Presumir la inocencia… de las víctimas

Cada vez que se conoce una denuncia contra un abusador o un acosador sexual, uno o varios de sus defensores salen a reclamar el derecho a la presunción de inocencia y de entrada señalan que son falsedades, conspiraciones o venganzas. Esos mismos que reclaman presunción de inocencia para el acusado de agredir, condenan a las víctimas y las presumen culpables y mentirosas de entrada. ¿No merecen las víctimas también la presunción de inocencia?

Las garantías procesales, que son importantes, otorgan a todos el derecho a la presunción de inocencia, pero también es real que durante muchos años la justicia se ha encargado de proteger a muchos agresores por cuenta de las fisuras de las leyes y las inmensas trabas que tienen las víctimas para acceder a la justicia, mucho más si se trata de mujeres víctimas de abuso y de acoso. La denuncia suele ser el primer paso de una nueva agresión y pocas veces significa justicia. Hoy la denuncia en medios de comunicaciones y redes sociales se ha convertido en el camino para quebrar la histórica impunidad.

Por eso vale recordar una y otra vez los varios fallos de la Corte Constitucional que han protegido “el derecho de las mujeres y de los particulares a denunciar por redes sociales los actos de discriminación, violencia, acoso y abuso de los que sean víctimas o tengan noticia”. Además de fallos en casos particulares de tutela, también la Corte en junio del 2022 se pronunció sobre una demanda contra el segundo numeral del artículo 224 del Código Penal que ponía trabas a las denuncias de las víctimas y recordó que la divulgación de denuncias de violencia de género es un discurso protegido por el derecho a la libertad de expresión.

Es muy importante tener en cuenta eso para responder a quienes consideran que las mujeres no tienen derecho a denunciar. Lo tienen, lo protege la ley y además la sociedad lo debe defender porque ante unas instituciones que se han quedado cortas para protegernos, levantar la voz y gritar las denuncias es un camino válido. La sanción social cuenta mucho porque hasta hace muy poco lo “mal visto” era que una mujer se atreviera a denunciar. Eso está cambiando. Que tenga miedo el agresor y no la mujer agredida.

Las instituciones le han fallado a las mujeres. La justicia no hace justicia y las entidades en donde se producen las agresiones suelen mirar para otro lado. Colegios, universidades, empresas, entidades públicas son escenarios constantes de abuso y acoso. Se ha permitido esta epidemia de violencia de género que durante décadas se ha considerado parte del paisaje. No se denuncia, no se condena, se tolera, se acepta y en muchos casos cuando se busca la sanción, la mujer agredida resulta estigmatizada, despedida, sancionada.

Se protege con un manto de silencio el prestigio, el nombre, el cargo, el poder del victimario que usa precisamente su posición para agredir a mujeres y evitar ser sancionado. Esos hombres poderosos buscan sexo bajo el miedo y la presión. Eso es abuso y las mujeres debemos seguir gritando y respaldando a quienes con valentía se atreven a denunciar. No es fácil hacerlo. El miedo presiona, la revictimización es un fantasma que siempre ronda a las mujeres agredidas. Por eso es tan importante rodearlas y defender colectivamente el derecho que tienen a denunciar y contar su verdad.

En este escenario es muy importante el trabajo de periodistas y medios de comunicación para generar ambientes seguros que les permitan a las víctimas denunciar. Y nos corresponde hacer bien el trabajo para investigar, contrastar información, aportar los elementos que impidan al agresor seguir en la impunidad. La violencia de género no puede seguir siendo parte de la realidad con la que hemos convivido como si fuera normal porque “pasa en todas partes”. ¡No es normal! Y jamás es culpa de la víctima.