Por: Ramiro Bejarano Guzmán

País enfermo

Las guerras nunca dejan nada bueno, ni siquiera para quien las gana. Aunque se alcance la victoria, un pueblo que padece un conflicto jamás sale indemne, pues los corazones se endurecen, los conceptos se extravían, y, lo que es peor, hasta los mejores hombres resultan atrapados por el odio y los excesos de la conflagración.

Colombia no podía ser la excepción. La muerte de Raúl Reyes, el ajusticiamiento de Iván Ríos y el macabro trofeo de su mano derecha amputada, más el cobro cínico e ilegal de recompensas, no dejan duda alguna de que el mal ya hizo metástasis en esta sociedad.

No fui el único que se asombró con la columna del padre Alfonso Llano en El Tiempo, en la que el pastor católico no tuvo inconveniente en manifestar su alegría por la muerte de Raúl Reyes. Su brutal reacción dejó al descubierto su talante vengativo en vez de la prudencia obligatoria en él.

Igualmente, me estremecieron las afirmaciones del fiscal Iguarán, acerca de que como en las Farc “la vida no vale nada” en principio no formularía cargo alguno contra Rojas, el guerrillero que asesinó a su jefe Iván Ríos y a su compañera, mientras ambos dormían. De no investigarse a Rojas no sabremos si mató a Ríos por cuenta propia o por sugerencia del Ejército, como ya lo insinuaron varios medios. Eso sería otro escándalo, igual o peor al de pagar la recompensa, como lo pretenden el Presidente, varios ministros, y hasta destacados abogados gobiernistas.

En efecto, al país del 84% que aplaude al presidente Uribe y a su Gobierno, le importa un pito que para combatir la delincuencia de las Farc, el Estado tenga que patrocinar más delitos  y remunerar a los bandidos. Ya nadie se acuerda del daño a la decencia y tranquilidad nacionales, que generó ese siniestro grupo de “Los Pepes”, del cual se dice prestó ayuda a las autoridades para combatir el tenebroso Pablo Escobar Gaviria. No aprendimos del paramilitarismo y ahora queremos repetir la infamia de convertir al Estado en matón y financiador de criminales.

El reputado ex procurador Jaime Bernal Cuéllar, partidario ferviente de que se pague la recompensa, defendió en la revista Cambio su impostura, afirmando, entre otras perlas, que “en épocas de anormalidad no puede hacerse una aplicación tradicional del Derecho”, y además que “la delación es un concepto que regula conductas que permiten la aprehensión de una persona sin condiciones de ninguna naturaleza”, es decir, no importa que inclusive se asesine. ¡Qué miedo!

Si personas tan importantes y doctas, con la esperanza de vencer la demencial delincuencia de las Farc, fueron capaces de olvidar que el Estado de derecho jamás se suspende, ni siquiera en los conflictos, porque la guerra también se rige por el principio indeleble de hacerla decente, sencillamente estamos perdidos.

Lástima que el rencor haya vencido la reflexión, pues como diría Albert Camus, el inmortal escritor francés, al pronunciarse en contra de la pena de muerte que en Colombia unos insensatos gobiernistas pretenden restablecer por la vía del ofrecimiento de recompensas “no habrá paz durable ni en el corazón de los individuos, ni en las costumbres de las sociedades, hasta que la muerte no sea excluida de la ley”.

Muy grave todo lo que nos está tocando vivir, pero todavía más que de este lado del establecimiento haya quienes quieran emular en barbaridad y en capacidad de delinquir con los crímenes de las Farc.

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Adenda.- Si según las encuestas Íngrid Betancourt registra 71% de popularidad, el segundo índice más alto después del presidente Uribe, ello no puede pasar desapercibido. Se trata de una potencial competidora del precandidato Uribe, cuyo Gobierno no puede dejarla morir en la selva.

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