuraduría no ha revelado los resultados de las pruebas. Cuando este concurso termine, estarán en carrera administrativa cercanos amigos del procurador, que por tanto se harán inamovibles en sus empleos, a los cuales muchos de ellos accedieron porque la poderosa cónyuge de Ordóñez, Beatriz Hernández, la gran nominadora, sabe mover sus fichas e influencias también en este escenario.
Mientras Ordóñez corrompe todo a su alrededor, a él nada puede pasarle.
Adenda. Si la firma de la paz fuese en Bogotá, desde luego que el sitio indiscutible para ese acto tiene que ser la Universidad Nacional.
notasdebuhardilla@hotmail.com
El problema de Alejandro Ordóñez no es solamente que con artimañas propias de un rábula y no de un procurador haya obstaculizado el proceso de nulidad de su reelección, lo cual ya le mereció una reprimenda de sus jueces.
Ordóñez no es el único que ha dilatado ese accidentado proceso, sino algunos de sus amigos del Consejo de Estado, a través del mecanismo de pedir el expediente para examinar las pruebas, al que ya acudieron dos de sus cercanos y lo harán otros más en los próximos días. Increíble que después de tres años y medio de duración del proceso, todavía algunos togados no conozcan el expediente. En su empeño de evitar un fallo, a Ordóñez sólo le ha importado su personal situación, y no el buen nombre del Consejo de Estado.
Mientras se dilata ese trámite judicial, con recusaciones, recursos, nulidades y argucias de dudosa estirpe ética, silenciosamente Ordóñez viene ejecutando un plan siniestro que le permitirá recomponer sus fuerzas en el Consejo de Estado.
La maniobra desnuda de cuerpo entero la corruptela en la administración de justicia, que se hace posible gracias a las sórdidas jugadas que se tejen en la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura para la elaboración de las listas de candidatos a magistrados del Consejo de Estado. En efecto, da la casualidad que en las listas de aspirantes a esta corporación elaboradas recientemente, vienen incluidos nombres de abogados procedentes de la Procuraduría, reconocidos amigos del procurador o aliados en sus peligrosas aventuras religiosas. Ya varios exprocuradores tienen asiento en el Consejo de Estado y, si todo sale “bien”, en unos días Ordóñez podría convertir en consejeros a personas de su entorno familiar, ideológico y político como los procuradores María Eugenia Carreño, María Patricia Ariza Velasco, Francisco Manuel Escobar, Luz Patricia Trujillo Marín, para solo mencionar unos pocos nombres.
De concretarse esta emboscada, en los próximos días Ordóñez tendría mayoría plena en el Consejo de Estado, asegurada su continuidad en el cargo hasta el fin de su período, y lo que es aún más grave, podría inclusive incidir para que esta corporación designara como candidato a sucederlo a otro de los suyos. Es el carrusel del “yo te elijo, tú me eliges y entre todos nos elegimos”.
Pero allí no paran las desgracias. Después de muchas vicisitudes, la Procuraduría viene tratando de cumplir la decisión de la Corte Constitucional que le impuso la obligación de proveer determinados cargos por concurso y no a dedo. Aquí la gran protagonista es la Universidad de Pamplona en Norte de Santander, encargada de preparar los exámenes de los concursos para procuradores y funcionarios judiciales.
Lo primero que hay para preguntarse es: ¿cómo la Universidad de Pamplona asume semejante responsabilidad de examinar a futuros jueces y procuradores, si a duras penas tiene una incipiente facultad de Derecho con muy pocos egresados? ¿Por qué no se contrató a la Universidad Nacional? Lo cierto es que hoy la transparencia de esos exámenes está en duda, porque se habrían filtrado varios de esos cuestionarios, no propiamente por descuido. Es increíble que jueces, magistrados y procuradores estén siendo seleccionados por una Universidad inexperta, solo porque en el gobierno de Uribe gozó de las mieles de la contratación pública, sin que se sepa la razón de esa preferencia, aunque en todo caso se sospecha.
Nadie cree en el proceso de selección de los procuradores, no sólo por la filtración previa de los cuestionarios, sino porque la Procuraduría no ha revelado los resultados de las pruebas. Cuando este concurso termine, estarán en carrera administrativa cercanos amigos del procurador, que por tanto se harán inamovibles en sus empleos, a los cuales muchos de ellos accedieron porque la poderosa cónyuge de Ordóñez, Beatriz Hernández, la gran nominadora, sabe mover sus fichas e influencias también en este escenario.
Mientras Ordóñez corrompe todo a su alrededor, a él nada puede pasarle.
Adenda. Si la firma de la paz fuese en Bogotá, desde luego que el sitio indiscutible para ese acto tiene que ser la Universidad Nacional.
notasdebuhardilla@hotmail.com