El periodismo de investigación, tan venido a menos en Colombia, un país en el que abundan las “ollas podridas”, es desenmascarar, poner en evidencia, situaciones ocultas que alguien (el poder) no quiere que se sepan. Es una disciplina que, en su deber ser, defiende al ciudadano de la rapacidad de politiqueros, banqueros, embaucadores de todos los pelambres. Y crea opinión pública.
El periodismo, que nació en la modernidad para ser voz de los acallados, de los oprimidos por los mandamases, se tornó, en tiempos en que más se requería su concurso desvelador de iniquidades, en apéndice de los poderosos. En Colombia, tierra de abundantes desdichas, los medios masivos de información hacen parte del engranaje del sistema y es más lo que tapan que lo que revelan.
En el caso aberrante de la corrupción pública y privada en el país, cuando los medios deberían estar al frente de la fiscalización de tales maniobras, es un senador de la República el que ha asumido el liderazgo de la denuncia y el debate sobre estos crímenes contra el erario y el progreso de la nación. Y como si fuera un periodista investigativo, documenta, sigue las rutas de los dineros, confronta fuentes y hace claridad sobre la naturaleza de una corrupción que, ante todo, es sistémica y no de “manzanas podridas”.
En los indicativos de corrupción mundial, Colombia está ubicada en el puesto 126 entre 140 países, en el que 140 es el peor (indicador de Ética y Corrupción tutelado por el Foro Económico Mundial 2015–2016). En el libro La corrupción en el poder, con el subtítulo de “y el poder de la corrupción en Colombia”, el congresista Jorge Enrique Robledo aborda el análisis de cinco enorme escándalos de la corruptela nacional: Reficar, Saludcoop, la Ley Urrutia-Zidres, Isagén y el Transmilenio y metro de Bogotá, como resultado de los debates que después de 2010 ha promovido en el Senado.
Robledo, que no es periodista sino arquitecto, asume metodologías propias de los reporteros investigativos, con documentos inapelables y con el examen dialéctico de un crítico del sistema que desde hace muchos años lidera resistencias civiles y luchas populares en Colombia. Y, en general, lo que debe incumbir a un periodismo de denuncia y alta precisión en los hallazgos de anomalías lo está haciendo, en el rubro de la corrupción, un congresista.
En el reciente debate del señor Robledo sobre Odebrecht, al que ignoró no solo el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, sino la “gran prensa”, se demostró la alianza público-privada en los ejercicios siniestros de las corruptelas, los sobornos, las coimas y todo un aparataje al servicio de lo ilegal, en desmedro de lo público y de los intereses nacionales.
Y aunque tales prácticas han sido consuetudinarias en las élites económicas y políticas colombianas, y que incluso se remontan a tiempos coloniales, es, en los últimos años, cuando se convirtió en la más descarada manera del ejercicio del poder. El Frente Nacional, que si bien pudo contribuir a bajarle el nivel a la violencia liberal-conservadora, fue una suerte de dictadura constitucional que prohibió la oposición política y, como si fuera poco, estableció “el más desfachatado contubernio bipartidista para repartirse cada contrato y cada puesto público al cincuenta por ciento”, como lo advierte Robledo en la introducción de su libro.
El libro analiza, en el contexto de la globalización neoliberal, cómo las fuentes de corrupción y defraudación del patrimonio público son la privatización de empresas del sector público en beneficio de inversionistas privados (caso Isagén, por ejemplo). Y, como tesis, demuestra que todas estas formas de la corrupción en el país, incluido el clientelismo político, no son una perversión del sistema, sino su esencia. “La corrupción es sistémica”, dice.
Me parece que el libro en mención es, además, una fuente para historiar la corrupción en Colombia en los últimos tiempos. Su rigor en el análisis y la interpretación de los documentos lo erige como apoyo para investigadores de otras disciplinas que quieran penetrar en los intríngulis de una empresa criminal como es la de la corrupción y sus derivados.
Es un texto que contribuye a la crítica de un sistema basado en las inequidades sociales y en el despojo, y a la preparación de resistencias más amplias contra quienes han convertido a Colombia no solo en su coto de caza sino en el objetivo de sus despropósitos y venalidades. ¡Ah!, y es parte de una historia de la infamia en un país donde parece no haber memoria.
