Es obvio que el ciudadano tiene el deber de participar en las gestas democráticas con el fin de elegir a los cargos públicos y corporaciones legislativas a los ciudadanos más capaces y honestos.
Sin embargo, es hasta extravagante y abusivo que el Gobierno quiera impulsar el voto obligatorio a través de la nueva reforma política, en medio de todo un torbellino de corrupción y componendas politiqueras, con unos partidos tan severamente cuestionados que valdría la pena liquidarlos y empezar a crear conciencia partidista para construirlos de nuevo, desde luego que dentro de los parámetros democráticos y la libertad de conciencia.
El Estado no puede obligar a sus ciudadanos a que concurran a las urnas como humiles borregos, a votar por unos candidatos avalados por unos partidos desbaratados, que no se tomaron la más mínima molestia de investigar quiénes son, lo más grave bajo los parámetros de la complicidad y el soborno.
Si el Gobierno quiere que los ciudadanos concurran masivamente a las urnas, debe, dentro de la reforma política que empieza a gestarse, ordenar la reestructuración de los partidos políticos y comprometerse con los votantes a ser el garante por la idoneidad de los elegidos.
Cumplidos estos mínimos requisitos, el ciudadano tomará conciencia de partido, sin necesidad de presionarlo concurrirá a las urnas a votar por el candidato de sus preferencias, tanto ciudadanos como partido y Gobierno evitarán sumirse en un caos de incertidumbre, como siempre está ocurriendo, pasadas las últimas elecciones para cargos de elección popular para Congreso y demás corporaciones legislativas, aparecen las dudas y las demandas contra los elegidos no se hacen esperar.
Para corroborar lo que estamos diciendo, basta con hacer una evaluación de las elecciones de los últimos diez años, por lo regular las instancias electorales y despachos judiciales están atiborrados de procesos contra: gobernadores, alcaldes, congresistas, diputados y concejales, que fueron elegidos violando claras normas electorales, pero lo más grave, lo hicieron con pleno conocimiento de causa y con el aval del partido político al cual pertenecen o que sin serlo, se matricularon a última hora sobornando, a punta de dádivas, la conciencia de sus directivos.
En conclusión, no es exagerado decir que el Estado debe ser el garante de los elegidos, y cuando ocurra una inconsistencia, trasladarla a los directorios políticos, en cabeza de sus directivos, la responsabilidad de quienes promovieron la elección, puesto que los departamentos, municipios y ciudadanos votantes son en últimas los directos damnificados con la elección de un candidato sub judice.
No es que nos apartamos del voto obligatorio, pero, siempre y cuando se corrijan tantos vicios electorales puestos en práctica meses antes de las elecciones donde se mueven miles y miles de millones de pesos para comprar la conciencia de sus electores.
Esperamos pues que la reforma política que empieza a discutirse en los directorios políticos y en las altas instancias del Gobierno se haga con una mayor participación ciudadana, sin embargo, no es nada aceptable por parte de la opinión nacional que sea a través del Congreso de la República, siempre hemos creído y así lo hemos expresado a través de esta columna que su aprobación final debe hacerla el constituyente primario.
Consultada la opinión pública, en su mayor parte expresan su apatía, por no decir odio, contra los partidos y movimientos políticos, de allí es de donde se derivan los mayores índices de abstención y la poca credibilidad en sus gobernantes y los poderes legislativos.
Es obvio que el ciudadano tiene el deber de participar en las gestas democráticas con el fin de elegir a los cargos públicos y corporaciones legislativas a los ciudadanos más capaces y honestos.
Sin embargo, es hasta extravagante y abusivo que el Gobierno quiera impulsar el voto obligatorio a través de la nueva reforma política, en medio de todo un torbellino de corrupción y componendas politiqueras, con unos partidos tan severamente cuestionados que valdría la pena liquidarlos y empezar a crear conciencia partidista para construirlos de nuevo, desde luego que dentro de los parámetros democráticos y la libertad de conciencia.
El Estado no puede obligar a sus ciudadanos a que concurran a las urnas como humiles borregos, a votar por unos candidatos avalados por unos partidos desbaratados, que no se tomaron la más mínima molestia de investigar quiénes son, lo más grave bajo los parámetros de la complicidad y el soborno.
Si el Gobierno quiere que los ciudadanos concurran masivamente a las urnas, debe, dentro de la reforma política que empieza a gestarse, ordenar la reestructuración de los partidos políticos y comprometerse con los votantes a ser el garante por la idoneidad de los elegidos.
Cumplidos estos mínimos requisitos, el ciudadano tomará conciencia de partido, sin necesidad de presionarlo concurrirá a las urnas a votar por el candidato de sus preferencias, tanto ciudadanos como partido y Gobierno evitarán sumirse en un caos de incertidumbre, como siempre está ocurriendo, pasadas las últimas elecciones para cargos de elección popular para Congreso y demás corporaciones legislativas, aparecen las dudas y las demandas contra los elegidos no se hacen esperar.
Para corroborar lo que estamos diciendo, basta con hacer una evaluación de las elecciones de los últimos diez años, por lo regular las instancias electorales y despachos judiciales están atiborrados de procesos contra: gobernadores, alcaldes, congresistas, diputados y concejales, que fueron elegidos violando claras normas electorales, pero lo más grave, lo hicieron con pleno conocimiento de causa y con el aval del partido político al cual pertenecen o que sin serlo, se matricularon a última hora sobornando, a punta de dádivas, la conciencia de sus directivos.
En conclusión, no es exagerado decir que el Estado debe ser el garante de los elegidos, y cuando ocurra una inconsistencia, trasladarla a los directorios políticos, en cabeza de sus directivos, la responsabilidad de quienes promovieron la elección, puesto que los departamentos, municipios y ciudadanos votantes son en últimas los directos damnificados con la elección de un candidato sub judice.
No es que nos apartamos del voto obligatorio, pero, siempre y cuando se corrijan tantos vicios electorales puestos en práctica meses antes de las elecciones donde se mueven miles y miles de millones de pesos para comprar la conciencia de sus electores.
Esperamos pues que la reforma política que empieza a discutirse en los directorios políticos y en las altas instancias del Gobierno se haga con una mayor participación ciudadana, sin embargo, no es nada aceptable por parte de la opinión nacional que sea a través del Congreso de la República, siempre hemos creído y así lo hemos expresado a través de esta columna que su aprobación final debe hacerla el constituyente primario.
Consultada la opinión pública, en su mayor parte expresan su apatía, por no decir odio, contra los partidos y movimientos políticos, de allí es de donde se derivan los mayores índices de abstención y la poca credibilidad en sus gobernantes y los poderes legislativos.