Los desastres no caen del cielo

“Ya no podremos ocultar nuestra pobreza y nuestra desigualdad con palmeras y piñas coladas”. Estas fueron las palabras de Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan, Puerto Rico, en octubre de 2017, tras el paso del huracán María. Cruz habló de desigualdad pues está en el corazón de los desastres, que golpean de manera distinta a diferentes poblaciones.

El trabajo académico desde disciplinas como la geografía nos habla de la vulnerabilidad o las condiciones sociales y económicas que dejan a ciertos grupos más expuestos a la incertidumbre. De la misma manera, el economista ganador del Premio Nobel Amartya Sen nos habló de “capacidades o libertades” que predisponen a una determinada población o zona a un alto número de muertos o una alta tasa de daños materiales. La idea de vulnerabilidad social sugiere que el “desastre” no cae del cielo, sino que está construido por las situaciones en que viven algunos y por su falta de libertades. Libertades para, por ejemplo, habitar en viviendas bien construidas, resistentes (y para tener acceso a aquellas infraestructuras como el agua y el drenaje, que se asumen inherentes a la vivienda). O para viajar y acceder a refugios si hay alertas de huracanes u otras crisis.

Cualquier evento que tenga que ver con el clima, las lluvias, las sequías y las epidemias de dengue —posibilitadas por abundancias de zancudos— tiene entonces consecuencias disparejas a lo largo de un país o en una misma región. Pobres y acomodados, mujeres y hombres, jóvenes o entrados en años (sobre)viven diferentes riesgos al enfrentar el mismo desastre. “La incapacidad para manejar las dificultades no cae del cielo”, resume el profesor Jesse Ribot. Por el contrario, “se produce por la desigualdad social evidente en el terreno, el acceso desigual a los recursos, la pobreza, la infraestructura deficiente, la falta de representación y los sistemas inadecuados de seguridad social, alerta temprana y planificación”.

Ribot nos cuenta que en 1970 el ciclón Bhola azotó Bangladesh, con marejadas de seis metros, y murieron alrededor de 500.000 personas. En 2007, cuando el ciclón Sidr (más fuerte que el Bhola) golpeó Bangladesh con marejadas de diez metros, las muertes fueron 3.406. Esto, pese a que la densidad de población había aumentado. Los daños, explica, se redujeron pues el Estado cambió de un enfoque de socorro y reconstrucción a uno de identificación de peligros, preparación comunitaria y respuestas integrales. Entre estas políticas, quizá la más importante fueron las alertas tempranas seguidas por la evacuación organizada y subsidiada por el Estado. Sidr fue así 150 veces menos fatal que Bhola.

Más allá de la destrucción física que le siguió al huracán Iota en Providencia, Santa Catalina y San Andrés, las respuestas del Estado colombiano a los eventos climáticos siguen encaprichadas en medidas humanitarias y en el nombramiento de gerentes para la reconstrucción. Vivienda de interés social en la ciudad, infraestructura de agua, drenaje, salud y acceso a una renta básica rara vez son discutidas. Y cuando hablamos de adaptación (que también cuenta con sus respectivos gerentes), las medidas tienden a dejar de lado los porqués de la vulnerabilidad social y a enfocarse en despejar las costas a las malas, dejando a estas poblaciones en un grado de mayor inseguridad.

Este fue el caso de Buenaventura, en donde, como lo ha documentado Memoria Histórica, se despojó a las comunidades de sus viviendas y del pedazo de mar en que pescaban para vivir. A cambio se les ofreció vivienda en ciudadelas sin acceso a agua ni vías (ni mucho menos trabajo) en la zona rural de la ciudad. Muchos se resistieron y fueron luego amenazados de muerte por bandas criminales. Todo, en un contexto en el que, más que a la mentada adaptación, se contribuyó a la expansión del puerto, que deja casi nada a la población (más del 60 % por debajo de la línea de pobreza). Las familias expulsadas de la zona de bajamar fueron a urbanizar otras áreas donde quedan aún más expuestas a cambios y caprichos de la marea.