El periodismo de investigación, tan venido a menos en Colombia, un país en el que abundan las “ollas podridas”, es desenmascarar, poner en evidencia, situaciones ocultas que alguien (el poder) no quiere que se sepan. Es una disciplina que, en su deber ser, defiende al ciudadano de la rapacidad de politiqueros, banqueros, embaucadores de todos los pelambres. Y crea opinión pública.
El periodismo, que nació en la modernidad para ser voz de los acallados, de los oprimidos por los mandamases, se tornó, en tiempos en que más se requería su concurso desvelador de iniquidades, en apéndice de los poderosos. En Colombia, tierra de abundantes desdichas, los medios masivos de información hacen parte del engranaje del sistema y es más lo que tapan que lo que revelan.
En el caso aberrante de la corrupción pública y privada en el país, cuando los medios deberían estar al frente de la fiscalización de tales maniobras, es un senador de la República el que ha asumido el liderazgo de la denuncia y el debate sobre estos crímenes contra el erario y el progreso de la nación. Y como si fuera un periodista investigativo, documenta, sigue las rutas de los dineros, confronta fuentes y hace claridad sobre la naturaleza de una corrupción que, ante todo, es sistémica y no de “manzanas podridas”.
En los indicativos de corrupción mundial, Colombia está ubicada en el puesto 126 entre 140 países, en el que 140 es el peor (indicador de Ética y Corrupción tutelado por el Foro Económico Mundial 2015–2016). En el libro La corrupción en el poder, con el subtítulo de “y el poder de la corrupción en Colombia”, el congresista Jorge Enrique Robledo aborda el análisis de cinco enorme escándalos de la corruptela nacional: Reficar, Saludcoop, la Ley Urrutia-Zidres, Isagén y el Transmilenio y metro de Bogotá, como resultado de los debates que después de 2010 ha promovido en el Senado.
Robledo, que no es periodista sino arquitecto, asume metodologías propias de los reporteros investigativos, con documentos inapelables y con el examen dialéctico de un crítico del sistema que desde hace muchos años lidera resistencias civiles y luchas populares en Colombia. Y, en general, lo que debe incumbir a un periodismo de denuncia y alta precisión en los hallazgos de anomalías lo está haciendo, en el rubro de la corrupción, un congresista.
En el reciente debate del señor Robledo sobre Odebrecht, al que ignoró no solo el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, sino la “gran prensa”, se demostró la alianza público-privada en los ejercicios siniestros de las corruptelas, los sobornos, las coimas y todo un aparataje al servicio de lo ilegal, en desmedro de lo público y de los intereses nacionales.
Y aunque tales prácticas han sido consuetudinarias en las élites económicas y políticas colombianas, y que incluso se remontan a tiempos coloniales, es, en los últimos años, cuando se convirtió en la más descarada manera del ejercicio del poder. El Frente Nacional, que si bien pudo contribuir a bajarle el nivel a la violencia liberal-conservadora, fue una suerte de dictadura constitucional que prohibió la oposición política y, como si fuera poco, estableció “el más desfachatado contubernio bipartidista para repartirse cada contrato y cada puesto público al cincuenta por ciento”, como lo advierte Robledo en la introducción de su libro.
El libro analiza, en el contexto de la globalización neoliberal, cómo las fuentes de corrupción y defraudación del patrimonio público son la privatización de empresas del sector público en beneficio de inversionistas privados (caso Isagén, por ejemplo). Y, como tesis, demuestra que todas estas formas de la corrupción en el país, incluido el clientelismo político, no son una perversión del sistema, sino su esencia. “La corrupción es sistémica”, dice.
Me parece que el libro en mención es, además, una fuente para historiar la corrupción en Colombia en los últimos tiempos. Su rigor en el análisis y la interpretación de los documentos lo erige como apoyo para investigadores de otras disciplinas que quieran penetrar en los intríngulis de una empresa criminal como es la de la corrupción y sus derivados.
Es un texto que contribuye a la crítica de un sistema basado en las inequidades sociales y en el despojo, y a la preparación de resistencias más amplias contra quienes han convertido a Colombia no solo en su coto de caza sino en el objetivo de sus despropósitos y venalidades. ¡Ah!, y es parte de una historia de la infamia en un país donde parece no haber memoria.