ESTE 22 DE MARZO FUE ASESINADA Gloria Constanza Gaona Rengifo, juez especializada encargada del proceso penal contra el subteniente Raúl Muñoz, de la Brigada Móvil N° 5 del Ejército Nacional en Tame (Arauca) y principal sospechoso del asesinato y violación de una niña y el homicidio de sus dos hermanos menores en una vereda de Tame, en octubre de 2010.
Aunque apenas inicia la investigación sobre los autores del homicidio (la juez también llevaba casos de rebelión contra miembros de las Farc y el Eln), una serie de eventos relacionados con el proceso judicial contra el subteniente que ya se venían difundiendo en la prensa nacional y regional de Arauca despiertan sospechas. A pesar de que Muñoz confesó haber violado a dos menores, en el transcurso de los últimos cinco meses el juicio se empantanó a tal punto que no se ha podido concretar la audiencia de juicio oral.
El 22 de febrero la juez tuvo que cancelar la audiencia preparatoria porque Muñoz no fue trasladado por el Inpec de Bogotá a Arauca. Al día siguiente su abogada Patricia Lucía Díaz renunció al caso. Sería el tercer defensor en abandonar el proceso. Díaz fue reemplazada por Paola Milena Pinzón, quien solicitó la libertad de Muñoz alegando vencimiento de términos, petición que fue negada por Gaona y la audiencia se aplazó hasta el 28 de febrero. Ese día Muñoz informó que su nueva abogada había renunciado y que no tenía defensor por lo cual se le asignó uno de oficio. En consecuencia, la nueva audiencia quedó para el 31 de marzo, fecha a la que no llegaría viva la juez.
Según varias fuentes, ese 28 de febrero Gaona aseguró que las abogadas habían actuado de forma desleal e irresponsable y que habían usado artimañas temerarias para dilatar el proceso. Una de las últimas acciones de la juez fue solicitar a la Judicatura la investigación de las abogadas, quienes resultaron ser integrantes de la Defensoría Militar Integral (Demil).
El hecho investigado por la juez no es aislado. En los últimos dos años se documentaron al menos cinco violaciones contra niñas de parte del Ejército en Arauca. En el último evento, ocurrido hace menos de un mes, fueron acusados soldados de la misma Brigada N° 5. Las autoridades informaron que Gaona no había solicitado protección especial ni denunciado situaciones que “ameritaran” prestarle seguridad. Ese “ameritar seguridad” en lenguaje de procedimiento significa presentar pruebas de las amenazas, pero éstas no siempre se tienen a la mano pues muchos jueces llevan casos que implican a poderosos que sin mediar amenazas atentan contra los funcionarios.
Si llevar un caso —que incluye delitos de lesa humanidad— del que depende no sólo la libertad de un teniente sino también la reputación de cuatro oficiales y tres suboficiales del Ejército Nacional, si estar a cargo de un juicio que no representa un hecho aislado sino una serie de violaciones de parte de las Fuerzas Armadas colombianas no “ameritó” prestar seguridad a la juez, entonces ¿qué sí?
ESTE 22 DE MARZO FUE ASESINADA Gloria Constanza Gaona Rengifo, juez especializada encargada del proceso penal contra el subteniente Raúl Muñoz, de la Brigada Móvil N° 5 del Ejército Nacional en Tame (Arauca) y principal sospechoso del asesinato y violación de una niña y el homicidio de sus dos hermanos menores en una vereda de Tame, en octubre de 2010.
Aunque apenas inicia la investigación sobre los autores del homicidio (la juez también llevaba casos de rebelión contra miembros de las Farc y el Eln), una serie de eventos relacionados con el proceso judicial contra el subteniente que ya se venían difundiendo en la prensa nacional y regional de Arauca despiertan sospechas. A pesar de que Muñoz confesó haber violado a dos menores, en el transcurso de los últimos cinco meses el juicio se empantanó a tal punto que no se ha podido concretar la audiencia de juicio oral.
El 22 de febrero la juez tuvo que cancelar la audiencia preparatoria porque Muñoz no fue trasladado por el Inpec de Bogotá a Arauca. Al día siguiente su abogada Patricia Lucía Díaz renunció al caso. Sería el tercer defensor en abandonar el proceso. Díaz fue reemplazada por Paola Milena Pinzón, quien solicitó la libertad de Muñoz alegando vencimiento de términos, petición que fue negada por Gaona y la audiencia se aplazó hasta el 28 de febrero. Ese día Muñoz informó que su nueva abogada había renunciado y que no tenía defensor por lo cual se le asignó uno de oficio. En consecuencia, la nueva audiencia quedó para el 31 de marzo, fecha a la que no llegaría viva la juez.
Según varias fuentes, ese 28 de febrero Gaona aseguró que las abogadas habían actuado de forma desleal e irresponsable y que habían usado artimañas temerarias para dilatar el proceso. Una de las últimas acciones de la juez fue solicitar a la Judicatura la investigación de las abogadas, quienes resultaron ser integrantes de la Defensoría Militar Integral (Demil).
El hecho investigado por la juez no es aislado. En los últimos dos años se documentaron al menos cinco violaciones contra niñas de parte del Ejército en Arauca. En el último evento, ocurrido hace menos de un mes, fueron acusados soldados de la misma Brigada N° 5. Las autoridades informaron que Gaona no había solicitado protección especial ni denunciado situaciones que “ameritaran” prestarle seguridad. Ese “ameritar seguridad” en lenguaje de procedimiento significa presentar pruebas de las amenazas, pero éstas no siempre se tienen a la mano pues muchos jueces llevan casos que implican a poderosos que sin mediar amenazas atentan contra los funcionarios.
Si llevar un caso —que incluye delitos de lesa humanidad— del que depende no sólo la libertad de un teniente sino también la reputación de cuatro oficiales y tres suboficiales del Ejército Nacional, si estar a cargo de un juicio que no representa un hecho aislado sino una serie de violaciones de parte de las Fuerzas Armadas colombianas no “ameritó” prestar seguridad a la juez, entonces ¿qué sí?