Hace veintiséis años fue asesinado en Medellín el abogado, humanista y defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Se había comprometido en denuncias de alta peligrosidad, como las de detectar que en la masacre del Aro, ocurrida en 1997, participaron miembros del Ejército. El crimen había quedado, como tantos otros en un país de violencia e impunidades, en la oscuridad. En noviembre pasado, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, en sesiones reservadas ante la JEP, vinculó al expresidente Álvaro Uribe en la masacre del Aro y el asesinato de Valle.
Mancuso, uno de los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia, advirtió, en medio de expectativas y nerviosismo, según un informe de Cambio y Vorágine, que se han asesinado a quince testigos que han hablado en contra de Uribe. O sea que los que quedaron fuera del camino eran, desde la perspectiva del “señor de las sombras”, “buenos muertos”. Mancuso, un reconocido criminal, dijo que temía y se angustiaba por la seguridad de su familia tras haber declarado que Uribe estaba implicado en la masacre del Aro y en el crimen del abogado.
“Está vinculado (Uribe) a una reunión donde estuvo Carlos Castaño con el secretario de Gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno (…) Pedro Juan pidió básicamente que se ejecutara esta acción porque el defensor de derechos humanos estaba atacando de manera frontal tanto a Uribe como a él, y al general Carlos Alberto Ospina y a otro general que no me acuerdo en este momento”, dijo Mancuso. Revelaciones de terremoto, que ya en muchos ámbitos se presumían. Pero se callaban.
El excomandante paramilitar dijo en ese mismo sentido que Pedro Juan Moreno era quien llevaba las orientaciones de Uribe a los paramilitares, y una de esas “orientaciones” era la de la comisión de la masacre del Aro, un corregimiento de Ituango, al norte de Antioquia. Como se sabe, Moreno, que después se peleó con su exjefe Uribe, murió en un accidente de helicóptero el 24 de febrero de 2006.
Este país, de incalculables barbaridades, espera que, con el aporte de un testigo como Mancuso, se resuelvan, al menos para que pasen a los anales de la historia de la infamia, tantas autorías de masacres, de arrasamiento de tierras, de espantosos desplazamientos forzados en tantas veredas y poblaciones. Han sido abundantes las víctimas de un largo conflicto (se recuerda que en el gobierno de Uribe se negaba la existencia de un conflicto armado interno), que, al menos, después de tantas muertes y despojos, se aspira a que en la memoria histórica queden registrados los nombres de los asesinos. No solo como escarmiento, sino como una posibilidad de “no repetición”.
Desde finales de los setenta, el paramilitarismo emergió, con pequeños ejércitos, en regiones como el Magdalena Medio, tal como acaeció con las autodefensas de Ramón Isaza. Creció y se multiplicó como un cáncer, se tornó un proyecto político de terratenientes y ganaderos, de bandidos a granel, de dirigentes civiles y eclesiásticos, hasta configurar un enorme corriente criminal, aliada, además, con el narcotráfico. Constituyeron un “paraestado”, con ramadas que después desembocarán en la parapolítica, con relaciones con el ejército, con industriales, con el que una vez Carlos Castaño denominó el “Grupo de los Seis”, en el que, sin identificarlos, señaló como miembros de las élites todopoderosas.
En los ochenta y noventa, con masacres a montón, ya eran una fuerza que copaba casi todo el país. Y hasta colaboraron con las políticas neoliberales, con el marchitamiento de empresas públicas, con privatizaciones y todo lo que, hasta hoy, ha sido una ruina para la industria nacional y el mercado interno. Se coligaron con mafiosos y articularon una mazamorra sangrienta de legalidad e ilegalidad. El paramilitarismo, aupado por el ejército y otras fuerzas estatales, buscó respaldos populares para fungir de salvadores y “mesías”, e hizo creer que algunos podían volver a sus fincas, gracias a sus gestiones de control, vigilancia y, claro, matanzas.
Y a todas estas, Mancuso, ahora gestor de paz del gobierno, puso de rodillas al Congreso, que, babeando ante su presencia, lo aplaudió a rabiar el 28 de julio de 2004. En esa jornada humillante declaró que el paramilitarismo era una “epopeya de libertad de la nación” y por eso había que “tomar medidas excepcionales para liberar nuestro suelo del azote guerrillero”. Ante estas circunstancias, el entonces presidente Uribe dijo que no estaba mal “darles unas pruebitas de democracia”. Para muchos era un privilegio tener allí a un delincuente, acusado de la comisión de más de sesenta mil asesinatos.
En las elecciones de 2002 (que ganó Uribe), los paramilitares aportaron dos mil millones de pesos y, según Mancuso, le pusieron a Uribe trescientos mil votos. El exparaco cordobés, ahora en la JEP, gracias a su canto, tiene en vilo al país, y lleno de nervios a un expresidente. Puede ser que, como dice el diccionario del Quijote, a Mancuso lo sigan llamando el canario, que es quien, con tormento o de modo espontáneo, confiesa sus delitos y denuncia a sus cómplices.
