Es el cáncer que está corroyendo a nuestra sociedad, sin tregua, sin límite, de manera desaforada, que lejos de estar mejorando, todo indica que está empeorando. Ocurre en todos los ámbitos: en el sector público o en el privado.
El consuelo de que es un mal universal es simplemente una manera de justificar la invasión de esta enfermedad a nuestra nación, a la que causa la mayoría de sus dolores sociales.
Por ella no tenemos agua potable en muchos municipios, pero sí piscinas de olas y obras inútiles, realizadas con los recursos de las regalías que se salvaron de ser robados. Aquí se roban la plata de la salud y sus autores siguen tan campantes, algunos viviendo y disfrutando fuera del país el dinero con que se ha debido atender a colombianos pobres, de los cuales muchos murieron sin lograr el tratamiento que requerían.
Aterra el ejemplo de encumbrados personajes haciendo la trampa de salir de vacaciones con permisos remunerados, ¡qué ejemplo y desde qué lugares viene! ¿Qué puede hacer una sociedad asediada por ese monstruo incontenible para que la justicia y la policía den ejemplo con su comportamiento personal y sus acciones oficiales?
En los robos billonarios en contratos oficiales estilo Nule, fuera de unos años en la cárcel, si es que eso llega a ocurrir, el Estado es incapaz de recuperar todo el dinero robado, de manera que estamos abocados a que al salir de la cárcel disfruten de sus millonarios bienes en Miami, mientras los acueductos sin construir.
Aquí los límites entre lo correcto y lo incorrecto se han vuelto elásticos para permitir que la interpretación de leyes y normas permita lograr cualquier propósito como, por ejemplo, que se adjudiquen terrenos baldíos, que deberían ser para campesinos, a poderosas empresas. Para que la corrupción prospere abundan las “zonas grises”, que no son otra cosa que lograr que los límites de lo correcto se hagan borrosos para poder traspasarlos sin el menor reato.
Casos como DMG o Interbolsa llevan al irracional enriquecimiento de unos a costa de la irremediable quiebra de ciudadanos que pierden sus ahorros de un día para otro. Unos estafadores que probablemente ni siquiera pasen por la cárcel y que en unos pocos años seguirán tan campantes disfrutando esa riqueza mal habida, mientras otros, los verdaderos dueños, tendrán que conformarse con que, en el mejor de los casos, recuperen una pequeña porción de los ahorros de toda una vida de trabajo.
La corrupción se inicia con las pequeñas trampas indebidamente toleradas, que luego se manifiestan en certificaciones mentirosas o excusas de enfermedades que nunca existieron o en la “trampita” para evadir impuestos, una de cuyas manifestaciones mayores es el incontrolable contrabando que invade nuestro país en todas sus formas, estableciendo competencia desigual con una industria indefensa, que tiene que reducir empleos para sobrevivir. Culmina con casos como el de las empresas criminales que juegan con la salud y la vida de las personas, tal como hacen las tenebrosas mafias que controlan la falsificación o la adulteración de medicamentos y de aceites de cocina.
Debería ser un delito no excarcelable, pero además recibir un castigo social ejemplar, tratando a sus responsables como bichos abominables. Hay que reaccionar, aquí no puede haber ni negociaciones ni transacciones ni mucho menos comprensión, porque la corrupción siempre es premeditada. Sus familiares, en lugar de salir en los medios con caras compungidas solicitando comprensión, porque “cualquiera se puede equivocar“, deberían sentir pena de ser parientes de semejantes hampones.
Es el cáncer que está corroyendo a nuestra sociedad, sin tregua, sin límite, de manera desaforada, que lejos de estar mejorando, todo indica que está empeorando. Ocurre en todos los ámbitos: en el sector público o en el privado.
El consuelo de que es un mal universal es simplemente una manera de justificar la invasión de esta enfermedad a nuestra nación, a la que causa la mayoría de sus dolores sociales.
Por ella no tenemos agua potable en muchos municipios, pero sí piscinas de olas y obras inútiles, realizadas con los recursos de las regalías que se salvaron de ser robados. Aquí se roban la plata de la salud y sus autores siguen tan campantes, algunos viviendo y disfrutando fuera del país el dinero con que se ha debido atender a colombianos pobres, de los cuales muchos murieron sin lograr el tratamiento que requerían.
Aterra el ejemplo de encumbrados personajes haciendo la trampa de salir de vacaciones con permisos remunerados, ¡qué ejemplo y desde qué lugares viene! ¿Qué puede hacer una sociedad asediada por ese monstruo incontenible para que la justicia y la policía den ejemplo con su comportamiento personal y sus acciones oficiales?
En los robos billonarios en contratos oficiales estilo Nule, fuera de unos años en la cárcel, si es que eso llega a ocurrir, el Estado es incapaz de recuperar todo el dinero robado, de manera que estamos abocados a que al salir de la cárcel disfruten de sus millonarios bienes en Miami, mientras los acueductos sin construir.
Aquí los límites entre lo correcto y lo incorrecto se han vuelto elásticos para permitir que la interpretación de leyes y normas permita lograr cualquier propósito como, por ejemplo, que se adjudiquen terrenos baldíos, que deberían ser para campesinos, a poderosas empresas. Para que la corrupción prospere abundan las “zonas grises”, que no son otra cosa que lograr que los límites de lo correcto se hagan borrosos para poder traspasarlos sin el menor reato.
Casos como DMG o Interbolsa llevan al irracional enriquecimiento de unos a costa de la irremediable quiebra de ciudadanos que pierden sus ahorros de un día para otro. Unos estafadores que probablemente ni siquiera pasen por la cárcel y que en unos pocos años seguirán tan campantes disfrutando esa riqueza mal habida, mientras otros, los verdaderos dueños, tendrán que conformarse con que, en el mejor de los casos, recuperen una pequeña porción de los ahorros de toda una vida de trabajo.
La corrupción se inicia con las pequeñas trampas indebidamente toleradas, que luego se manifiestan en certificaciones mentirosas o excusas de enfermedades que nunca existieron o en la “trampita” para evadir impuestos, una de cuyas manifestaciones mayores es el incontrolable contrabando que invade nuestro país en todas sus formas, estableciendo competencia desigual con una industria indefensa, que tiene que reducir empleos para sobrevivir. Culmina con casos como el de las empresas criminales que juegan con la salud y la vida de las personas, tal como hacen las tenebrosas mafias que controlan la falsificación o la adulteración de medicamentos y de aceites de cocina.
Debería ser un delito no excarcelable, pero además recibir un castigo social ejemplar, tratando a sus responsables como bichos abominables. Hay que reaccionar, aquí no puede haber ni negociaciones ni transacciones ni mucho menos comprensión, porque la corrupción siempre es premeditada. Sus familiares, en lugar de salir en los medios con caras compungidas solicitando comprensión, porque “cualquiera se puede equivocar“, deberían sentir pena de ser parientes de semejantes hampones.