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Las llamas empezaron a arder en las llantas de los buses alrededor de las 11:15 de la noche. Primero en el articulado que estaba en la primera posición. Rápidamente los siguientes siete buses de Transmilenio que se encontraban en línea detrás del puntero ardían como troncos en chimenea.
A las 6:30 p.m. los buses habían sido bloqueados en la autopista Sur de Bogotá a la altura de la estación de Transmilenio denominada Bosa. Los neumáticos fueron desinflados y pinchados para que no tuvieran escapatoria. Bloqueados sin posibilidad de fuga. Todo había sido una emboscada. (Ver Video).
Un acto premeditado de vandalismo imperdonable, en contra de los bienes de la ciudad ocurrido el 9 de septiembre de 2020 durante las manifestaciones y protestas en contra del Gobierno nacional. Un evento de brutalidad y terrorismo en contra de los ciudadanos, no perpetrado por los manifestantes pacíficos, no, sino por los vándalos que se infiltraron en las marchas para desprestigiar el objeto de las mismas.
El resultado fue la incineración total de 13 vehículos, ocho buses articulados rojos de Transmilenio y cinco buses corrientes del SITP de color azul y naranja. Todos los vehículos quemados pertenecían a empresas operadoras del sistema de transporte público de pasajeros. Para tener la dimensión de los daños, es importante aclarar que un bus biarticulado cuesta alrededor de $1,185 millones. Un articulado, $850 millones y los buses corrientes, entre $350 y $450 millones. Fueron más de $12.000 millones, entre los daños y el lucro cesante de diez meses.
Triste como todos los daños que han hecho a las ciudades vándalos infiltrados en las marchas. Pero sigamos enfocados en este caso de los buses.
Como cualquier otro vehículo que ofrezca un servicio público de transporte de pasajeros, los operadores de estos buses deben tener un seguro contra todo riesgo, pues así lo exige la ley. Es decir, deben tener una póliza adquirida por el dueño que cubre los posibles daños o víctimas en cualquier hecho o accidente. Pero también deben tener otra póliza.
Aquí hay que ponernos técnicos.
Un vehículo de servicio público tiene dos pólizas: una particular, que paga el dueño, y una gubernamental para el transporte público, que paga el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, con recursos públicos.
Las pólizas particulares que tienen vigentes cada uno de los operadores dueños de esos 13 buses para esa época tenían una condición: en caso de ser catalogado el hecho como terrorismo, este tiene que suceder dentro de los patios de los buses, no en la operación. No en la calle, ni en la vía. Estos seguros se adquieren así, porque la póliza que paga el Gobierno es la que cubre los actos de terrorismo o hechos como los aquí descritos, de incineración en vía pública.
Acá se pone complicado.
Según las normas que regulan ese servicio y que exige el contrato con Transmilenio, la póliza particular cubre terrorismo y vandalismo solo en los patios, mientras que la póliza del Gobierno tiene ese cubrimiento solo cuando los vehículos se encuentran “en operación”. Así que las coberturas son diferentes: una es en patios, con los vehículos parqueados, y otra es en la vía, donde ocurrieron los hechos.
¿La razón? Dado que es el Estado quien debe garantizar la seguridad de todos los automotores que transportan pasajeros, el Gobierno debe comprar una póliza para amparar y cubrir los hechos que ocurran en Colombia por incineración, cuando se les sale de las manos a las autoridades garantizar este derecho. Por ley, el Gobierno asume esta reparación.
En razón a esto, los dueños de los vehículos hicieron todos los trámites que se requerían, presentando la reclamación a la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, del sector solidario, la que tiene a su cargo la póliza de seguro de automóviles 844-40-994000000002 del Ministerio de Hacienda, que fue otorgada mediante licitación pública para vigencia de cuatro años, entre 2019 y 2023, por $40.000 millones.
Pero, oh, sorpresa.
La aseguradora que seleccionó el Gobierno no quiere pagar. Faltando un día para vencerse el plazo legal de 30 días para dar respuesta a la reclamación, la compañía de seguros les envió una carta a los reclamantes diciendo un rotundo “no”. Esto, justificado en que no se trataba de “actos terroristas” sino de “tipo de eventos vandálicos”.
Ahora bien, la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de adelantar labores de investigación, logró establecer quiénes fueron los autores y responsables de la incineración de los vehículos de transporte.
Mediante la comunicación MEBOG-SUBCO 29.57 —suscrita por el coronel Wilson Javier González Delgadillo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C.—, se certificó que los hechos en los cuales fueron incinerados los vehículos de transporte público Masivo y Zonal sobre la autopista Sur fueron consecuencia de actos terroristas ejecutados por cédulas urbanas autodenominadas “Uniones Solidarias” conformadas por militantes de grupos armados organizados residuales (GAOR) con incidencia en la localidad de Ciudad Bolívar.
Para la misma época de la respuesta de la aseguradora, el Ministerio de Defensa se pronunció y dijo que “este hecho no se trataba de actos vandálicos ni amotinamiento ni nada de esto sino que se trataba de actos terroristas”. Pareciera que la aseguradora no se tomó el trabajo de revisar la diferencia entre los términos “terrorismo” y “vandalismo” en el Diccionario de la Real Academia española, que se limita a que el terrorismo pretende causar un efecto político, mientras que el vandalismo no. ¿Será que las “Uniones Solidarias” no pretenden un efecto político?
El 6 de octubre del año pasado, la Policía de Bogotá, a través del comandante operativo de Apoyo Especializado, coronel José Óscar Jaramillo Niño, en ese momento encargado de la Policía en Transmilenio, certificó que esos vehículos incinerados fueron objeto de vandalismo.
Por su parte los operadores de los buses y los usuarios están presos de un tecnicismo en donde una aseguradora, pagada con recursos de todos los colombianos, dice que no responde por los millonarios daños, y de nada ha servido que los transportadores pusieran quejas ante los ministerios de Hacienda y de Transporte, la Superfinanciera, la Veeduría Distrital y la Contraloría General. Ellos tampoco responden.
Mientras tanto, queda claro que el Gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda, compró una póliza por $40.000 millones por si ocurrían unos hechos, los hechos ocurrieron y la aseguradora no quiere pagar. La tragedia se cuenta sola y quienes pagan el precio de los actos de vandalismo y terrorismo perpetrados por los infiltrados en las marchas son los usuarios del transporte masivo y los ciudadanos.