En lo personal me quedó un muy mal sabor con la sentencia de la Corte Constitucional en la que le aprobó a Andrés Felipe Arias la posibilidad de impugnar ese fallo que lo mandó a prisión hace seis años. Y no tanto por sentir que se desautorizó a la Corte Suprema y se benefició a un prófugo de la justicia, sino porque me resulta muy artificiosa esa fecha del 30 de enero de 2014 como término para que otros condenados puedan pedir también un nuevo veredicto.
Esa fecha, en la cual la CIDH sentenció que la doble instancia era un derecho universal, resultó providencial para la Corte Constitucional, metida en este atolladero de tener que resolver la aspiración de Arias, bajo la enorme presión del uribismo y su gobierno y hasta de la CIDH, pero a la vez con el temor a un choque de trenes por contradecir a la Corte Suprema que ya le había negado tres veces a Arias esa petición.
En estricto derecho la aspiración de Arias era válida porque corresponde a una garantía supranacional para todo ciudadano, pero cabía alegar que apenas empezó a regir en Colombia a partir de 2018. Antes de eso, los ministros, congresistas, gobernadores (los llamados aforados) gozaban de la prerrogativa de ser juzgados por la Corte Suprema pero el fallo resultante era inapelable. Arias fue condenado en julio de 2014, con la anterior legislación, y así se lo repitió tres veces la Corte Suprema en estos últimos dos años.
La Constitucional se escudó entonces en que la impugnación a un primer fallo es un derecho universal y esa fecha del 30 de enero del 2014 le evitó abrir un monstruoso boquete jurídico por el cual se iban a colar otros 230 condenados desde 1991, para pedir el mismo tratamiento de Arias. En ese maremágnum de volver a juzgar casi 30 años de historia colombiana, terminaba en entredicho que aquí hubo políticos untados de paramilitarismo, de narcotráfico, que la Fiscalía y la inteligencia del país estaban permeadas por unos y otros, y que inclusive un presidente fue reelecto de modo ilegal pues compró a una parte del Congreso.
La fecha mágica abrió un boquete mucho más pequeño, pero justo y preciso para poder lanzar un salvavidas a Arias, condenado en julio de ese mismo año, y de refilón permitir otros salvavidas para altos funcionarios en tres de los escándalos más sonados del gobierno Uribe. A partir de ahora podrán impugnar Sabas Pretelt, Diego Palacios y Alberto Velásquez (dos exministros y un secretario privado), condenados por la yidispolítica. También, María del Pilar Hurtado, exjefe del DAS, la mujer de las chuzadas a las cortes y a la oposición; Bernardo Moreno, quien recibía esa información en Casa de Nariño, y Jorge Noguera, el buen muchacho del DAS, el asesino del profesor Correa de Andréis y quien puso la inteligencia estatal al servicio de los paras.
Todo esto era caso juzgado e historia comprobada. Dicho de otro modo, y a pesar de todas las volatilidades políticas y las justificaciones y absoluciones ideológicas, además de tres ministros, dos exjefes del DAS, dos secretarios de la Presidencia en la cárcel, en la historia, la oficial y la no oficial, quedó escrito que el gobierno de Álvaro Uribe chuzó, compró congresistas para poder reelegirse y entregó el DAS al paramilitarismo. Ahora, 10 años después, toda esa historia vuelve a ponerse en duda, y va a tener un nuevo chance para ser reescrita o al menos relativizada una vez más. Y otras condenas que alguna vez mostraron a la Corte Suprema como una reserva moral del país, a pesar de que el uribismo cazado y encarcelado dijera lo contrario, también quedarán en entredicho: la responsabilidad de Maza Márquez en el crimen de Galán, el favorecimiento a narcos de Guillermo Valencia Cossio desde la Fiscalía y la empresa criminal que Iván Moreno montó con su hermano para desangrar a Bogotá.
La Corte Suprema ya acusó recibo de las consecuencias de este fallo y del bofetón asestado por sus colegas vecinos del Palacio de Justicia. Su comunicado oficial es lapidario: “Ahora que la Corte Constitucional cambia intempestivamente esas reglas de juego para favorecer exclusivamente al exministro de Agricultura, la Corte Suprema de Justicia acata pero no comparte... En la Corte Constitucional queda la responsabilidad del impacto de las insospechadas consecuencias para el Estado de derecho de esta decisión particular… deja un peligroso precedente de incertidumbre en la jurisdicción ordinaria e inseguridad jurídica en la justicia penal”.
Yo lo veo como una enorme carambola a favor del Centro Democrático y sobre todo del expresidente Uribe, a quien le dan la oportunidad de volver a poner en tela de juicio todas esas decisiones contra sus alfiles y colaboradores, que extrañamente nunca lo alcanzaron a él, y a intensificar las presiones sobre la Corte Suprema en la causa actual que le sigue por soborno y manipulación de testigos. Un proceso que sí podría alcanzarlo.
Además del mal sabor queda un sartal de interrogantes: ¿cómo puede alguien presentar cuatro tutelas seguidas sobre lo mismo hasta conseguir lo deseado cuando a un ciudadano común lo tildarían de temerario en el segundo intento? ¿Cómo se valoró o se ignoró que Arias se burló de la justicia y se fugó? ¿Quién en la Corte Suprema puede dirimir este segundo round si la sentencia de la otra Corte estipula que quienes lo asuman no deben haber participado en ninguna decisión previa de este caso? ¿Qué magistrado no tuvo nada que ver si el propio Arias presentó tres tutelas que le fueron rechazadas?
