Aborto y desigualdad: la Corte nivela la cancha para las mujeres

Las mujeres que abortan en Colombia son diversas. Son mujeres que acaban de terminar una maestría o niñas que recién empiezan al bachillerato. Mujeres gerentes, emprendedoras o mujeres en busca de empleo. Mujeres que aún no quieren tener hijos o mujeres que ya los tienen. Mujeres que llevan el pañuelo verde en sus muñecas o mujeres que prefieren no opinar públicamente sobre este tema. Mujeres de ciudad o mujeres que toda su vida han vivido en el campo. Mujeres que guían su vida a partir de una fuerte fe católica o mujeres que no se identifican con una religión particular. Son víctimas de abusos, pero también mujeres que tienen relaciones sanas. Son mujeres que ya habían abortado o mujeres que nunca pensaron que lo harían. Las mujeres que por cualquier circunstancia deciden no llevar un embarazo nos representan, de una u otra forma, a todas. Así lo deja en claro el video que viene circulando en redes del movimiento ‘Causa justa por el aborto’.

Pese a esta diversidad, la experiencia del aborto no es la misma para todas las mujeres. Precisamente, una de las razones que llevó a la Corte Constitucional a despenalizar el aborto en las primeras 24 semanas es el acceso desigual que la criminalización de éste genera. Es un hecho que solo un pequeño grupo de mujeres logra abortar de manera segura, en centros médicos seguros, asesoradas médica y legalmente, y con una red de apoyo emocional. El resto de mujeres colombianas ha abortado en la clandestinidad, en precarias condiciones sanitarias, con miedo a represalias, sin apoyo legal que las asesore ante un proceso judicial, y sin atención o apoyo psicológico.

El fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto tiene el potencial de reducir estas desigualdades, salvando a las 70 mujeres que fallecen cada año en el país por complicaciones derivadas de abortos inseguros y/o clandestinos, y que en su mayoría son de bajos ingresos. El fallo tiene el potencial de que más de 400 mujeres cada año dejen de ser perseguidas por la Fiscalía por acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (de nuevo, principalmente mujeres de bajos ingresos y que viven en la ruralidad). A su vez, el fallo tiene el potencial de romper las trampas de pobreza y desigualdad que se gestan con el embarazo adolescente, en un país donde en un solo año (2020) 4.268 niñas entre 10 y 14 años y 109.823 entre 15 y 19 años quedaron en embarazo. Estas niñas y adolescentes tendrán la oportunidad, si así lo deciden, de acceder a un aborto seguro y libre de estigma.

Detrás de estas cifras que evidencian las problemáticas y desigualdades que se dan alrededor del aborto, subyacen un sinnúmero de fallas de nuestro sistema social y económico. Fallas que además se reproducen y extienden entre generaciones de colombianas.

Es cierto que esta decisión histórica está lejos de resolver la carencia de otros derechos sociales. El fallo no desconoce que aún quedan enormes retos en materia de educación sexual y reproductiva, acceso a métodos anticonceptivos, asistencia psicosocial y acceso al sistema judicial. Aun así, la descriminalización del aborto es un paso en la dirección correcta. Con ello dejaremos atrás un delito que no previene la ocurrencia del aborto (los abortos igual ocurren), y que termina facilitando la reproducción de fallas, estigmas y prácticas que reproducen las desigualdades en nuestro país.

No podemos negar que la decisión de la Corte Constitucional es un paso en el reconocimiento de los derechos de la mujer, y en la lucha por las desigualdades en Colombia. Y que quede claro: esta no es una decisión que promueva el aborto; es una decisión que reconoce lo que sucede en la clandestinidad, donde las principales víctimas son las mujeres y niñas más vulnerables. Es una decisión que reafirma el derecho a la igualdad, de modo que nuestras oportunidades de decidir sobre nuestros cuerpos y futuros, no dependa de nuestras condiciones socioeconómicas. Es un paso a re-imaginar caminos de equidad.

Este escrito se publica en el marco del proyecto Re-imaginemos, un proyecto para re-imaginar caminos de equidad en Colombia, en el cual participan 150 jóvenes académicos, artistas, activistas, víctimas y demás personas de diferentes perfiles y saberes.

Síguenos en IG @reimaginemos.colombia o Twitter @reimaginemos para leer nuestras columnas semanales, oír nuestro podcast y conocer las piezas artísticas que elaboramos semana a semana.

