Por: Eduardo Sarmiento

Palos de ciego

A la contracción del sector externo, ocasionada por la revaluación, se le adicionó la del mercado interno y, en conjunto, provocaron la destorcida que vive la economía.

Al principio del año el Gobierno presentó en el foro de Davos, Suiza, el desempeño de la economía como un milagro que debía replicarse en otros países. Los centros de estudios, afines al poder, proyectaban tasas de crecimiento superiores a 5% y atribuían el éxito a la confianza inversionista y a la austeridad del Banco de la República.

La verdad es que la ortodoxia confió en que las privatizaciones y los estímulos a la inversión extrajera ampliarían la capitalización e impulsarían el crecimiento económico, y que el Emisor garantizaría la estabilidad cambiaria y de precios. Sin mayor beneficio de inventario, las tasas de crecimiento de 7,5%, registradas en 2006 y 2007, precipitaron a proclamar la entrada al sendero de desarrollo tipo asiático.

La realidad era muy distinta. Como se advirtió repetidamente en esta columna, se trataba del modelo de crecimiento con revaluación, que no es sostenible. La entrada de capitales, dentro del régimen cambiario flotante, ocasionó una revaluación creciente que resquebrajó los sectores transables y redujo el empleo. Luego, el aumento de los precios de los bienes no transables causado por la misma apreciación y el alza de los precios externos de alimentos y combustibles llevaron al Banco de la República, dentro de la inflación objetivo, a elevar la tasa de interés y contraer el crédito. Así, a la contracción del sector externo, ocasionada por la revaluación, se le adiciono la contracción del mercado interno y, en conjunto, provocaron la destorcida de la economía que se observa desde hace un año y el desplome del primer semestre.

La primera impresión sobre los pronunciamientos es la proliferación de diagnósticos. El Banco de la República, aguzado por el FMI y las firmas calificadoras de riesgo, se fundamenta en el diagnostico de los últimos veinte años de que la inflación es monetaria y que la solución reside en el alza de las tasas de interés. La Comisión de Gasto Público, conformada por los economistas más representativos de la ortodoxia, tiene la misma visión y recomienda recortar el gasto público y privatizar lo que queda. Por su parte, el presidente Uribe reveló el mismo diagnóstico que formulamos en esta columna hace un año y medio y lo expresa en términos similares: la inflación en Colombia no es monetaria sino externa y, en consecuencia, el alza de la tasa de interés no la soluciona y debilita la actividad productiva.

La contradicción no podía ser mayor. El Presidente tiene la intuición correcta, pero carece de la teoría para justificarla y si la tuviera tampoco la pondría en práctica. De hecho, implicaría apartarse de las soluciones de mercado, como serían la modificación del régimen cambiario, la aplicación de severos controles de capitales, la regulación directa de precios y la adopción de subsidios para los combustibles y alimentos: en términos simples, cambiar el modelo de inversión extranjera y de banco central autónomo.

Al parecer, el Gobierno se inclinará por el recorte del gasto público. No es nada nuevo. La Comisión del Gasto Público, a comienzos del año pasado, recomendó reducir el gasto público en 1,5 billones de pesos en 2007 y 2008, y ambas propuestas fueron acogidas en la ejecución del primer año y en las apropiaciones del segundo.

Ahora, luego de que la recomendación no contribuyera a elevar la tasa de cambio ni a reducir la inflación, y más bien, propiciara la caída de la actividad productiva, recomienda otro recorte de $1,5 billones, vender 10% de Ecopetrol y congelar los ingresos de la venta. A la contracción de demanda ocasionada por el alza de la tasa de interés y por la revaluación se agregaría un aumento del gasto inferior al del producto nacional. En un total contrasentido, se anuncia un choque contraccionista para enfrentar una inflación que no es monetaria, en pleno desplome del producto nacional.

Todo esto pone de presente la fragilidad de la organización administrativa del Estado. Estamos ante personalidades e instituciones que operan con diversos diagnósticos y se reúnen para dar palos de ciego.

En la Constitución se dictamina que el Banco de la República debe coordinarse con el resto de la política y en los últimos 40 años se crearon instituciones para llevarla a cabo. Sin embargo, el ejercicio no tiene ninguna viabilidad sin un consenso mínimo alrededor de un diagnóstico técnico. Mientras no se acepte que la inflación no es monetaria y que los estímulos a la inversión extranjera y las privatizaciones tienen una clara responsabilidad en la revaluación, no será fácil encontrar el camino para armonizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico y, mucho menos, para acoger el cambio de modelo propuesto en columnas anteriores y en mi último libro.

El dilema nacional es el mismo internacional. El FMI, las firmas calificadoras de riesgo y los influyentes académicos estadounidenses cuestionan los resultados de la economía mundial, pero no reconocen el fracaso de la teoría convencional, y lo más grave, proponen resolver las dolencias con el mismo modelo que las causa.

En Cifras

5% era el crecimiento que proyectaban los centros de estudios, afines al poder, y atribuían el éxito a la confianza inversionista.

1,5 billones de pesos fue el recorte del gasto que hizo el Gobierno. No es nada nuevo, la Comisión del Gasto Público lo había propuesto a comienzos del año pasado.

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