Por: Eduardo Sarmiento

Los 17 años de la Constitución

La Constitución de 1991 marcó un avance considerable al proclamar que Colombia es un Estado social de derecho. Más aún, definió los derechos fundamentales económicos en términos de la educación, la salud, el trabajo y la vivienda digna, y comprometió recursos presupuestales crecientes para asegurar el cumplimiento de los dos primeros.

Si bien el qué de la reforma era impecable, el cómo dejaba mucho que desear. No se crearon las condiciones que garantizaran que los beneficios llegaran en una mayor proporción a los sectores más desfavorecidos de la población. Al tiempo que los recursos para salud y educación más que se triplicaron, en términos reales, la pobreza supera el 50% y la distribución del ingreso es una de las menos equitativas del mundo.

Parte de la dificultad está en el mismo texto constitucional. En la Constitución de 1886 se estableció que el interés público prima sobre el privado, y en la reforma de 1936 se fue mucho más allá al declarar la función social de la propiedad. El retroceso es notable. El papel de la propiedad se le cedió a la libre competencia. Así, en los artículos 332 y 333 se estipula que el sistema económico será gobernado y orientado por la competencia dentro de los límites del interés común. La propiedad dejó de ser una condición suficiente para el bienestar social y no llega siquiera a necesaria. La verdad es que la Constitución no contempla un mecanismo propositivo para alcanzar el bien común, más concretamente, para configurar una sociedad justa y equitativa.

El vacío constitucional no quedó en los simples enunciados. La indefinición de la propiedad dio rienda suelta a las privatizaciones. La constante de los últimos años ha sido la entrega de las empresas públicas por debajo del costo de oportunidad y el traslado de los poderes monopólicos al sector privado. Aun más grave, ha sido la privatización de los servicios sociales, en unos casos en forma explicita y en otros disimulada.

El predominio de la educación privada no ha dado los resultados previstos. Entre 1993 y 2005 los recursos presupuestales se triplicaron, y de acuerdo con la información censal, la asistencia en primaria llego a 90%, en la secundaria paso de 68 a 78% y en la universitaria se mantuvo alrededor de 26%. Lo más grave son las repercusiones en la calidad. En el estudio Piza, Colombia obtuvo el puesto 52 entre 55, revelando cómo la estructura segregada resulta en una distribución de oportunidades tan desigual como la del ingreso. El bajo desempeño promedio de Colombia obedece a que muy pocos estudiantes obtienen los grados altos.

En salud, la Ley 100 entregó los recursos a las empresas privadas en la creencia de que la competencia conduciría a convertir las cotizaciones en servicios. En su lugar, surgió una integración vertical donde las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) se cruzan y son dueñas de los hospitales, y en conjunto con al asimetría de la información, les significa un poder monopólico que les permite entregar el servicio que les convenga. Una buena parte de los recursos públicos quedan en jugosos márgenes y, al igual que en la educación, los servicios no guardan relación con el aumento de recursos.

Por su parte, la conformación de los fondos privados de pensiones y el marchitamiento del ISS implicó una triplicación de las cotizaciones sin resultados visibles. Colombia es uno de los países de la región con la menor cobertura pensional y los beneficios están concentrados en los sectores altos. Mientras el acceso del quintil más alto es de 40%, el del más bajo no llega a 6%.

No es casual, entonces, que la elevación del gasto social no haya tenido un efecto sobre la pobreza y la distribución del ingreso. La entrega de su administración al lucro individual llevo a apropiarse de buena parte de los recursos públicos, favorecer a los estratos altos que tienen mayor elasticidad y mayor capacidad de trasladarse de una institución a otra, y entregar servicios de mala calidad a los sectores menos favorecidos.

Ojalá esta experiencia de los últimos 17 años sea asimilada por el Gobierno y abra espacio para cambios de fondo. La función social de la propiedad debe volver a la Constitución y adquirir una forma más concreta en términos de equidad y justicia social.

Nada se gana con grandes enunciados constitucionales sin la voluntad política para materializarlos. El progreso social está condicionado a administraciones que se comprometan con una política pública que le dé abierta prioridad a la equidad sobre la eficiencia y la competencia. La agenda resulta del diagnóstico descrito.

Hay que quebrar la educación segregada, eliminar la integración vertical en la salud y crear una gran institución estatal, así como movilizar los cuantiosos recursos de los fondos privados de pensiones para configurar un sistema de prima media solidario para las remuneraciones inferiores a 1,7 salarios mínimos. A esto no sobraría agregarle una política macroeconómica que limite la tasa de interés de la financiación de la vivienda de interés social y le conceda prioridad al empleo.

En Cifras

90% fue la asistencia en primaria, de acuerdo con el censo; en secundaria pasó de 68 a 78% y la universitaria se mantuvo en 26%.

50% y más es el nivel de pobreza, en términos reales, mientras los recursos para salud y educación se triplicaron. La distribución del ingreso es una de las más inequitativas del mundo.

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