Por: Eduardo Sarmiento

Políticas alternativas al narcotráfico

La regulación del consumo no debería darse  con la represión sino con la retención.

Hace veinte años participé en un proyecto interdisciplinario sobre “El narcotráfico en Colombia”. En la introducción señalé que el tema no se había analizado adecuadamente por el predominio de los aspectos morales y políticos. En este sentido, la incorporación de los criterios económicos suministra mayor información sobre el funcionamiento de la actividad y los costos y beneficios de la soluciones.

Hoy en día, la reacción a la propuesta del informe de los ex presidentes Gaviria, Cardoso y Zedillo no es muy distinta. El documento propone despenalizar el consumo de algunas sustancias, descalifica por ineficaz la erradicación de cultivos y recomienda mantener la lucha contra las redes de traficantes. Así, en los países productores se toleraría a los cultivadores y se sancionaría a los compradores, y en los países consumidores se toleraría a los compradores y se castigaría a los vendedores.

Muchas de las dificultades de la droga giran alrededor de dos aspectos económicos, que caracterizan el producto y lo diferencian de los bienes y males tratados usualmente en la ciencia económica. Primero, la oferta de la coca es altamente elástica; la reducción de la producción induce a cultivarla en otros lugares. Segundo, la demanda es altamente inelástica, el alza de los precios de la droga no afecta mayormente el consumo. Así las cosas, la represión de la oferta no sube en forma suficiente los precios y cuando lo hace no incide considerablemente sobre la adicción.

Ninguna de estas consideraciones se cumple en forma extrema. Basta una mirada retrospectiva para advertir que la restricción de la oferta sube el precio y esto reduce en algo la demanda. En este sentido, los resultados de la política constituyen un problema empírico que usualmente se resuelve con percepciones. Los partidarios sostienen que los efectos son significativos y los críticos señalan lo contrario. En cualquier caso se trata de una situación asimétrica. Mientras las encuestas de opinión de Estados Unidos señalan que de cada diez personas ocho se inclinan en favor de la represión, en Colombia y en los países productores más de la mitad estarían en favor de eliminarla.

El costo de los países productores, o si se quiere el efecto corruptor, está precisamente en la efectividad de la política para elevar los precios de la droga. Cuanto mayor la diferencia entre el precio al consumidor y el costo de cultivar y procesar la coca, tanto mayor el estímulo para la corrupción, el crimen y la violencia que se desatan para destruir los elementos que impiden la actividad.

En realidad, la inconveniencia de la política no está tanto en los resultados como en la forma de realizarla. Por lo general, las propuestas de la represión y legalización que satisfacen a un grupo incomodan al otro. La inviabilidad de las fórmulas reside precisamente en su incapacidad de conciliar las dos partes, es decir que eliminen el efecto corruptor, disminuyan el consumo y sirvan de base para un manejo consensuado.

A mi juicio los ex presidentes se aproximaron a la solución al despenalizar la producción y el consumo, pero les dio temor hacerlo en forma explícita. La recomendación de legalizar el consumo y moderar la erradicación de la producción contradice el llamado a fortalecer el combate y la represión a los intermediarios. No es fácil imaginar una organización jurídica en donde se judicializa al que compra el producto y no al que lo elabora y, por otro lado, se judicializa al que lo vende y no al que lo consume. En la práctica, implica una facilitación de la actividad que propicia la entrada de nuevos intermediarios, amplía la oferta y baja el precio, lo que seguramente llevaría a rechazarla en los países consumidores.

La cuadratura del círculo se podría subsanar sustituyendo los intermediarios por el Estado. Los gobiernos de los países productores adquirirían el producto de los cultivadores, retendrían una parte y lo entregarían a los países consumidores para que lo distribuyan por medio del sistema hospitalario u otro medio. La regulación del consumo no se efectuaría por la vía de la represión sino de la retención y la concertación internacional para fijar los precios, como se hizo en el pasado dentro del acuerdo mundial del café. El expediente lograría el doble propósito de extirpar el efecto corruptor y encarecer la sustancia para reducir el consumo.

Sin duda, cabe celebrar la actitud flexible de los ex presidentes hacia la penalización y la represión que dominaron la política de la droga de los últimos veinte años. Aunque la propuesta no es clara y carece de instrumentos para aplicarla, contribuye positivamente al debate y le abre espacio a iniciativas que hace un tiempo eran impensables.

 

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