Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Al cadalso

INCREÍBLE PERO CIERTO. CON TAL de asegurar los votos necesarios en el Congreso para sacar adelante las reformas política y a la justicia, el Gobierno no sólo no tiene inconveniente en manipular a sus parlamentarios aliados, sino además en mentirles.

En efecto, el Gobierno ha manipulado unos conceptos de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, según los cuales esta Corporación habría concluido que no están impedidos para votar esas reformas los parlamentarios investigados por la Corte Suprema de Justicia, o que hayan reemplazado a quienes están presos.

Pues bien, me di a la tarea de revisar los aludidos conceptos y, ¡oh sorpresa!, dicen todo lo contrario de lo que el Gobierno anda pregonando para embaucar a sus congresistas.

Desde el pasado mes de mayo, el Gobierno solicitó y obtuvo un primer concepto, en el que a la pregunta de si un congresista vinculado a la parapolítica debía declararse impedido para votar estas reformas, de manera clara e inequívoca el Consejo de Estado recomendó a ese parlamentario que “proceda a declarar su impedimento”. Pero no sólo dijo eso, sino que además, a la pregunta de cuáles podrían ser las consecuencias en caso de que el parlamentario no declare su impedimento, conceptuó que ello “podría dar lugar a que se le iniciara una investigación disciplinaria y se configurara una causal para un eventual proceso de pérdida de investidura”.

No habría podido el Consejo de Estado conceptuar en forma diferente a la que lo hizo, porque resulta contrario a las más elementales reglas de la decencia que un parlamentario que esté investigado por la Corte Suprema de Justicia pueda votar tranquilamente el proyecto de reforma que pretende, por ejemplo, establecer la segunda instancia en los procesos en su contra. Es tan obvio el asunto, que habría sobrado la consulta formulada.

Como ese concepto no le sirvió al Gobierno, pidió otro, esta vez para provocar una respuesta obvia, en el sentido de que al congresista que no se le acepte un impedimento, puede votar tranquilamente el proyecto. Pero, con malicia digna de mejor causa, en esa segunda oportunidad el Gobierno se preocupó de que el Consejo de Estado indirectamente respondiera otras pregunticas capciosas, para asegurar que los futuros impedimentos sean resueltos por los mismos parlamentarios que se tengan que declarar impedidos. Así lo hicieron al aprobar la primera reelección, por cuenta de la cual están presos Yidis, Teodolindo y sumariados varios ministros y funcionarios.

Ciertamente, con base en este segundo concepto, el Gobierno se entregó a la innoble tarea de sostener que como la reforma a la justicia propuesta operaría a partir de 2010, los congresistas investigados o que sustituyeron a los que están en prisión, no tienen por qué declararse impedidos, pero que si llegan a hacerlo, no tendrán problema porque ellos mismos podrán no aceptar esos impedimentos.

La tesis es joseobduliesca, o a lo mejor está acuñada por el uniformado que en Palacio anda esculcándole la vida a todo el mundo, más conocido como el “Rey del Glamour”. El más ignorante de los abogados sabe que el impedimento surge por razón de la materia que inhabilita, no por el tiempo en el que haya de aplicarse la ley por la que termine votando el impedido.

No es la primera vez que el Gobierno maltrata de manera tan desleal a sus aliados. En los albores de la parapolítica, el propio Uribe sostuvo que mientras esos congresistas estén libres deberían votar todos sus proyectos. Ahora los expone a sanciones disciplinarias y a perder sus investiduras, lo cual poco debe preocupar a quien como él cree que este Congreso “estaba madurito para revocarlo”.

Es tan grande la ambición y la desfachatez, que al Gobierno parece no importarle que votados sus proyectos, a continuación caigan las investiduras de los sumisos parlamentarios que, como los marranos, los están llevando al matadero, sin que se den por enterados. Si eso hacen con los amigos.

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Adenda.- Uribe cree que este es un país de bobos, tratando de convencernos de que renunciará al referendo que lo perpetuará en el poder. No hay peligro de que el César abdique.

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