Por: Juan Carlos Gómez

El derecho fundamental a internet

El valor de la canasta de los servicios de telecomunicaciones para muchas familias colombianas puede ser equivalente a lo que pagan por todos los servicios domiciliarios (energía, agua, aseo). Los consumidores se muestran cada vez más dispuestos a pagar por estar conectados siempre. En el mundo actual el acceso a internet, como modalidad del derecho a la información, es un derecho fundamental. Los desconectados pronto serán una especie de desposeídos para los que no habrá oportunidad sobre la tierra.

Un informe reciente del Ministerio de las TIC sobre conectividad, que recoge cifras a marzo de 2010, revela que en Colombia existen alrededor de 8 millones de usuarios residenciales de internet y 3,3 millones de conexiones.

Este número de conexiones representa cerca del 30% de los hogares, lo cual refleja que aún existe un déficit cuantitativo considerable. Se han logrado avances, pero la brecha sigue siendo inmensa: según el mismo informe, de 1.112 municipios, sólo 29 tienen más de 10 mil accesos fijos a internet y "la cantidad de nuevas suscripciones durante el primer trimestre de 2010 es de 94.140, valor inferior en un 35,93% respecto al alcanzado a marzo de 2009". Preocupante disminución del ritmo de crecimiento. De otra parte, aunque el 61,20% de los suscriptores con acceso dedicado fijo poseen velocidades de bajada a partir de los 1.024 Kbps, en general la velocidad garantizada de internet en Colombia sigue siendo baja.

Para los próximos cuatro años una meta deseable sería aumentar por lo menos en un 50% el porcentaje de conexiones y triplicar la velocidad de bajada. El cumplimiento de estos objetivos requiere la implementación de una política sectorial que incentive la masiva utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Por ejemplo, en el sector de justicia podría partirse de algo tan simple como la conexión en línea de todos los despachos judiciales hasta el adelantamiento de los juicios a través de documentos electrónicos escritos, visuales o sonoros, que podrían circular y utilizarse sin necesidad de desplazamiento físico. Es indispensable multiplicar el valor cualitativo de la conectividad, reducir costos de transacción para los ciudadanos y el Estado y, de paso, proteger el medio ambiente.

 

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