Por: Álvaro Camacho Guizado

El futuro de las víctimas

PARECE QUE LA GESTIÓN DEL GObierno y su coalición va a lograr que fracase la ley de víctimas. La oposición gubernamental se ha concentrado en varios puntos: la inclusión de las víctimas de agentes del Estado; la divergencia entre solidaridad y responsabilidad estatal; el principio de buena fe de las víctimas.

Uno de los voceros más connotados de las posiciones oficiales ha sido Eduardo Pizarro, quien en un reportaje en El Tiempo da sus puntos de vista, afortunadamente a título de analista y no de presidente de la CNRR. Grave sería que hablara en esta segunda condición.

Sobre el primero de sus argumentos ya se expresó Rodrigo Uprimny en columna reciente de este periódico, y sólo se puede agregar que los episodios de esta semana sobre los mal llamados “falsos positivos” le aportan más fuerza a su argumentación respecto de la necesidad de incluir a las víctimas de agentes del Estado en los procesos de reparación.

Respecto del segundo argumento, Pizarro defiende el principio de solidaridad sobre el de responsabilidad y sostiene que “la solidaridad es un principio ético superior a la responsabilidad”. Difícil aceptar el argumento, ya que establecer una escala de lo menos a lo más ético en este caso es un problema filosófico de marca mayor: ¿con qué criterios se puede sostener que un principio es más ético que otro? Pero más aún: por más ética que sea la solidaridad, ella no obliga, mientras que la responsabilidad sí es exigible.

Y de eso se trata: de exigirle al Estado que repare a las víctimas, y no que simplemente se muestre solidario con ellas. Y respecto de la propuesta de que la condición de las víctimas sean certificadas por la justicia, es preferible pensar que se trata de un argumento ingenuo: Pizarro sabe perfectamente que la justicia puede prolongarse hasta el punto de que el caso prescriba, si no se trata de un delito de lesa humanidad. Y no puede ser muy serio que ante este riesgo se proponga un mecanismo de urgencia. Eso es olvidar que sistemáticamente las autoridades del Ejecutivo buscan negar o distorsionar los hechos, y que por tanto, independientemente del mecanismo de urgencia, siempre habrá una dilación que anule ese mecanismo.

El tercer argumento se refiere a la prueba de buena fe aplicable a las víctimas de agentes distintos del Estado: en este punto Pizarro parte de la desconfianza: algunos vivos se harán pasar por víctimas a fin de lucrarse con la reparación. Esto es posible, desde luego, pero entonces ha desaparecido el principio de buena fe y serán las víctimas quienes tengan que probar que lo son. Es posible que haya avivatos, pero no por eso se puede poner a las víctimas en la terrible y engorrosa tarea de probar su identidad.

La CNRR ha elaborado, según Pizarro, una sociología de las víctimas, para conocer sus condiciones sociales. Con seguridad al aplicar las pautas desarrolladas en ese ejercicio, se encontrará que esas condiciones hacen muy difícil que las víctimas puedan presentarse a juicios de identidades en los que los agentes estatales de la reparación, para ahorrar fondos, los pueden derrotar a punta de argumentaciones rabulescas. Eso puede ser fácil para los abogados del Estado y el resultado será que pagarán justos por pecadores y que las víctimas perderán sus posibilidades de reparación. A menos que unas madres campesinas, a veces analfabetas y en condiciones de miseria, contraten un abogado capaz de enfrentarse a las vivezas de su contraparte. Y como en general quienes defienden a las víctimas son definidos por el Gobierno como agentes subversivos y enemigos del Estado, esos abogados cargarán con la cruz del estigma.

Entonces las víctimas tendrán que apelar al Chapulín Colorado: “Y ahora, ¿quién podrá defendernos?”.

 

 

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