En lo personal me quedó un muy mal sabor con la sentencia de la Corte Constitucional en la que le aprobó a Andrés Felipe Arias la posibilidad de impugnar ese fallo que lo mandó a prisión hace seis años. Y no tanto por sentir que se desautorizó a la Corte Suprema y se benefició a un prófugo de la justicia, sino porque me resulta muy artificiosa esa fecha del 30 de enero de 2014 como término para que otros condenados puedan pedir también un nuevo veredicto.
Esa fecha, en la cual la CIDH sentenció que la doble instancia era un derecho universal, resultó providencial para la Corte Constitucional, metida en este atolladero de tener que resolver la aspiración de Arias, bajo la enorme presión del uribismo y su gobierno y hasta de la CIDH, pero a la vez con el temor a un choque de trenes por contradecir a la Corte Suprema que ya le había negado tres veces a Arias esa petición.
En estricto derecho la aspiración de Arias era válida porque corresponde a una garantía supranacional para todo ciudadano, pero cabía alegar que apenas empezó a regir en Colombia a partir de 2018. Antes de eso, los ministros, congresistas, gobernadores (los llamados aforados) gozaban de la prerrogativa de ser juzgados por la Corte Suprema pero el fallo resultante era inapelable. Arias fue condenado en julio de 2014, con la anterior legislación, y así se lo repitió tres veces la Corte Suprema en estos últimos dos años.
La Constitucional se escudó entonces en que la impugnación a un primer fallo es un derecho universal y esa fecha del 30 de enero del 2014 le evitó abrir un monstruoso boquete jurídico por el cual se iban a colar otros 230 condenados desde 1991, para pedir el mismo tratamiento de Arias. En ese maremágnum de volver a juzgar casi 30 años de historia colombiana, terminaba en entredicho que aquí hubo políticos untados de paramilitarismo, de narcotráfico, que la Fiscalía y la inteligencia del país estaban permeadas por unos y otros, y que inclusive un presidente fue reelecto de modo ilegal pues compró a una parte del Congreso.
La fecha mágica abrió un boquete mucho más pequeño, pero justo y preciso para poder lanzar un salvavidas a Arias, condenado en julio de ese mismo año, y de refilón permitir otros salvavidas para altos funcionarios en tres de los escándalos más sonados del gobierno Uribe. A partir de ahora podrán impugnar Sabas Pretelt, Diego Palacios y Alberto Velásquez (dos exministros y un secretario privado), condenados por la yidispolítica. También, María del Pilar Hurtado, exjefe del DAS, la mujer de las chuzadas a las cortes y a la oposición; Bernardo Moreno, quien recibía esa información en Casa de Nariño, y Jorge Noguera, el buen muchacho del DAS, el asesino del profesor Correa de Andréis y quien puso la inteligencia estatal al servicio de los paras.
Todo esto era caso juzgado e historia comprobada. Dicho de otro modo, y a pesar de todas las volatilidades políticas y las justificaciones y absoluciones ideológicas, además de tres ministros, dos exjefes del DAS, dos secretarios de la Presidencia en la cárcel, en la historia, la oficial y la no oficial, quedó escrito que el gobierno de Álvaro Uribe chuzó, compró congresistas para poder reelegirse y entregó el DAS al paramilitarismo. Ahora, 10 años después, toda esa historia vuelve a ponerse en duda, y va a tener un nuevo chance para ser reescrita o al menos relativizada una vez más. Y otras condenas que alguna vez mostraron a la Corte Suprema como una reserva moral del país, a pesar de que el uribismo cazado y encarcelado dijera lo contrario, también quedarán en entredicho: la responsabilidad de Maza Márquez en el crimen de Galán, el favorecimiento a narcos de Guillermo Valencia Cossio desde la Fiscalía y la empresa criminal que Iván Moreno montó con su hermano para desangrar a Bogotá.
La Corte Suprema ya acusó recibo de las consecuencias de este fallo y del bofetón asestado por sus colegas vecinos del Palacio de Justicia. Su comunicado oficial es lapidario: “Ahora que la Corte Constitucional cambia intempestivamente esas reglas de juego para favorecer exclusivamente al exministro de Agricultura, la Corte Suprema de Justicia acata pero no comparte... En la Corte Constitucional queda la responsabilidad del impacto de las insospechadas consecuencias para el Estado de derecho de esta decisión particular… deja un peligroso precedente de incertidumbre en la jurisdicción ordinaria e inseguridad jurídica en la justicia penal”.
Yo lo veo como una enorme carambola a favor del Centro Democrático y sobre todo del expresidente Uribe, a quien le dan la oportunidad de volver a poner en tela de juicio todas esas decisiones contra sus alfiles y colaboradores, que extrañamente nunca lo alcanzaron a él, y a intensificar las presiones sobre la Corte Suprema en la causa actual que le sigue por soborno y manipulación de testigos. Un proceso que sí podría alcanzarlo.
Además del mal sabor queda un sartal de interrogantes: ¿cómo puede alguien presentar cuatro tutelas seguidas sobre lo mismo hasta conseguir lo deseado cuando a un ciudadano común lo tildarían de temerario en el segundo intento? ¿Cómo se valoró o se ignoró que Arias se burló de la justicia y se fugó? ¿Quién en la Corte Suprema puede dirimir este segundo round si la sentencia de la otra Corte estipula que quienes lo asuman no deben haber participado en ninguna decisión previa de este caso? ¿Qué magistrado no tuvo nada que ver si el propio Arias presentó tres tutelas que le fueron rechazadas?