Por: Iván Cepeda Castro

Javier Giraldo S.J.

DOS HECHOS OCURRIDOS EN LOS ÚLtimos días resaltan el significado que tiene la labor realizada durante años por el defensor de derechos humanos y sacerdote jesuita Javier Giraldo.

El primero es la detención del general (r) Rito Alejo del Río. Junto con la ex alcaldesa Gloria Cuartas y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el padre Giraldo documentó muchos de los delitos que se atribuyen a este ex oficial del Ejército Nacional. En su libro Deuda con la humanidad, que compila más de 14.000 crímenes perpetrados por los paramilitares, dedicó un capítulo exclusivamente al ex general Del Río.

Allí están transcritos múltiples testimonios de militares que habrían estado bajo sus órdenes, y que son piezas de lo que cabría calificar como un extenso prontuario. Ese capítulo contiene los episodios de una larga carrera al servicio de los grupos paramilitares: la época en que Del Río defendía a los integrantes del grupo Muerte a Secuestradores, Mas; su viaje a Israel, donde habría coincidido con Carlos Castaño; sus reuniones con miembros de las estructuras paramilitares en Puerto Boyacá; las desapariciones forzadas que comenzaron a presentarse en Carepa, Antioquia, cuando asumió la comandancia de la Brigada 17 del Ejército; los relatos de ex soldados que recibieron órdenes suyas de asesinar civiles para presentarlos como guerrilleros muertos en combate; los homicidios en Apartadó auspiciados por las empresas de seguridad Convivir; la  ‘Operación Génesis’, sus reuniones con Castaño y Mancuso, etc.

 El otro hecho es la presentación del informe elaborado por la Comisión de Memoria Histórica sobre el caso conocido como la masacre de Trujillo: el asesinato de 342 personas entre 1988 y 1994 en esa población del Valle del Cauca. Sin el acompañamiento que el padre Giraldo ha realizado por años a los miembros de esa comunidad y a los familiares de las víctimas, y sin la solicitud formulada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se pronunciara sobre el caso, probablemente esta cadena de masacres, asesinatos y torturas estaría aún en el olvido. Sin esa búsqueda de verdad y justicia, el Estado colombiano no hubiera reconocido, como tuvo que hacerlo en 1994, su responsabilidad en tan graves sucesos.

 En las últimas dos décadas, defensores de derechos humanos como Javier Giraldo, Gustavo Gallón y los miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, han documentado miles de casos. Gracias a esa paciente labor de memoria y acompañamiento cotidiano de las comunidades víctimas se ha logrado, poco a poco, el reconocimiento social de los crímenes de lesa humanidad y los procesos genocidas en Colombia.

Mucho antes de que se hablara sobre la parapolítica, ellos reunieron los elementos probatorios que demuestran el carácter sistemático de la criminalidad de Estado, cuyo componente esencial es la estrategia paramilitar. Gracias a esta labor se han creado las premisas para que la sociedad colombiana pueda conocer aspectos esenciales de la verdad de su historia contemporánea.

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A medida que avanzan las investigaciones contra el rector de la Universidad de Córdoba, Claudio Sánchez, los grupos paramilitares realizan hostigamientos contra los miembros del sindicato de trabajadores de ese centro académico. En días recientes se registró en Bogotá un atentado contra Fabio Rivera, abogado de esa organización. En Montería fue amenazado el hijo de Teodoro Ibáñez, también abogado del sindicato.

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