Coautores: Pamela Góngora, economista candidata a PhD en salud poblacional y Johnattan García, abogado experto en salud.

Editora: Allison Benson, Economista, PhD en Desarrollo Internacional

Las mujeres que abortan en Colombia son diversas. Son mujeres que acaban de terminar una maestría o niñas que recién empiezan al bachillerato. Mujeres gerentes, emprendedoras o mujeres en busca de empleo. Mujeres que aún no quieren tener hijos o mujeres que ya los tienen. Mujeres que llevan el pañuelo verde en sus muñecas o mujeres que prefieren no opinar públicamente sobre este tema. Mujeres de ciudad o mujeres que toda su vida han vivido en el campo. Mujeres que guían su vida a partir de una fuerte fe católica o mujeres que no se identifican con una religión particular. Son víctimas de abusos, pero también mujeres que tienen relaciones sanas. Son mujeres que ya habían abortado o mujeres que nunca pensaron que lo harían. Las mujeres que por cualquier circunstancia deciden no llevar un embarazo nos representan, de una u otra forma, a todas. Así lo deja en claro el video que viene circulando en redes del movimiento ‘Causa justa por el aborto’.

Pese a esta diversidad, la experiencia del aborto no es la misma para todas las mujeres. Precisamente, una de las razones que llevó a la Corte Constitucional a despenalizar el aborto en las primeras 24 semanas es el acceso desigual que la criminalización de éste genera. Es un hecho que solo un pequeño grupo de mujeres logra abortar de manera segura, en centros médicos seguros, asesoradas médica y legalmente, y con una red de apoyo emocional. El resto de mujeres colombianas ha abortado en la clandestinidad, en precarias condiciones sanitarias, con miedo a represalias, sin apoyo legal que las asesore ante un proceso judicial, y sin atención o apoyo psicológico.

El fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto tiene el potencial de reducir estas desigualdades, salvando a las 70 mujeres que fallecen cada año en el país por complicaciones derivadas de abortos inseguros y/o clandestinos, y que en su mayoría son de bajos ingresos. El fallo tiene el potencial de que más de 400 mujeres cada año dejen de ser perseguidas por la Fiscalía por acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (de nuevo, principalmente mujeres de bajos ingresos y que viven en la ruralidad). A su vez, el fallo tiene el potencial de romper las trampas de pobreza y desigualdad que se gestan con el embarazo adolescente, en un país donde en un solo año (2020) 4.268 niñas entre 10 y 14 años y 109.823 entre 15 y 19 años quedaron en embarazo. Estas niñas y adolescentes tendrán la oportunidad, si así lo deciden, de acceder a un aborto seguro y libre de estigma.

Detrás de estas cifras que evidencian las problemáticas y desigualdades que se dan alrededor del aborto, subyacen un sinnúmero de fallas de nuestro sistema social y económico. Fallas que además se reproducen y extienden entre generaciones de colombianas.

Es cierto que esta decisión histórica está lejos de resolver la carencia de otros derechos sociales. El fallo no desconoce que aún quedan enormes retos en materia de educación sexual y reproductiva, acceso a métodos anticonceptivos, asistencia psicosocial y acceso al sistema judicial. Aun así, la descriminalización del aborto es un paso en la dirección correcta. Con ello dejaremos atrás un delito que no previene la ocurrencia del aborto (los abortos igual ocurren), y que termina facilitando la reproducción de fallas, estigmas y prácticas que reproducen las desigualdades en nuestro país.

No podemos negar que la decisión de la Corte Constitucional es un paso en el reconocimiento de los derechos de la mujer, y en la lucha por las desigualdades en Colombia. Y que quede claro: esta no es una decisión que promueva el aborto; es una decisión que reconoce lo que sucede en la clandestinidad, donde las principales víctimas son las mujeres y niñas más vulnerables. Es una decisión que reafirma el derecho a la igualdad, de modo que nuestras oportunidades de decidir sobre nuestros cuerpos y futuros, no dependa de nuestras condiciones socioeconómicas. Es un paso a re-imaginar caminos de equidad.

Este escrito se publica en el marco del proyecto Re-imaginemos, un proyecto para re-imaginar caminos de equidad en Colombia, en el cual participan 150 jóvenes académicos, artistas, activistas, víctimas y demás personas de diferentes perfiles y saberes.

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Coautores: Pamela Góngora, economista candidata a PhD en salud poblacional y Johnattan García, abogado experto en salud.

Editora: Allison Benson, Economista, PhD en Desarrollo Internacional