Si los principios de equidad y justicia no están en el corazón de iniciativas ecológicas, estas acabarán por desplazar o perjudicar comunidades vulnerables, en nombre de la sostenibilidad. A veces, entre más grande es la inversión en biodiversidad, más certezas hay de un desalojo inminente. Los ejemplos están por todas partes y no solo en Colombia.
Paradójicamente, pequeños proyectos y medidas menos espectaculares dan frecuentemente mejores resultados. Granjas en colegios públicos, parques barriales que se reverdecen con el trabajo despacioso y concertado de juntas de acción comunal, mercados campesinos en barrios populares que rescatan ingredientes y recetas. Lo que es más sustentable (y justo) es también menos grandilocuente: mayores impuestos para grandes capitales, subsidios cruzados para promover acceso a los servicios públicos, vivienda digna de interés social.
Los proyectos más ambiciosos de adaptación al clima y conservación de especies son, sin embargo, bastante más atractivos. Malecones limpiecitos, manglares prístinos, corredores verdes, parques con restaurantes de autor. Por bonitos que suenen, estos suelen tener efectos no deseados, como el aumento de los precios de las viviendas cercanas o la penalización de las comunidades que menos tienen que ver en la degradación ambiental.
En Buenaventura las comunidades que construyeron barrios en territorios ganados al mar, trabajando duro para hacer sus casas y conformar cooperativas de pescadores artesanales, han sido desplazadas consecutivamente y por más de una década. Pese a haber construido los barrios, con sus manos y sus ahorros, estas comunidades perdieron el control sobre lo que pasaba en la ciudad. Las rutas de la cocaína, el paramilitarismo, la criminalidad cotidiana, las ampliaciones del puerto y la construcción del malecón las han ido expulsando más y más lejos del agua. Cientos de familias fueron reubicadas en ciudadelas del barrio San Antonio, en tierras más rurales que abrazan a la ciudad. La vivienda allí es más grande y los barrios son en ciertos aspectos más tranquilos. La vida sigue siendo dura. Familias dependientes de la venta y preparación de pescados y mariscos tienen que arrancar temprano para la ciudad en carpatis (camperos). Las jornadas de trabajo se han hecho difíciles con la distancia y la situación de seguridad cerca de las costas. Y como si fuera poco, se suman medidas como el Decreto 281 de 2021 que, entre buenas intenciones y racismos, acabó por criminalizar la labor de grupos de personas que dependen de la pesca. Por otra parte, la fascinación que en un contexto de cambio climático producen los bosques de manglar entre entendidos y donantes internacionales ha acabado por penalizar a quienes llevan viviendo con ellos por décadas. A quienes los quieren y conocen más y mejor.
Algunas mujeres de la comunidad acostumbraban a ahumar el pescado, usando un barril encendido con madera de manglares. Esto, en los últimos tiempos, les ha quedado prohibidísimo. La prohibición se expresa con decomisos por cuenta de agentes del Estado que están armados. Y aunque la protección del manglar (que a su vez protege la ciudad y su gente de un mar cambiante bajo la emergencia climática) es loable, es paradójico que las medidas se encarnicen con quienes menos daño ambiental causan. Quienes están más desprotegidas en tantísimos aspectos.
Si se quisiera hacer algo realmente sustentable se buscarían reemplazos para esta madera. Las mujeres van a ahumar el pescado en barrios en los que la electricidad y refrigeración son escasas y costosas. Una suerte de subsidio cruzado podría quizás entablarse entre Bogotá y Buenaventura. La cadena montañosa que enmarca la capital del país está llena de especies invasoras, como el pino y el eucalipto. Como sabemos, hay en marcha un proceso de restauración que implica sacar esos pinos y eucaliptos, y fomentar el crecimiento del bosque andino; ¿por qué no transportar esta madera a Buenaventura para ahumar pescado?
Si los principios de equidad y justicia no están en el corazón de iniciativas ecológicas, estas acabarán por desplazar o perjudicar comunidades vulnerables, en nombre de la sostenibilidad. A veces, entre más grande es la inversión en biodiversidad, más certezas hay de un desalojo inminente. Los ejemplos están por todas partes y no solo en Colombia.
Paradójicamente, pequeños proyectos y medidas menos espectaculares dan frecuentemente mejores resultados. Granjas en colegios públicos, parques barriales que se reverdecen con el trabajo despacioso y concertado de juntas de acción comunal, mercados campesinos en barrios populares que rescatan ingredientes y recetas. Lo que es más sustentable (y justo) es también menos grandilocuente: mayores impuestos para grandes capitales, subsidios cruzados para promover acceso a los servicios públicos, vivienda digna de interés social.
Los proyectos más ambiciosos de adaptación al clima y conservación de especies son, sin embargo, bastante más atractivos. Malecones limpiecitos, manglares prístinos, corredores verdes, parques con restaurantes de autor. Por bonitos que suenen, estos suelen tener efectos no deseados, como el aumento de los precios de las viviendas cercanas o la penalización de las comunidades que menos tienen que ver en la degradación ambiental.
En Buenaventura las comunidades que construyeron barrios en territorios ganados al mar, trabajando duro para hacer sus casas y conformar cooperativas de pescadores artesanales, han sido desplazadas consecutivamente y por más de una década. Pese a haber construido los barrios, con sus manos y sus ahorros, estas comunidades perdieron el control sobre lo que pasaba en la ciudad. Las rutas de la cocaína, el paramilitarismo, la criminalidad cotidiana, las ampliaciones del puerto y la construcción del malecón las han ido expulsando más y más lejos del agua. Cientos de familias fueron reubicadas en ciudadelas del barrio San Antonio, en tierras más rurales que abrazan a la ciudad. La vivienda allí es más grande y los barrios son en ciertos aspectos más tranquilos. La vida sigue siendo dura. Familias dependientes de la venta y preparación de pescados y mariscos tienen que arrancar temprano para la ciudad en carpatis (camperos). Las jornadas de trabajo se han hecho difíciles con la distancia y la situación de seguridad cerca de las costas. Y como si fuera poco, se suman medidas como el Decreto 281 de 2021 que, entre buenas intenciones y racismos, acabó por criminalizar la labor de grupos de personas que dependen de la pesca. Por otra parte, la fascinación que en un contexto de cambio climático producen los bosques de manglar entre entendidos y donantes internacionales ha acabado por penalizar a quienes llevan viviendo con ellos por décadas. A quienes los quieren y conocen más y mejor.
Algunas mujeres de la comunidad acostumbraban a ahumar el pescado, usando un barril encendido con madera de manglares. Esto, en los últimos tiempos, les ha quedado prohibidísimo. La prohibición se expresa con decomisos por cuenta de agentes del Estado que están armados. Y aunque la protección del manglar (que a su vez protege la ciudad y su gente de un mar cambiante bajo la emergencia climática) es loable, es paradójico que las medidas se encarnicen con quienes menos daño ambiental causan. Quienes están más desprotegidas en tantísimos aspectos.
Si se quisiera hacer algo realmente sustentable se buscarían reemplazos para esta madera. Las mujeres van a ahumar el pescado en barrios en los que la electricidad y refrigeración son escasas y costosas. Una suerte de subsidio cruzado podría quizás entablarse entre Bogotá y Buenaventura. La cadena montañosa que enmarca la capital del país está llena de especies invasoras, como el pino y el eucalipto. Como sabemos, hay en marcha un proceso de restauración que implica sacar esos pinos y eucaliptos, y fomentar el crecimiento del bosque andino; ¿por qué no transportar esta madera a Buenaventura para ahumar pescado?