El 1° de noviembre de 1865 se transfirió el primer telegrama en Colombia. Era un mensaje de interés público: “El telégrafo eléctrico ha subido a los Andes colombianos y envía su primer saludo al digno presidente de esa República”. Como funcionaba bien el invento del telegrama, se extendió a las comunicaciones entre personas, que a su vez fueron protegidas con la inviolabilidad de la correspondencia. Hoy ya no existe Telecom, pero existe Telegrama con mayúscula (o Telegram), una empresa que ofrece servicios de comunicación privada parecidos a WhatsApp. Telegram fue multada el mes pasado en Rusia por no permitir al gobierno de Putin el acceso a los datos y contenidos de comunicaciones de sus usuarios, pues no mediaba orden de un juez. ¿Nos debe preocupar esto aquí en Colombia?
Depende. Hay quienes dicen que el que nada debe nada teme y no les importa que prácticamente les chucen sus celulares. De manera equivalente, estas personas casi parecen pensar que como no tienen nada para decir, no les importa tampoco la libertad de expresión. Pero en la práctica, todo el mundo tiene cosas que quiere mantener privadas o anónimas: el periodista que quiere proteger sus fuentes, el activista de derechos humanos que es visto y perseguido como enemigo y quiere protegerse, la empresaria que está preparando su estrategia para comprarle el negocio al vecino, el que compra con su tarjeta de crédito por internet o incluso y sobre todo quién comparte cosas privadas como sus costumbres sexuales o su lista de amigos. No en vano la inviolabilidad de correspondencia está protegida en la Constitución.
En Colombia podríamos pensar que el problema de Telegram, que usa un servicio de cifrado de punto a punto como WhatsApp, está anulado porque nuestras normas atrasadas prohíben enviar mensajes cifrados o ininteligibles por equipos de comunicaciones que usen el espectro electromagnético, lo que conllevaría la prohibición de WhatsApp. Pero esa prohibición de encriptar es un canto a la bandera porque el poder normativo de lo fáctico se ha impuesto en beneficio de los 15 millones de usuarios de WhatsApp en Colombia que valoramos este tipo de comunicación (hasta el fiscal ha dicho que usa el chat de WhatsApp que es encriptado).
Lo que sí nos debe preocupar es el riesgo que tenemos esos 15 millones de colombianos de que nuestra información sea exigida a WhatsApp sin que un juez lo autorice. Es decir, que prácticamente podamos ser chuzados sin que exista ningún tipo de control judicial. En Colombia, aunque la ley de inteligencia prohíbe las chuzadas desde 2013, por una interpretación equivocada parecería obligar a proveedores, como WhatsApp o Telegram, a suministrar “cualquier otra información que contribuya” a la localización del usuario. Y hasta aquí, sin hablar de que en el cifrado punto a punto el proveedor no tiene la clave para desencriptar la información individual, por lo que para responder a la petición del Gobierno tendría que darle unas “llaves traseras” al sistema, lo que técnicamente pone en riesgo la seguridad de todos los usuarios del servicio porque daña el cifrado.
Siendo así, da igual si es Telegram o WhatsApp, porque una mala interpretación de las normas colombianas sería nefasta: si el proveedor de comunicaciones no quisiera darle información al DAS, que ahora se llama DNI, podría verse ante la disyuntiva de aceptar poner en riesgo las comunicaciones de 15 millones de colombianos o tendría que someterse a diferentes sanciones como la multa.
¡Estaríamos muy mal en Colombia si comenzáramos a parecernos a Rusia!
*Subdirectora de Dejusticia (www.dejusticia.org).
El 1° de noviembre de 1865 se transfirió el primer telegrama en Colombia. Era un mensaje de interés público: “El telégrafo eléctrico ha subido a los Andes colombianos y envía su primer saludo al digno presidente de esa República”. Como funcionaba bien el invento del telegrama, se extendió a las comunicaciones entre personas, que a su vez fueron protegidas con la inviolabilidad de la correspondencia. Hoy ya no existe Telecom, pero existe Telegrama con mayúscula (o Telegram), una empresa que ofrece servicios de comunicación privada parecidos a WhatsApp. Telegram fue multada el mes pasado en Rusia por no permitir al gobierno de Putin el acceso a los datos y contenidos de comunicaciones de sus usuarios, pues no mediaba orden de un juez. ¿Nos debe preocupar esto aquí en Colombia?
Depende. Hay quienes dicen que el que nada debe nada teme y no les importa que prácticamente les chucen sus celulares. De manera equivalente, estas personas casi parecen pensar que como no tienen nada para decir, no les importa tampoco la libertad de expresión. Pero en la práctica, todo el mundo tiene cosas que quiere mantener privadas o anónimas: el periodista que quiere proteger sus fuentes, el activista de derechos humanos que es visto y perseguido como enemigo y quiere protegerse, la empresaria que está preparando su estrategia para comprarle el negocio al vecino, el que compra con su tarjeta de crédito por internet o incluso y sobre todo quién comparte cosas privadas como sus costumbres sexuales o su lista de amigos. No en vano la inviolabilidad de correspondencia está protegida en la Constitución.
En Colombia podríamos pensar que el problema de Telegram, que usa un servicio de cifrado de punto a punto como WhatsApp, está anulado porque nuestras normas atrasadas prohíben enviar mensajes cifrados o ininteligibles por equipos de comunicaciones que usen el espectro electromagnético, lo que conllevaría la prohibición de WhatsApp. Pero esa prohibición de encriptar es un canto a la bandera porque el poder normativo de lo fáctico se ha impuesto en beneficio de los 15 millones de usuarios de WhatsApp en Colombia que valoramos este tipo de comunicación (hasta el fiscal ha dicho que usa el chat de WhatsApp que es encriptado).
Lo que sí nos debe preocupar es el riesgo que tenemos esos 15 millones de colombianos de que nuestra información sea exigida a WhatsApp sin que un juez lo autorice. Es decir, que prácticamente podamos ser chuzados sin que exista ningún tipo de control judicial. En Colombia, aunque la ley de inteligencia prohíbe las chuzadas desde 2013, por una interpretación equivocada parecería obligar a proveedores, como WhatsApp o Telegram, a suministrar “cualquier otra información que contribuya” a la localización del usuario. Y hasta aquí, sin hablar de que en el cifrado punto a punto el proveedor no tiene la clave para desencriptar la información individual, por lo que para responder a la petición del Gobierno tendría que darle unas “llaves traseras” al sistema, lo que técnicamente pone en riesgo la seguridad de todos los usuarios del servicio porque daña el cifrado.
Siendo así, da igual si es Telegram o WhatsApp, porque una mala interpretación de las normas colombianas sería nefasta: si el proveedor de comunicaciones no quisiera darle información al DAS, que ahora se llama DNI, podría verse ante la disyuntiva de aceptar poner en riesgo las comunicaciones de 15 millones de colombianos o tendría que someterse a diferentes sanciones como la multa.
¡Estaríamos muy mal en Colombia si comenzáramos a parecernos a Rusia!
*Subdirectora de Dejusticia (www.dejusticia.org).