Hay mucha confusión y desesperanza en el país, a pesar del logro de haber negociado el desarme de la principal organización insurgente del país. Para los habitantes urbanos es una buena noticia, pero la mayor parte no se siente afectada por el conflicto y lo contempla como lejano; los más conscientes expresan desconfianza frente a las Farc por sus acciones crueles durante el conflicto, de las que no se pueden desprender. No hay mucha simpatía por el Gobierno que negoció lejos del país unos acuerdos que no son claros y que la extrema derecha ha tergiversado de manera radical y efectiva.
El plebiscito sobre los acuerdos de paz fue una ocasión para que se juntaran algunas vertientes del Partido Conservador, lideradas por Álvaro Uribe, más los grupos religiosos que se declaran en rebeldía frente a las decisiones de las cortes en materia de igualdad de los ciudadanos, de legitimar el aborto en casos puntuales y la adopción de niños por solteros y parejas gais. Fue muy efectiva la mentira tantas veces repetida de que en La Habana se había negociado la ideología de género para que estos grupos religiosos se volcaran a las urnas a negar los acuerdos y salvarnos del castrochavismo, mientras que las clases medias de inclinación más liberal optaron por la abstención.
Los escándalos que estallaron alrededor de Reficar y de Odebrecht han despertado una fuerte reacción de los ciudadanos contra la corrupción. Es que pagar impuestos para que se los roben, dilapidar la renta petrolera que no les llega sino a unos pocos o repartir los bienes incautados al crimen organizado entre los políticos del Partido Conservador despiertan una fuerte resistencia entre las clases medias.
El sistema clientelista permite y alienta que los políticos y las élites apropien para sí partes sustanciales de la contratación pública: mientras mayor sea ésta, se abren nuevas y mejores oportunidades para desviar recursos públicos. La reelección ha contribuido a que los políticos y los grupos privados que los compran puedan hacer sus negocios con menor injerencia de la competencia política y de la opinión. Los medios de comunicación ya no hacen periodismo investigativo que, en otras épocas, sirvió para descubrir los delitos contra el Estado. Los entes de control y la propia justicia se han clientelizado y los largos períodos les permiten consolidar sus intercambios de posiciones, toleran la corrupción y otros crímenes que cometen los funcionarios, de los cuales son frecuentes cómplices. No existen muchos detectives financieros que sigan el rastro del dinero mal habido.
Por eso la corrupción se ha tornado en el tema central de las campañas políticas de los verdes, el Polo (también tocado por los Moreno Rojas) y las organizaciones en las que trabajan las Farc. Los conservadores, el uribismo, el Gobierno y los partidos que lo apoyan están manchados por la corrupción develada, por lo que tratarán de lavarse las manos acusando a los demás. Las Farc sólo tienen una base social entre los colonos de los territorios que controlaron, y ni tanto; el resto del campesinado afectado por el conflicto les teme y, como se dijo, mucho menos los apoya la población urbana.
El Polo está irremediablemente fracturado, mientras que las Farc y Petro se identifican con la desprestigiada dictadura venezolana, lo que los debilita más. Todo esto abre una ventana de oportunidad para los verdes.
Hay mucha confusión y desesperanza en el país, a pesar del logro de haber negociado el desarme de la principal organización insurgente del país. Para los habitantes urbanos es una buena noticia, pero la mayor parte no se siente afectada por el conflicto y lo contempla como lejano; los más conscientes expresan desconfianza frente a las Farc por sus acciones crueles durante el conflicto, de las que no se pueden desprender. No hay mucha simpatía por el Gobierno que negoció lejos del país unos acuerdos que no son claros y que la extrema derecha ha tergiversado de manera radical y efectiva.
El plebiscito sobre los acuerdos de paz fue una ocasión para que se juntaran algunas vertientes del Partido Conservador, lideradas por Álvaro Uribe, más los grupos religiosos que se declaran en rebeldía frente a las decisiones de las cortes en materia de igualdad de los ciudadanos, de legitimar el aborto en casos puntuales y la adopción de niños por solteros y parejas gais. Fue muy efectiva la mentira tantas veces repetida de que en La Habana se había negociado la ideología de género para que estos grupos religiosos se volcaran a las urnas a negar los acuerdos y salvarnos del castrochavismo, mientras que las clases medias de inclinación más liberal optaron por la abstención.
Los escándalos que estallaron alrededor de Reficar y de Odebrecht han despertado una fuerte reacción de los ciudadanos contra la corrupción. Es que pagar impuestos para que se los roben, dilapidar la renta petrolera que no les llega sino a unos pocos o repartir los bienes incautados al crimen organizado entre los políticos del Partido Conservador despiertan una fuerte resistencia entre las clases medias.
El sistema clientelista permite y alienta que los políticos y las élites apropien para sí partes sustanciales de la contratación pública: mientras mayor sea ésta, se abren nuevas y mejores oportunidades para desviar recursos públicos. La reelección ha contribuido a que los políticos y los grupos privados que los compran puedan hacer sus negocios con menor injerencia de la competencia política y de la opinión. Los medios de comunicación ya no hacen periodismo investigativo que, en otras épocas, sirvió para descubrir los delitos contra el Estado. Los entes de control y la propia justicia se han clientelizado y los largos períodos les permiten consolidar sus intercambios de posiciones, toleran la corrupción y otros crímenes que cometen los funcionarios, de los cuales son frecuentes cómplices. No existen muchos detectives financieros que sigan el rastro del dinero mal habido.
Por eso la corrupción se ha tornado en el tema central de las campañas políticas de los verdes, el Polo (también tocado por los Moreno Rojas) y las organizaciones en las que trabajan las Farc. Los conservadores, el uribismo, el Gobierno y los partidos que lo apoyan están manchados por la corrupción develada, por lo que tratarán de lavarse las manos acusando a los demás. Las Farc sólo tienen una base social entre los colonos de los territorios que controlaron, y ni tanto; el resto del campesinado afectado por el conflicto les teme y, como se dijo, mucho menos los apoya la población urbana.
El Polo está irremediablemente fracturado, mientras que las Farc y Petro se identifican con la desprestigiada dictadura venezolana, lo que los debilita más. Todo esto abre una ventana de oportunidad para los verdes.