Por: Alfredo Molano Bravo

Rompecabezas

HACE POCOS DÍAS PASÉ POR MONTEría, una ciudad que conozco desde que Héctor Abad Gómez, siendo director de la División de Desarrollo Social del Incora, me mandó en comisión al Alto Sinú a investigar los efectos que tendría sobre la reforma agraria el plan del Ejército de organizar “aldeas estratégicas” para concentrar a la población civil y poder bombardear a las guerrillas del naciente Epl.

La estrategia era descabellada de principio a fin. No era tan fácil la separación entre guerrilleros y campesinos. Por aquellos días de finales de la década de los sesenta, la colonización del Paramillo estaba en pleno apogeo. Los campesinos antioqueños que venían de Ituango y los que subían de las sabanas de Bolívar, de la depresión mompoxina y del bajo Sinú, se encontraban en las faldas de Murrucucú y en las hoyas de los ríos Esmeralda, Tigre y Manso.

Eran campesinos rebuscadores unos y expulsados otros de las tierras bajas y cenagosas por terratenientes. Muchos tenían experiencia en las luchas por la tierra que desde la organización de los baluartes campesinos en los años treinta o de la Anuc en los sesenta no habían cesado en la región. El Epl primero y luego las Farc echaron raíces en este suelo abonado con sangre. Con la crisis de la Anuc, los grupos insurgentes ganaron creciente influencia política y se enfrentaron a reconocidos gamonales regionales. Fue así que poco a poco nacieron los paramilitares, aupados y financiados por los terratenientes y protegidos por el Ejército.

Pero la codicia de los hacendados iba más allá de la crueldad de las guerrillas. Más claro: los terratenientes apelaron a la amenaza guerrillera, sin duda veraz, para dar rienda suelta a su objetivo real: limpiar de campesinos las ricas tierras del Sinú, revalorizadas con las obras de infraestructura que el Incora había hecho y con las que el Gobierno preparaba con la construcción de las hidroeléctricas Urrá I y II. En las áreas de influencia de estas obras se producen las más bestiales y crueles masacres: Mejor Esquina, Las Tangas, Honduras, La Negra. La tierra queda libre de campesinos y las haciendas crecen al ritmo del ensangrentamiento. El Estado pasa de agache, los gobiernos miran para otro lado, los medios callan. Una apoteósica complicidad se arma para ocultar lo que hoy comienza a salir a la superficie. El paramilitarismo fue y es, ante todo, un gran negocio. No sólo para terratenientes y ganaderos, sino para comerciantes, exportadores, narcotraficantes, políticos y, claro está, para la Fuerza Pública. Quién más quién menos, todos los ricos que tenían intereses económicos en la región se beneficiaron con la sangrienta victoria coronada con el Pacto de Ralito.

Es la historia que Iván Cepeda y Jorge Rojas cuentan en su libro A las puertas del Ubérrimo. Con cuidado, pieza por pieza, documentándose y con un agudo sentido de la perspectiva, van armando el rompecabezas. Faltan piezas, es cierto: descuidan una fundamental: el narcotráfico, pero escudriñan al centímetro la parapolítica, su hermana gemela. Faltan evidencias judiciales de muchos de los vínculos, pero el libro es suficientemente sugerente —y cauto— al detenerse en el quiebrapatas de El Ubérrimo.

Es la pieza maestra que falta y que estaría en el vértice superior de la negra pirámide. Nadie podía ignorar lo que hacia el Mono Mancuso, vecino de muchas fincas en Córdoba, siendo como es el niño consentido de esa oligarquía local mitad antioqueña, mitad costeña, paseándose uniformado y armado por los malls, por el restaurante La Victoriana y por los barrios de La Castellana y el Recreo de Montería. “A las puertas de El Ubérrimo, a escasos kilómetros de esa hacienda, en su entorno político y social —concluye el libro—, nació y alcanzó su ascenso en los últimos veinticinco años el proyecto paramilitar”.

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