Hace veintiséis años fue asesinado en Medellín el abogado, humanista y defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Se había comprometido en denuncias de alta peligrosidad, como las de detectar que en la masacre del Aro, ocurrida en 1997, participaron miembros del Ejército. El crimen había quedado, como tantos otros en un país de violencia e impunidades, en la oscuridad. En noviembre pasado, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, en sesiones reservadas ante la JEP, vinculó al expresidente Álvaro Uribe en la masacre del Aro y el asesinato de Valle.
Mancuso, uno de los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia, advirtió, en medio de expectativas y nerviosismo, según un informe de Cambio y Vorágine, que se han asesinado a quince testigos que han hablado en contra de Uribe. O sea que los que quedaron fuera del camino eran, desde la perspectiva del “señor de las sombras”, “buenos muertos”. Mancuso, un reconocido criminal, dijo que temía y se angustiaba por la seguridad de su familia tras haber declarado que Uribe estaba implicado en la masacre del Aro y en el crimen del abogado.
“Está vinculado (Uribe) a una reunión donde estuvo Carlos Castaño con el secretario de Gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno (…) Pedro Juan pidió básicamente que se ejecutara esta acción porque el defensor de derechos humanos estaba atacando de manera frontal tanto a Uribe como a él, y al general Carlos Alberto Ospina y a otro general que no me acuerdo en este momento”, dijo Mancuso. Revelaciones de terremoto, que ya en muchos ámbitos se presumían. Pero se callaban.
El excomandante paramilitar dijo en ese mismo sentido que Pedro Juan Moreno era quien llevaba las orientaciones de Uribe a los paramilitares, y una de esas “orientaciones” era la de la comisión de la masacre del Aro, un corregimiento de Ituango, al norte de Antioquia. Como se sabe, Moreno, que después se peleó con su exjefe Uribe, murió en un accidente de helicóptero el 24 de febrero de 2006.
Este país, de incalculables barbaridades, espera que, con el aporte de un testigo como Mancuso, se resuelvan, al menos para que pasen a los anales de la historia de la infamia, tantas autorías de masacres, de arrasamiento de tierras, de espantosos desplazamientos forzados en tantas veredas y poblaciones. Han sido abundantes las víctimas de un largo conflicto (se recuerda que en el gobierno de Uribe se negaba la existencia de un conflicto armado interno), que, al menos, después de tantas muertes y despojos, se aspira a que en la memoria histórica queden registrados los nombres de los asesinos. No solo como escarmiento, sino como una posibilidad de “no repetición”.
Desde finales de los setenta, el paramilitarismo emergió, con pequeños ejércitos, en regiones como el Magdalena Medio, tal como acaeció con las autodefensas de Ramón Isaza. Creció y se multiplicó como un cáncer, se tornó un proyecto político de terratenientes y ganaderos, de bandidos a granel, de dirigentes civiles y eclesiásticos, hasta configurar un enorme corriente criminal, aliada, además, con el narcotráfico. Constituyeron un “paraestado”, con ramadas que después desembocarán en la parapolítica, con relaciones con el ejército, con industriales, con el que una vez Carlos Castaño denominó el “Grupo de los Seis”, en el que, sin identificarlos, señaló como miembros de las élites todopoderosas.
En los ochenta y noventa, con masacres a montón, ya eran una fuerza que copaba casi todo el país. Y hasta colaboraron con las políticas neoliberales, con el marchitamiento de empresas públicas, con privatizaciones y todo lo que, hasta hoy, ha sido una ruina para la industria nacional y el mercado interno. Se coligaron con mafiosos y articularon una mazamorra sangrienta de legalidad e ilegalidad. El paramilitarismo, aupado por el ejército y otras fuerzas estatales, buscó respaldos populares para fungir de salvadores y “mesías”, e hizo creer que algunos podían volver a sus fincas, gracias a sus gestiones de control, vigilancia y, claro, matanzas.
Y a todas estas, Mancuso, ahora gestor de paz del gobierno, puso de rodillas al Congreso, que, babeando ante su presencia, lo aplaudió a rabiar el 28 de julio de 2004. En esa jornada humillante declaró que el paramilitarismo era una “epopeya de libertad de la nación” y por eso había que “tomar medidas excepcionales para liberar nuestro suelo del azote guerrillero”. Ante estas circunstancias, el entonces presidente Uribe dijo que no estaba mal “darles unas pruebitas de democracia”. Para muchos era un privilegio tener allí a un delincuente, acusado de la comisión de más de sesenta mil asesinatos.
En las elecciones de 2002 (que ganó Uribe), los paramilitares aportaron dos mil millones de pesos y, según Mancuso, le pusieron a Uribe trescientos mil votos. El exparaco cordobés, ahora en la JEP, gracias a su canto, tiene en vilo al país, y lleno de nervios a un expresidente. Puede ser que, como dice el diccionario del Quijote, a Mancuso lo sigan llamando el canario, que es quien, con tormento o de modo espontáneo, confiesa sus delitos y denuncia a sus cómplices.