Por: Álvaro Camacho Guizado

El premio a la barbarie

Durante la primera alcaldía de Antanas Mockus, el entonces ministro de Defensa, Fernando Botero, hizo la propuesta de que se organizaran y pagaran recompensas por la delación de delincuentes.

Esta práctica le parecía un recurso muy eficaz para combatir la delincuencia. Con muy buen tino, Antanas se opuso y arguyó que la denuncia del delito es un deber ciudadano, que no tiene por qué ser remunerado. Hoy tenemos todo lo contrario: con ese argumento de la eficacia, se ha institucionalizado la figura del sapo, la cual, al menos hasta hace poco tiempo, era considerada despreciable.

Y se ha institucionalizado a tal punto que se va a remunerar, con una muy jugosa suma, a alguien que es más que un simple sapo: se va a premiar a un traidor que asesinó a dos personas mientras dormían, les robó sus documentos y a una de ellas le cortó una mano, para usarla como una prueba de su valentía y como una especie de recibo para cuando le pagaran. Y eran personas que supuestamente confiaban en él. Aunque una de ellas fuera un reconocido miembro de una guerrilla bárbara. Y esto lo hizo, así lo dijo, en defensa propia

Y no solamente se le va a pagar, sino que se le va a perdonar su delito, y para dar este paso se ha recurrido a toda una serie de argumentaciones jurídicas, esbozadas por nadie menos que el Fiscal General.

Que las Farc degraden la guerra y cometan toda clase de delitos, tropelías, secuestros y asesinatos de inocentes, no es de extrañar: no será la primera vez que lo hacen, y su degradación ha sido tan profunda que esas acciones ya no sorprenden. Pero que el Estado colombiano contribuya de esa manera a envilecer el conflicto, es ya bordear el ámbito del absurdo. Que la justicia tenga que hacer malabares retóricos para justificar el premio y el perdón al crimen brutal significa ponerla al servicio de la política del odio y el “todo vale”: es borrar así las necesarias diferencias que debe haber entre un Estado de derecho que expresa la democracia y el respeto por la vida humana y que respeta la ley, y una fuerza militar que ultraja ambos ideales con sus acciones.

Estamos cosechando más de cinco años de una retórica que no ha ahorrado esfuerzos para deshumanizar al enemigo, para presentarlo como la peor encarnación del mal, como un demonio al que es preciso eliminar, así sea mediante el uso de recursos y estrategias como las que utilizó el asesino de marras.

Que a las Farc hay que combatirlas con toda la fuerza del aparato militar estatal, nadie lo duda, pero esto no significa que se pierdan ciertos condicionantes éticos que siempre deben regir, así se trate de una guerra irregular. Que algún fanático de la ultraderecha ofrezca celebrar con champaña en público la muerte de un guerrillero, expresa un extremo de crueldad que parece más un síntoma de una enfermedad mental que un apego a la legalidad y a la democracia. Ese sujeto con seguridad se define como católico, apostólico y romano, igual que quien ha ganado una inmensa popularidad a partir de ese discurso de odio y deshumanizador.

Es grave, muy grave, que esto suceda: se está bordeando un abismo moral y de intolerancia que si no se frena se puede traducir en barbarie. Ya no es sólo la creciente dificultad de buscar una solución negociada al conflicto: ahora la solución es la eliminación física del enemigo. Los medios de comunicación están frente a un reto inescapable: o siguen, como algunos de ellos, haciendo coro a esa retórica y a esa política brutal, o contribuyen a establecer una sindéresis elemental que ponga freno a la tendencia a estimular y aplaudir la ferocidad y el cinismo.

Estoy seguro de que Antanas también está aterrado, como lo deben estar quienes aún crean que es posible plantear y tramitar conflictos mediante el recurso a la razón y a la virtud. ¿Qué dirán los dueños de la moral católica? ¿Qué dirán quienes todavía creen que este es un país católico?

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