“Gobierno firma contrato de concesión de Puerto Antioquia” tituló el periódico Portafolio hace algunas semanas. La noticia informó sobre los previstos 6,6 millones de toneladas en mercancías que el puerto movilizará al año y explicó que la obra contará con un muelle de cinco posiciones de atraque, un viaducto de doble calzada para el tránsito de camiones entre la plataforma y el puerto en tierra. El diario El Tiempo registró el compromiso del gobierno Duque con el proyecto, cuyos inversionistas incluyen al sector bananero regional. Luis Pérez, gobernador de Antioquia, recalcó que “de estos 6,6 millones de toneladas, los productores bananeros estarán colocando en el primer día dos millones de toneladas, lo que asegura que este será un proyecto exitoso”.
En ninguna de estas versiones oficiales se hizo mención del litigio que atraviesa las tierras del proyecto desde hace más de dos décadas: una disputa de restitución colectiva presentada por el consejo comunitario Puerto Girón, de comunidades negras, para la titulación de un territorio de 11.269 hectáreas que consideran ancestral, en los corregimientos Puerto Girón (Apartadó), Nueva Colonia (Turbo) y Zungo (Carepa). En ninguna de estas versiones se habla sobre estas poblaciones que viven en el lugar del futuro megaproyecto.
De hecho, para el propio Estado colombiano estas comunidades no existen. Como parte del proceso de restitución, la Dirección de Asuntos Étnicos hizo dos visitas recientes que las comunidades recuerdan: “Ellos vinieron la segunda semana de diciembre de 2017. Y luego estuvo el propio director de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, a finales de enero de 2018. Se reunió con nosotros, le mostramos el caserío, lo invitamos a almorzar y todo. Cómo sería nuestra sorpresa cuando en junio de ese año nos enteramos de que ratificó que no había presencia de comunidades negras”.
Este no es sino el último en una serie de obstáculos que el consejo comunitario ha tenido que enfrentar y que ha documentado Verdad Abierta. Tras actuaciones irregulares del Incoder, que no solo demoró las solicitudes una década, sino que entretanto tituló muchas de las hectáreas en cuestión a empresarios del banano, el Ministerio del Interior reconoció en 2013 el consejo comunitario de Puerto Girón. Así, desde finales de 2017, el juez primero civil del Circuito Especializado en Tierras de Apartadó tiene la solicitud de restitución colectiva engavetada. Esto pese a que en mayo de 2018 la entonces jefa de la Oficina del Inspector de la Agencia Nacional de Tierras expresó su preocupación por el lento proceso y sugirió dar “trámite prioritario”. En vez de ello, ahora fue nombrada Dayra Hernández como directora de la Unidad de Restitución de Tierras de Urabá, la misma abogada que antes representaba a la contraparte agroindustrial.
Los trámites del papel y las oficinas no son lo único. El consejo ha tenido que sobrevivir al conflicto y el destierro. La comunidad no tuvo la oportunidad de adquirir los derechos colectivos estipulados por la Ley 70 en los 90, pues para entonces estaba entre el fuego cruzado de Farc y los comandos populares (conformados por desmovilizados del Epl). Luego de esto vino la arremetida paramilitar. La comunidad se desplazó por primera vez en septiembre de 2000, cuando los paramilitares asesinaron en su casa a Pedro Antonio Beytar, quien impulsaba la creación del consejo comunitario. El segundo desplazamiento, en julio 2004, le siguió al asesinato a manos de paramilitares de Manuel Chiquillo, quien lideraba la iniciativa de titulación colectiva. Fue por esos años que funcionarios locales facilitaron la titulación de estas tierras a particulares. Y son más de tres los jefes paramilitares que en versiones libres confesaron haber estado financiados por empresas y empresarios bananeros. Varios de los implicados celebran hoy que “Puerto Antioquia es por fin una realidad”.
“Gobierno firma contrato de concesión de Puerto Antioquia” tituló el periódico Portafolio hace algunas semanas. La noticia informó sobre los previstos 6,6 millones de toneladas en mercancías que el puerto movilizará al año y explicó que la obra contará con un muelle de cinco posiciones de atraque, un viaducto de doble calzada para el tránsito de camiones entre la plataforma y el puerto en tierra. El diario El Tiempo registró el compromiso del gobierno Duque con el proyecto, cuyos inversionistas incluyen al sector bananero regional. Luis Pérez, gobernador de Antioquia, recalcó que “de estos 6,6 millones de toneladas, los productores bananeros estarán colocando en el primer día dos millones de toneladas, lo que asegura que este será un proyecto exitoso”.
En ninguna de estas versiones oficiales se hizo mención del litigio que atraviesa las tierras del proyecto desde hace más de dos décadas: una disputa de restitución colectiva presentada por el consejo comunitario Puerto Girón, de comunidades negras, para la titulación de un territorio de 11.269 hectáreas que consideran ancestral, en los corregimientos Puerto Girón (Apartadó), Nueva Colonia (Turbo) y Zungo (Carepa). En ninguna de estas versiones se habla sobre estas poblaciones que viven en el lugar del futuro megaproyecto.
De hecho, para el propio Estado colombiano estas comunidades no existen. Como parte del proceso de restitución, la Dirección de Asuntos Étnicos hizo dos visitas recientes que las comunidades recuerdan: “Ellos vinieron la segunda semana de diciembre de 2017. Y luego estuvo el propio director de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, a finales de enero de 2018. Se reunió con nosotros, le mostramos el caserío, lo invitamos a almorzar y todo. Cómo sería nuestra sorpresa cuando en junio de ese año nos enteramos de que ratificó que no había presencia de comunidades negras”.
Este no es sino el último en una serie de obstáculos que el consejo comunitario ha tenido que enfrentar y que ha documentado Verdad Abierta. Tras actuaciones irregulares del Incoder, que no solo demoró las solicitudes una década, sino que entretanto tituló muchas de las hectáreas en cuestión a empresarios del banano, el Ministerio del Interior reconoció en 2013 el consejo comunitario de Puerto Girón. Así, desde finales de 2017, el juez primero civil del Circuito Especializado en Tierras de Apartadó tiene la solicitud de restitución colectiva engavetada. Esto pese a que en mayo de 2018 la entonces jefa de la Oficina del Inspector de la Agencia Nacional de Tierras expresó su preocupación por el lento proceso y sugirió dar “trámite prioritario”. En vez de ello, ahora fue nombrada Dayra Hernández como directora de la Unidad de Restitución de Tierras de Urabá, la misma abogada que antes representaba a la contraparte agroindustrial.
Los trámites del papel y las oficinas no son lo único. El consejo ha tenido que sobrevivir al conflicto y el destierro. La comunidad no tuvo la oportunidad de adquirir los derechos colectivos estipulados por la Ley 70 en los 90, pues para entonces estaba entre el fuego cruzado de Farc y los comandos populares (conformados por desmovilizados del Epl). Luego de esto vino la arremetida paramilitar. La comunidad se desplazó por primera vez en septiembre de 2000, cuando los paramilitares asesinaron en su casa a Pedro Antonio Beytar, quien impulsaba la creación del consejo comunitario. El segundo desplazamiento, en julio 2004, le siguió al asesinato a manos de paramilitares de Manuel Chiquillo, quien lideraba la iniciativa de titulación colectiva. Fue por esos años que funcionarios locales facilitaron la titulación de estas tierras a particulares. Y son más de tres los jefes paramilitares que en versiones libres confesaron haber estado financiados por empresas y empresarios bananeros. Varios de los implicados celebran hoy que “Puerto Antioquia es por fin una realidad”.